Cartas

Presunción de inocencia
Creo que en el caso Santrich (SEMANA n.° 1877) sus periodistas picaron el anzuelo de la heurística y construyeron, a partir de una historia coherente pero sin bases reales, una teoría sobre su culpabilidad, con conclusiones por decir lo menos precipitadas sobre el proceso de paz y un supuesto plan B de las Farc. En efecto, desde la portada hasta los artículos internos dan por cierta la culpabilidad del exguerrillero, olvidando el principio básico de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario.
Cuando todos esperábamos de SEMANA un análisis serio de las pruebas, tal como lo hizo en el proceso 8.000, nos encontramos con una cantidad de conclusiones sin fundamento. Como dice en un aparte uno de los análisis, “la opinión pública… necesita pruebas”. Porque, si las hay, aún no se han presentado. La prueba reina es un dibujito, sin análisis grafológico, dirigido a un señor Rafa Caro, “con aprecio”. Unas conversaciones con el asistente de Santrich, o alguien que le avisó que la Policía iba tras él. 
Todos esperamos que, si hay cientos de videos y conversaciones, estas aparezcan a la luz, y puedan ser analizadas para sacar conclusiones valederas. Resultaría insólito que un ciego que va a exportar 10 toneladas de cocaína y llamándose Santrich, se coloque el alias de Trichi.
Jorge Cuesta G.

Medellín
Presunción de responsabilidad
Leo con indignación el sentido  de inocencia que le da la revista al narcotraficante Santrich (SEMANA n.° 1877). Según ustedes, fue asaltado en su buena fue, la DEA le puso una trampa, con esto se demuestra que el negocio del narcotráfico lo ejercía desde la comandancia de la Farc. Con esto se demuestra la plata que tienen los miembros de esta guerrilla y sí, que lástima, para su pesar desaprovechó esa oportunidad de ese fallido proceso de paz de su gobierno.
Juan Diego Córdoba Castro
Cali

Por el debido proceso
El caso de Jesús Santrich ha suscitado toda suerte de comentarios y preocupaciones. Desde los que ven en él un incumplimiento del acuerdo de paz pactado entre el gobierno y las Farc, y con esto el fracaso de la implementación del posconflicto, hasta los que consideran que es un complot del gobierno norteamericano para torpedear el proceso de paz o una extralimitación de funciones de la Fiscalía al no enviar el caso a la JEP antes de solicitar su captura y eventual extradición, entre muchos otros.
El periodista Antonio Caballero, en su escrito ‘Lo de Santrich y la DEA’ (SEMANA n.° 1876), propone su propia versión según la cual él no le cree nada a la DEA ni a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, que llevó al gobierno a afirmar ante los medios que las pruebas de la DEA, por ser “pruebas contundentes y concluyentes”,  eran  más que suficientes para la detención de Santrich y su eventual extradición a Estados Unidos.
Señala Caballero que las Farc y su dirigencia han renunciado a la guerra; la DEA vive “en la guerra”, en la guerra contra las drogas, recibiendo cuantiosa financiación (2.000 millones de dólares al año) por delitos que ella misma ha montado, como en el caso de Santrich, en el que utilizó a uno de sus agentes haciéndose pasar por narcotraficante mexicano.
Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta si Santrich estaba o no en el negocio del narcotráfico y, en caso de ser cierto, si ese delito fue cometido antes o después de la firma de los acuerdos, pues aún no se ha proferido ninguna sentencia judicial, salvo el indictment que entregó la Fiscalía de Nueva York. Si esto es así, lo más prudente es esperar el fallo de la justicia colombiana con base en esas pruebas y otras que se puedan allegar (incluyendo las de su defensa) antes de proferir cualquier comentario ligero, pues lo que está en juego es el proceso mismo  de paz; sobre todo en esta época de ambiente crispado y de polarización electoral entre los que queremos que continúe dicho proceso, a pesar de sus dificultades, incumplimientos y corrupción, y los que hablan de “reformarlo estructuralmente”, eufemismo para significar “volverlo trizas”.
Lo único que esperamos los colombianos es que en este caso la justicia colombiana actúe con celeridad, respetando las garantías del debido proceso; y si Santrich y los demás acusados son declarados culpables, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. De serlo, sería el primer caso de un comandante de las Farc (quien además tiene asegurada una silla en el Congreso como senador) que es condenado por incumplimiento del acuerdo, lo que constituiría una prueba fehaciente de que acuerdo no es un pacto de impunidad, como dicen muchos de sus detractores.  
Juan Manuel Jaramillo U.
Manizales

La pregunta por la JEP
La pregunta que nos hacemos los colombianos ahora es si la JEP podrá poner en marcha lo aprobado en el Teatro Colón: velar por el estricto cumplimiento de los principios fundamentales del proceso de paz, como lo son la reparación a las víctimas y la no repetición. El caso Santrich- Marín (SEMANA n.° 1876) pondrá a prueba su eficacia y celeridad, ante el incumplimiento flagrante de las Farc en los recientes escándalos de los dineros del posconflicto y las pruebas de la DEA por narcotráfico en contra de ‘La Familia’.
Julián Zúñiga González
Cali

¿Anestesiados?
En su edición n.° 1876, ‘A sangre fría’, se hacen unas reveladoras aclaraciones sobre el horrible asesinato de los tres periodistas ecuatorianos, crimen que debe ser repudiado por su condición de seres humanos.
La reacción no se hizo esperar en Ecuador, no acostumbrado a este tipo de violencia, en la que hasta el presidente derramó lágrimas y se sumaron países indignados ante estas muertes a sangre fría. Debemos preguntarnos qué nos pasa en Colombia donde han muerto 400.000 colombianos y millones han sido desplazados de sus hogares y parcelas por la violencia en los últimos 70 años. ¿Qué nos pasa?... ¿pero qué nos pasa?, nos hemos anestesiado hasta el límite de ver la violencia como algo inherente a nuestro modo de vivir. Más de 5.000 jóvenes fueron asesinados, asesinatos que se disfrazan con el término de ‘falsos positivos’; líderes sociales son asesinados y los periodistas son asesinados y amenazados, es tal la desconfianza en la justicia que los ciudadanos prefieren tomarse la justicia con su propia mano.
La democracia está amenazada en un futuro cuando las encuestas de opinión entre jóvenes de 13 a 16 años dicen que el 73 por ciento aceptaría una dictadura que les garantice seguridad y desarrollo económico. Estos jóvenes como nosotros, sus padres, hemos vivido bajo los diferentes modos de violencia, la de los partidos políticos, la guerrillera, la paramilitar y mafiosa, incrustada en nuestras instituciones, además de corrupción en los estamentos del Estado sin que se vean castigos efectivos.
No conocemos lo que es vivir en paz, no aceptamos al que piensa diferente y a las minorías, adoramos los caudillismos, y al no conocer nuestra historia, desconocemos nuestra identidad nacional.
El Estado, sus instituciones y la sociedad, empezando por los hogares, somos todos culpables de nuestra realidad; si no educamos con enseñanzas que motiven a las nuevas generaciones a respetar y controvertir sin violencia, con fundamentos éticos, y construimos una paz aunque imperfecta, estaremos condenados a repetir nuestra historia de violencia.
Alessio Mazzanti T.
Barranquilla