Que se acaben los ‘dinosaurios’ en el sector minero energético

Las prioridades del ser humano han cambiado, así lo indica el Reporte de Riesgos Globales 2020 del Foro Económico Mundial. El documento recuerda que hace una década los factores económicos, tecnológicos y sociales eran los que mayores sobresaltos causaban, mientras que hoy las naciones parecen estar más preocupadas por diversos asuntos ambientales, entre ellos el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

El sector energético, que depende en gran medida de los combustibles fósiles, es responsable aproximadamente del 40 por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Por su parte, la industria minera y metalúrgica aporta más del 20 por ciento de las emisiones globales de gases con efecto invernadero (GEI), causantes del calentamiento global. Los empresarios del ramo han tenido que adaptarse a este escenario e intentan responder el gran interrogante de si es posible una industria extractiva que cuide los ecosistemas y a las comunidades, y que además sea rentable.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) aclara que la extracción de recursos naturales no renovables es por definición no sostenible en el tiempo, pues la sostenibilidad ambiental, social y económica de algo que se agota permanentemente es un contrasentido. Sin embargo, resalta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) plantean una agenda global que implica la participación de todos los actores, y en este caso, las industrias extractivas tienen la oportunidad de demostrar cómo sus negocios contribuyen al desarrollo sostenible.

Marcela Bayona, abogada experta en temas mineros y ambientales, y socia de la firma M&M Estudio Jurídico, recuerda que desde el emplazamiento de un proyecto se deben considerar, además de su ubicación, las reservas y la calidad del mineral, el entorno, la cercanía con las áreas protegidas, los ecosistemas estratégicos, las comunidades, los recursos hídricos y las inversiones en compensación y mitigación ambiental. “De eso dependerá que un proyecto sea eficiente, sustentable y rentable. Hoy lo vemos, muchas empresas aplican esos criterios y cumplen con ese objetivo”, afirma Bayona.

Por su parte, José Castillo, doctor en gestión ambiental y profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, explica que “si una compañía del sector está extrayendo un recurso natural no renovable con el fin de suplir una necesidad social, tendrá que analizar muy bien, desde su planeación, cómo realizará su trabajo, en dónde lo llevará a cabo, a quiénes afectará y qué pasará cuando cese su operación”.

Durante estos años, como asegura Castillo, ha aumentado la presencia de las autoridades ambientales en el sector minero energético y se cuenta con nuevas normas, regulaciones y políticas más estrictas. Además, la sociedad civil cada día se preocupa más por los impactos sociales y ambientales que pueda causar esta industria.

“Los mercados están tomando posiciones. Hoy ningún inversionista le dará un solo dólar a una empresa que pueda generar problemas ambientales y sociales. En el sector no solo puede prevalecer el interés por la retribución económica. Si las compañías, desde su trabajo estratégico, no contemplan los efectos que puede causar su actividad en el entorno y en las comunidades, se convertirán en dinosaurios condenados a extinguirse”, concluye Castillo.

El ‘pequeño‘ ejemplo

En nuestro país hay claras muestras de operaciones extractivas que tienen en cuenta esos criterios de sostenibilidad, uno de ellos es la Alianza para la Minería Responsable. Esta iniciativa impulsa el desarrollo sustentable de las labores extractivas artesanales y de pequeña escala. Los mineros que participan de esta agremiación tienen varios beneficios: cuentan con el apoyo de expertos, de instituciones y otras comunidades, y forman parte de una cadena de suministro que reconoce su labor.

El profesor también destaca la adhesión de Colombia a la Convención de Minamata sobre mercurio, que prohíbe su uso en la minería de oro; y el diálogo de las empresas del sector con los pueblos indígenas y las comunidades. “Se ha construido una plataforma que permite que todos ellos se expresen y exijan. Tienen mayor influencia en el desarrollo, el funcionamiento y la autorización de los proyectos minero energéticos”, apunta.

Otro caso es Ecopetrol, una de las compañías del sector petrolero que está trabajando para reducir el 20 por ciento de las emisiones de CO2 para 2030, eliminar el total de las quemas rutinarias de gas en sus campos de producción e incorporar fuentes energéticas renovables. En 2019 creó el primer parque solar en Castilla La Nueva, en el Meta y el segundo comenzará a funcionar este año, en el mismo municipio.

*Periodista de Economía y Negocios

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