Propuesta para emplear a jóvenes con el salario mínimo llega al Congreso

Los jóvenes en Colombia, que constituyen el 26,1 por ciento de la población total, se enfrentan al problema del desempleo, ubicado en el 30 por ciento, situación que ya venía mal, pero que fue agravada con la pandemia.

Una reforma laboral es la petición que se hace desde muchos frentes. Sin embargo, desde el lado del Gobierno no está muy clara, por lo que los congresistas empiezan a tantear para medir cómo está el ambiente.

Este miércoles, 53 congresistas de distintos partidos políticos llevaron al Legislativo un proyecto de ley con el cual se busca ampliar la oferta formal de empleo para los jóvenes.

La iniciativa, según explicó Fernando Araújo, uno de los firmantes del documento, es que se establezca un bono laboral por parte del Gobierno, que corresponda al 25 por ciento del salario mínimo, monto que se sumaría al 75 por ciento que debe asumir la empresa, de manera que se logre enganchar a los jóvenes al mercado laboral con un salario mínimo completo.

Lo anterior teniendo en cuenta que el sector empresarial alega altos costos para la generación de empleos, lo que se suma a la dificultad que tienen los jóvenes de insertarse en un puesto de trabajo debido a la falta de experiencia.

Para cubrir todas esas situaciones, que según los proponentes del proyecto son las que han llevado a que el desempleo se haya disparado a niveles históricos, es que en la propuesta se incluye una modificación al contrato de aprendizaje.

El cambio sugerido, entonces, permitiría que se contrataran por primera vez, sin que les desmejore el ingreso por debajo de un salario mínimo, pero que a la vez no resulte tan costoso para el empresario.

Para los firmantes del proyecto, el desempleo juvenil es un problema mayúsculo en Colombia. De hecho, es uno de los motivos que salen a relucir en las protestas sociales.

En consecuencia, “para ayudar a superar el desempleo juvenil y sortear las dificultades que lo elevan, los autores de la iniciativa proponemos reformar el contrato de aprendizaje, vinculando con la modalidad de contrato descrita, a los graduados de bachillerato y de educación superior”, indicó Araújo.

La cobertura alcanzaría a la población menor de 30 años, según lo previsto en el proyecto de ley.

¿Qué hay en la actualidad?

El contrato de aprendizaje, que es en realidad el objeto del proyecto de ley radicado en el Congreso, se rige por una norma del 2002. Allí se enfatiza en que es una figura contractual que permite a las empresas contratar estudiantes de universidades o de otros institutos educativos para que realicen su práctica. La remuneración es un apoyo económico que, desde el 2018, es el equivalente al 75 por ciento del salario mínimo. En caso de que el aprendiz sea estudiante universitario no podrá recibir menos del salario mínimo.

El apoyo económico no se constituye como un salario, sino a título de compensación por parte de la empresa patrocinadora. El contrato puede durar máximo dos años.