Gobernación de Santander defiende legalidad de las tasas para financiar la seguridad

Todo un debate se abrió en torno a la legalidad y fundamento de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, después de los recientes pronunciamientos de la justicia colombiana en torno al tema.

En Santander, precisamente, a mediados de junio, el Tribunal Administrativo de Santander suspendió de manera provisional este cobro que había sido aprobado por la Asamblea el 25 de abril de 2025.

A través de una demanda de nulidad con medida cautelar de urgencia, se le había solicitado al alto tribunal que suspendiera el cobro que desde septiembre se iba a comenzar a hacer efectivo en Santander.

Desde la Gobernación de Santander, en cabeza de Juvenal Díaz, se pronunciaron sobre el debate de la legalidad de las tasas, que viene colocando en entredicho la validez de algunas ordenanzas de años anteriores.

“La Tasa Especial para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, adoptada mediante la Ordenanza n.° 015 del 29 de abril de 2025, cuenta con sustento constitucional y legal plenamente vigente”, señaló la entidad.

Explicó que “la tasa creada en Santander se estructura con base en una ley nacional expresa, vigente y posterior, que define claramente los elementos esenciales del tributo, en estricto cumplimiento del principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 338 de la Constitución”.

“La tasa adoptada por el Departamento de Santander sí cumple con los requisitos de legalidad, certeza, destinación específica y configuración normativa adecuada, lo que la diferencia sustancialmente de figuras similares que han sido objeto de nulidad”, destacó la Gobernación.