¿Por qué hay que construir y mejorar las vías terciarias en Colombia?

Colombia acusa un histórico rezago en su infraestructura vial que no solo es evidente en sus vías nacionales o primarias –las que integran las principales zonas de producción y consumo del país– sino también en las secundarias o departamentales; y muy especialmente en las terciarias, que unen las cabeceras municipales con sus veredas. Este retraso en construcción de corredores viales es uno de los factores que más afectan el avance del país, y así lo demuestran las mediciones sobre la competitividad de Colombia del Foro Económico Global.

Aunque la revolución institucional y presupuestal de los últimos años ha permitido avances relevantes, como las vías de cuarta generación (4G); y la construcción y modernización de una parte importante de las vías primarias, en los otros dos frentes, vías secundarias y terciarias, los progresos son muy limitados. Justamente, el caso de las vías veredales es muy dramático. Para empezar, el país no cuenta con un mapa detallado ni con un inventario completo de las mismas; ni conoce su estado y características.

Cabe resaltar que la Gobernación de Antioquia, durante la administración de Sergio Fajardo, con el fin de priorizar y ejecutar sus acciones en materia de infraestructura vial, consideró necesario elaborar el mapa detallado del estado y las condiciones de sus vías veredales en el año 2016. Pero hasta ahora no se conoce otra iniciativa de este tipo. A pesar de la falta de información sobre las vías terciarias, la inversión en ellas fue un tema relevante para el gobierno Santos y lo es para la administración Duque con cerca de 600.000 millones de pesos.

En la literatura sobre desarrollo económico y rural se ha demostrado, en diversos países y regiones del mundo, los beneficios de la infraestructura vial para el progreso de los habitantes del campo. Para la agricultura, que es la principal actividad económica en los territorios rurales, las vías representan no solo la apertura de mercados para sus productos sino el acceso a insumos y bienes de capital como maquinaria agrícola, camiones, vehículos de transporte público y privado y, más recientemente, las motocicletas y otros bienes de consumo de los hogares.

Los corredores viales facilitan el acceso a los servicios financieros, de apoyo a la producción agropecuaria, de salud, de educación, entre otros; así se generan nuevas oportunidades, se impulsa el desarrollo, se promueven la transformación y la modernización de los territorios rurales y, por supuesto, se mejoran las condiciones de ingreso y vida de sus habitantes.

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No obstante, la apertura de nuevas vías (o su mejoramiento) también trae costos sociales importantes y es relevante sopesarlos. En los países tropicales con ecosistemas frágiles, como el nuestro, que además tienen una gran riqueza natural y una biodiversidad destacable, el costo de las intervenciones no planificadas puede destruir esas reservas, que en muchos casos son irrecuperables. De otro lado, con la creación de estos corredores viales también se puede acelerar la migración a las ciudades y con ello la pérdida de capital humano en los corregimientos y veredas.

Además, experiencias recientes demuestran que estas carreteras también facilitan la llegada desordenada de nuevos actores a esos territorios aislados. Este inesperado arribo impacta la economía rural y, especialmente, la de los pequeños productores. De esta manera se generan desequilibrios económicos y sociales en estos grupos y sus hogares.

Por ello, la construcción de vías veredales no es necesariamente una garantía de éxito o ‘apertura’ de las regiones. Para impulsar de manera positiva y sostenible el desarrollo de los territorios rurales se necesita, ante todo, una planificación adecuada de cada intervención que se haga, si se tienen en cuenta las características de las zonas del país. Finalmente, dichas intervenciones deben ser coherentes con las políticas agropecuaria y rural, y con los respectivos planes de desarrollo territorial.

*Consultor e investigador de Fedesarrollo.