Las trabas de la Cárcel Distrital II: RenoBo ya está preparando la licitación para los estudios y diseños

Tras más de cinco años, por fin se destrabó la construcción de la Cárcel Distrital II. Una seguidilla de obstrucciones durante el gobierno de Iván Duque y otras en el de Gustavo Petro casi dejan el proyecto de la capital sin futuro. RenoBo está a cargo de los estudios y diseños.

La construcción de la Cárcel Distrital II es un pendiente de la Nación y el Distrito con Bogotá. Tras más de cinco años desde que nació la idea y luego de varias disputas entre el Ministerio de Justicia y las administraciones distritales, el proyecto por fin empieza a ver la luz, pero de manera muy lenta.

El pasado 4 de abril se cumplió un año desde que, por fin, el Minjusticia, en ese entonces encabezado por Néstor Osuna, firmó el decreto con el que le entregaba los predios ubicados dentro de la cárcel La Picota a la administración Galán para construir la segunda sede del centro penitenciario de la capital, que dicho sea de paso, es la única en el país sin hacinamiento y con una certificación internacional que garantiza que el sistema penitenciario de Bogotá está a la altura de los mejores del mundo.

Este proyecto está pactado bajo el Convenio 1127, firmado en 2021, entre el Ministerio de Justicia, la Alcaldía de Bogotá, el Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

No obstante, el camino de este proyecto no ha sido fácil. Desde que la Nación entregó los predios pasaron nueve meses hasta que, el 30 de diciembre del año pasado, el Distrito firmó un contrato interadministrativo con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (RenoBo) para que ellos fueran los encargados de estructurar los estudios y diseños, la interventoría y los permisos y licencias para que el proyecto empezara a andar.

En la actualidad, RenoBo se encuentra preparando los pliegos para la contratación de los estudios y diseños del proyecto.

“El uso de la metodología BIM representará una innovación significativa en este tipo de infraestructuras complejas. En la fase de diseños facilitará la coordinación integral entre disciplinas, optimizando esta fase, y elevará los estándares técnicos del diseño penitenciario. Durante la construcción permitirá mejorar el seguimiento de la obra y la eficiencia en el uso de recursos públicos. Y finalmente, en la fase de operación optimizará la planificación de la infraestructura, al permitir la simulación operativa del centro, la trazabilidad de la información, y la detección temprana de interferencias”, señalaron desde RenoBo.

Para la ejecución de esa primera fase del proyecto, la Secretaría Distrital de Seguridad destinó un monto de 5.200 millones de pesos que quedaron fijados en el Proyecto 8233 que tiene como propósito la ampliación de equipamientos de justicia con enfoque territorial para la garantía y protección de derechos en Bogotá.

Un proyecto entre rejas

Desde 2021, cuando la exalcaldesa Claudia López y el exsecretario de Seguridad, Hugo Acero, firmaron el convenio con el Ministerio de Justicia, el Inpec y el Uspec el panorama del proyecto no se veía muy claro.

Durante todo el gobierno del expresidente Iván Duque se atrasó la entrega de los terrenos al Distrito y fue solo hasta 2023, con Aníbal Fernández de Soto, en cabeza de la Secretaría de Seguridad, cuando el proceso empezó a destrabarse y tanto la Nación como el Inpec dieron vía libre para la adjudicación del predio.

No obstante, desde la cartera de Seguridad de la ciudad, repitieron en repetidas ocasiones que desde 2020 hasta 2024 “no se contó con voluntad política para desenredar el proceso”.

No obstante, con la llegada del presidente Gustavo Petro al poder y el cambio de políticas sobre los centros de reclusión, el proyecto de la Cárcel Distrital tuvo su mayor traspiés cuando el mandatario pidió frenar la entrega del lote y revisar cómo estaba estructurado el convenio porque, según él, el distrito le había solicitado al gobierno cofinanciar la obra.

Esta situación fue rechazada por la exalcaldesa López, quien dijo que al Gobierno no se le había pedido dinero sino el terreno y que eso era lo que se estaba reclamando.

Desde el MinJusticia aseguraron que no se trataba de ponerle “un palo en la rueda” al proyecto por parte del Gobierno Petro, sino de unas “claridades” que la cartera necesitaba para poder continuar con el proceso. Entre ese pliego de aclaraciones que mandaron en ese momento desde el ministerio también estaba que el distrito debía probar que contaba con los recursos para efectivamente levantar la cárcel.

Pero esta no fue la única vez que el Gobierno Petro intentó interponerse en los intentos de Bogotá por superar la crisis de hacinamiento en la ciudad. Al Centro Integral de Justicia Campo Verde, en Bosa, destinado para el proyecto de justicia restaurativa juvenil, sí le cerró la puerta definitivamente.

Esa construcción, que le costó a la ciudad más de 74.000 millones de pesos y que tenía capacidad para atender a 200 jóvenes que tuvieran asuntos pendientes con la ley, fue desechada por el Gobierno Nacional por no estar dentro de las políticas de justicia para menores que traía el nuevo gobierno.

Ese complejo judicial, que alberga la URI más grande del país, manzana de cuidado, un CAI y el espacio para la reclusión de jóvenes, no fue recibido por el ICBF y fue el motivo de varios “amables desencuentros” entre el Gustavo Petro y Claudia López.

Por ahora, la pelota está en la cancha de RenoBo que está en la gestión de los estudios y diseños. Según las cuentas de la Secretaría de Seguridad, el proyecto debería estar finalizado en su totalidad en 2027 y tendría un costo redondo de más de 290.000 millones de pesos.