NACIÓN
Procuraduría investiga presuntas irregularidades en la ejecución de las obras de la concesión IP Antioquia-Bolívar
Según el Ministerio Público, presentarían un retraso injustificado, debido a que “posiblemente se utilizaron materiales de mala calidad”.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra los representantes legales de la Concesión Ruta al Mar S.A.S.-Corumar S.A.S., Gustavo Adolfo Gómez González, y de la interventoría Consorcio CR Concesiones, Jaime Rojas López, por presuntas anomalías en la ejecución de las obras
Según el ente de control, las obras establecidas en el contrato de concesión IP Antioquia-Bolívar presentarían un retraso injustificado, debido a que “posiblemente se utilizaron materiales de mala calidad que generaron, en algunos tramos, fisuras longitudinales que han ocasionado daños mayores en los dos carriles de la calzada afectando el tránsito y la seguridad vial”.
El ente de control también cuestionó la conducta de Rojas López, quien, como representante legal de la firma interventora, no habría ejercido seguimiento, vigilancia y control a las obras, “permitiendo el uso de insumos deficientes que habrían causado los problemas señalados”.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) información sobre el avance de ejecución físico y presupuestal, evidencias sobre las medidas adoptadas, multas o trámites de incumplimiento adelantados contra la empresa contratista concesionada, ante posibles incumplimientos de la obra.
Mesa técnica
Por otra parte, la semana pasada la Procuraduría lideró una mesa técnica con las entidades del Gobierno nacional y la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), con el fin de buscar soluciones frente a una posible parálisis de 57 proyectos viales del orden nacional, derivada de la falta de pago de cuentas por dificultades en la aprobación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda.
La cartera presentó un plan de pagos escalonado por un valor de 1,6 billones de pesos para el primer semestre de la vigencia 2025 que permitirían la continuidad de la ejecución de estas obras fundamentales para el desarrollo y la conexión del país.
Algunos de los tramos viales que seguirán en su ejecución son: Ruta de los Comuneros (Zipaquirá–Barbosa-Bucaramanga y San Alberto); Ruta Libertadora (Arauca-Casanare-Boyacá y Cundinamarca); Doble calzada Montenegro-Cartago; La Transversal del Catatumbo (Tibú-El Tarra-Convención-Ocaña); variante San Francisco-Mocoa (Nariño-Putumayo), y las vías Popayán-Isnos y San José del Guaviare-Calamar, entre otros proyectos.
“En la mesa de trabajo liderada por la Procuraduría se identificaron soluciones concretas para evitar la paralización de las obras públicas, mitigar riesgos financieros y evitar impactos negativos en el desarrollo territorial”, señaló el Ministerio Público.
“Este espacio de trabajo se desarrolló con actores clave como los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Transporte, y el Instituto Nacional de Vías (Invías), en un ambiente de diálogo técnico y análisis que permitió compromisos de acción y planes de choque para resolver la situación financiera y operativa del sector”, subrayó.
