Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue radicada una acción popular contra el Gobierno nacional, dirigida al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Hacienda, con la que se cuestiona la política de fijación del precio de la gasolina en el país. El recurso fue presentado por David Cote, quien sostiene que, pese a haberse alcanzado la paridad con los precios internacionales en octubre de 2023, el Ejecutivo continuó incrementando el valor del combustible.
Según la demanda, los consumidores en Bogotá estarían pagando actualmente un “sobreprecio injustificado” aproximado de $ 3.249 por galón frente al valor de referencia del Golfo de México. En el escrito se afirma que el Gobierno mantuvo el aumento de manera artificial, lo que habría generado un impacto económico directo sobre la clase media y trabajadora.
“Le metieron la mano al bolsillo al que camella para tapar sus huecos fiscales”, afirmó Cote, quien argumenta que el Gobierno rompió su propia regla. De acuerdo con el demandante, el precio debía fluctuar conforme a la referencia internacional, pero en su lugar se habría implementado un mecanismo de “subsidio cruzado”, mediante el cual se cobra de más a los usuarios de gasolina corriente para cubrir el déficit existente con el ACPM.
“No es un error de cálculo, es una injusticia deliberada. Nos dijeron que subían la gasolina para igualarnos con el precio internacional, pero siguieron de largo. Hoy, ese sobrecosto le ha valido a los consumidores más de $ 3.8 billones de pesos. Están asfixiando al mensajero, al taxista y a la familia para cuadrar una caja que ellos mismos desordenaron”, señaló.
La acción popular también advierte sobre una presunta falla en la planeación administrativa, al indicar que los incrementos se aplicaron sin contar previamente con estudios técnicos de impacto. “Primero disparan el precio y luego miran a quién hirieron. Eso es improvisación, y la está pagando la gente”, sostuvo Cote.
El recurso busca la protección del derecho colectivo al Orden Económico Nacional y solicita al Tribunal ordenar la revocatoria de las medidas que mantienen el precio artificialmente alto, ajustándolo a la realidad del mercado internacional y deteniendo el perjuicio inmediato al consumidor.
