En defensa de la minería bien hecha

Colombia, el quinto de los 17 países más megabiodiversos del mundo, acoge dentro de su marco constitucional los principios internacionales sobre desarrollo sostenible, fórmula que pretende conciliar la preservación del ambiente con la exponencial contaminación que deja tras su paso el progreso económico.

Frente a este panorama, el proceso productivo que por excelencia muestra el dilema entre la salvaguarda del ecosistema y el desarrollo económico es, sin duda, la minería. Ángel y demonio, este importante sector contribuye al 2,1 por ciento del PIB nacional, financiando innumerables obras para el bienestar de los colombianos.

No obstante, se debe reconocer que la minería no es precisamente la actividad económica más amigable con el medioambiente, aún cuando no por ello es permisible desde un punto de vista estrictamente normativo el considerar que se trata de una actividad contaminante. ¿Acaso el crítico estado de contaminación del río Atrato no es muestra de cómo la minería puede contaminar nuestras fuentes hídricas? Válida pregunta de un lector desprevenido. A continuación la defensa de tan estruendosa tesis: la minería bien hecha, la que paga impuestos, no utiliza mercurio en sus procesos, cuenta con título minero y licencia ambiental, claramente genera un impacto negativo, pero ello no es sinónimo de contaminación, al menos desde la más estricta connotación semántica del término.

La contaminación provocada por el ser humano comienza con el simple hecho de que respiremos y emitamos dióxido de carbono con cada exhalación. El principio de racionalidad en el contexto del derecho ambiental nos permite concluir que la naturaleza está diseñada para reciclar las emisiones y desechos que produce el hombre y reincorporarlos a su ciclo, siempre y cuando estas descargas se encuentran en concentraciones razonables que con el tiempo puedan ser neutralizadas.

De esta manera la minería, aquella que defendemos las autoridades mineras y ambientales del país, esto es, la minería bien hecha, no es contaminante. El lamentable caso del río Atrato, el más caudaloso del país y por cuyas venas fluye la vida que impulsa el hogar de múltiples comunidades en la que ocho de cada diez habitantes tienen sus necesidades básicas insatisfechas, es un grito que clama desde hace años por la atención del Estado. Es la vida del Atrato, sujeto de derechos y cuyo corazón esta envenenado con mercurio y cianuro. Es la vida de sus casi 500.000 habitantes, quienes viven en un territorio que ostenta el triste título de ser la región con el indicador más bajo en calidad de vida del país.

En lo que concierne a la autoridad minera, el reto es el de contrarrestar la extracción ilícita de minerales, la que realmente contamina –en estricto sentido– no solo el ambiente sino la dignidad de la minería bien hecha, la que promovemos, la que tiene el potencial de impulsar el progreso social, económico y ambiental de nuestro país.

*Secretaria de Minas de Antioquia.