ACUERDO DE PAZ
Líderes sociales en jaque
La directora de Dejusticia advierte sobre el peligro en el que se ha convertido asumir el rol de líder social en Colombia, a pesar de su crucial importancia para la construcción de la paz, en el contexto de un conflicto que parece aún lejos de quedar en el pasado.
A la premiada activista afrocolombiana Francia Márquez la he oído explicar que a los líderes sociales no solo los están matando unos grupos de minería ilegal o narcotráfico. La responsabilidad de esas muertes se deriva, según ella, de la ausencia de un Estado sólido y garantista en la periferia. A las causas históricas de muerte y amenaza, paradójicamente debemos sumarles un acuerdo de paz que el Estado difícilmente implementa y que es considerado ilegítimo por fuerzas armadas ilegales en los territorios.
Los líderes sociales se apropiaron del acuerdo de paz para exigir su cumplimiento. Fomentan la organización social en medio de los actores armados y abren un espacio para que se implemente lo acordado, a través de figuras como el Plan Nacional Integral de Sustitución (Pnis), los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y los procesos de restitución. En consecuencia, su rol en el proceso de fortalecimiento colectivo de sus municipios, en el periodo del posacuerdo, es de crucial importancia, y quienes los amenazan buscan no solo acallar sus reclamos legítimos sino debilitar su función organizativa local. El Estado, según el informe Violencia Sistemática contra defensores de derechos territoriales de Colombia, del Ministerio Público, no solo se resiste a reconocer la sistematicidad de la violencia contra los líderes, sino que no logra garantizar sus derechos, someter a las organizaciones ilegales, ni llenar el vacío de poder que hay en muchos municipios.
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Tal y como lo han dicho ya Leopoldo Fergusson y otros académicos, este rol de liderazgo de los excluidos los expone ante quienes ven en riesgo el statu quo y quieren contrarrestar el aumento de poder de los recién llegados, convirtiéndolos en un blanco de violencia; situación ante la cual el Estado no es capaz de dar una respuesta efectiva a través de su protección con esquemas de seguridad básicos.
Para evitar seguir contando muertes es necesario proveer seguridad individual, colectiva, preventiva y contextual. Pero esto solo se logrará con voluntad política de implementación del acuerdo de paz y reconocimiento público –tanto del Estado como de la sociedad– de la legitimidad de los líderes en la tarea de construcción de paz.
* Directora de Dejusticia.