¿En qué debe invertir América Latina después de la pandemia?

Tomás Serebrisky* y Leandro Adrián**

Con la pandemia del covid-19 la relevancia de los servicios de infraestructura, en sus distintos frentes, se hizo más evidente. Las bondades del sector de agua, saneamiento y residuos sólidos, por ejemplo, se agradecen hoy más que nunca. Sin las facilidades que este presta habría sido imposible prevenir y disminuir la propagación del virus. ¿Cuál es la primera instrucción para evitar la enfermedad? ¡Lavarse las manos con agua y jabón! Que además es la medida más costo efectiva para tal fin. Pero esta simple acción requiere de un acceso confiable a instalaciones básicas de higiene tanto en el hogar, como en centros de salud o educativos.

A su vez, contar con suministro de calidad de energía eléctrica e internet es fundamental para hacer realidad el teletrabajo y la educación a distancia. Por otra parte, la adaptación del transporte urbano a las nuevas normas de bioseguridad es vital para continuar con las actividades esenciales y retornar a una nueva normalidad. Todo lo que acabamos de describirle sucede gracias a la infraestructura.

Para que los ciudadanos puedan contar con servicios de calidad los gobiernos deben aumentar la inversión en este sector. Colombia, por su parte, no lo ha hecho nada mal: es uno de los países de América Latina y el Caribe que más invierte en ella.

De acuerdo con las cifras del Banco Mundial, más del 96 por ciento de la población utiliza los servicios básicos de agua potable y cerca del 99 por ciento tiene acceso a alguna fuente de energía eléctrica. Sin embargo, hay mucho camino por recorrer en términos de calidad. Existen marcadas diferencias de cobertura de los servicios entre las zonas urbana y rural.

La inversión pública

En transporte, Colombia ha sido reconocida por el TransMilenio, un sistema de movilidad pionero. Y si bien el país ha ampliado la capacidad de su red vial, especialmente la troncal, aún se observan deficiencias en la calidad de las redes secundarias y terciarias, que son cruciales para abrir nuevos mercados internos y de exportación. Los indicadores muestran que los servicios de infraestructura de Colombia no corresponden a su grado de desarrollo. De acuerdo con el Índice de Competitividad Global, que va de 0 a 100 y es calculado por el Foro Económico Mundial, el país obtiene un puntaje de 64 puntos y se ubica en el puesto número 81 entre 140 países. Se encuentra por encima de otros Estados de la región, pero por debajo de las economías de Asia-Pacífico.

Cuando América Latina y Colombia superen la pandemia serán más pobres, desiguales y afrontarán una dura situación de vulnerabilidad fiscal. Con unos niveles de deuda que podrían superar el 65 por ciento del PIB, y la necesidad imperiosa de reducir el déficit, invertir en infraestructura será uno de los grandes desafíos en los próximos años. La historia nos ha demostrado que los esfuerzos en este campo, durante los periodos de recesión, han tenido un efecto multiplicador muy alto sobre la actividad económica.

Un buen plan de consolidación fiscal, que no comprometa el crecimiento nacional, debería estar soportado en gran medida en la inversión pública. Es obvio, invertir en infraestructura tendrá como resultado la generación de empleo. Las estimaciones del BID muestran que se pueden generar hasta 6.000 nuevos puestos de trabajo por cada 1.000 millones de dólares invertidos, especialmente en proyectos que priorizan el mantenimiento y las tecnologías de generación de energía renovable.

Pero tenemos que ser cuidadosos con la infraestructura que se construye. Esta debería contribuir al crecimiento, pero también debe ser sostenible, controlar sus emisiones de carbono y favorecer la digitalización. Colombia ya está tomando el liderazgo, por ejemplo, con la decisión de invertir en energías renovables como la eólica y la solar.

Los datos del Dane sobre el pulso empresarial durante la pandemia muestran que las compañías están adoptando, a pasos acelerados, nuevas tecnologías. Más del 70 por ciento de las firmas encuestadas utilizan internet como mecanismo de ajuste para el trabajo en casa. A su vez, la encuesta demuestra que existe una amplia adopción de internet para otros usos, como la venta de productos (55,6 por ciento), compra de insumos (50,7 por ciento), o la adopción de medios de pagos digitales (81,1 por ciento).

Esta mayor demanda de servicios digitales tiene que estar acompañada de una mayor infraestructura en energía eléctrica y digital en el país. Para conseguir todos estos objetivos se deben mejorar los mecanismos que maximizan el impacto de la inversión pública en la infraestructura y que, además, incentivan la inversión privada de la misma.

*Asesor económico principal en la Gerencia de Infraestructura del BID

**Economista sénior regional para la Gerencia de Países Andinos del BID

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