Comenzó el reforzamiento del pie de fuerza en cercanías al Palacio de Justicia para evitar desmanes el próximo jueves

En la tarde de este martes comenzó la instalación de vallas en inmediaciones al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá Esto en cumplimiento del fallo del Consejo de Estado que ordenó aumentar el pie de fuerza y la presencia de policías en el lugar para evitar desmanes frente a las manifestaciones convocadas para el próximo jueves 22 de febrero.

SEMANA pudo comprobar que la carrera séptima, entre las calles 13 y 14 ya cuenta con las vallas de la policía, así como en la carrera décima y calle sexta. En las próximas horas se cercarán los accesos a la Plaza de Bolívar, punto clave de las manifestaciones.

En puntos estratégicos fueron ubicados varios policías que le exigen a los transeúntes sus documentos y preguntan por el lugar de destino. Las personas deben tener una justificación para ir al Palacio de Justicia o los lugares aledaños, de lo contrario tendrán que acceder por rutas aledañas.

El alto tribunal le ordenó a la Alcaldía de Bogotá acciones dirigidas a proteger los derechos fundamentales de las personas que estudian, trabajan o visitan esa parte de la ciudad. Esto teniendo en cuenta los desmanes que se presentaron el pasado jueves 8 de febrero cuando un grupo de manifestantes bloqueó la entrada y salida de los parqueaderos del Palacio de Justicia, impidiendo la entrada o salida de magistrados, funcionarios o empleados.

Teniendo en cuenta la situación narrada y los hechos que podrían presentarse, el Consejo de Estado, como medida provisional, le ordenó al alcalde mayor, Carlos Fernando Galán o quien esté a cargo, que “tome las medidas necesarias para reforzar la seguridad del Palacio de Justicia y sus alrededores”.

Estas incluirán el “reforzamiento de pie de fuerza y el establecimiento de controles del tráfico de aproximación al Palacio de Justicia, y la consulta y actuación de conformidad con los informes de inteligencia que hayan sido recabados sobre este tipo de conductas que fueron denunciadas en la marcha anterior”.

Esto, con el fin de “identificar y ejercer vigilancia sobre personas interesadas en infiltrar las marchas con el propósito de desestabilizarlas y generar estados de alteración o afectación del orden público”.