Así van las reestructuraciones empresariales tras la pandemia

En 1859, Charles Darwin planteó la que podría ser hoy la tesis jurídica empresarial aplicable a las sociedades en Colombia: “adaptación y supervivencia”. Dos características necesarias para superar la pandemia de la covid-19 y para enfrentar las nuevas realidades sociopolíticas como guerras, calentamiento global y crisis en las principales economías del mundo.

Estas situaciones han llevado a un incremento de los procesos de reestructuración e insolvencia, que se manejan mediante la Supersociedades. De acuerdo con el Atlas de Insolvencia de dicha entidad, en el primer trimestre de 2022 fueron admitidas a procesos de reorganización 135 empresas y otras 35 iniciaron procesos de liquidación. María Isabel Romero, directora de Derecho Corporativo de Gómez Pinzón, ratifica el aumento de solicitudes de reestructuración empresarial. En 2019, por ejemplo, la Supersociedades admitió 486 solicitudes y en 2020 fueron 822, aunque las de liquidación bajaron de 218 a 175 en ese mismo periodo.

Esta tendencia se mantuvo en plena pandemia. Para 2021, el mismo Atlas de Insolvencia reseña que fueron aprobadas 923 solicitudes de reorganización empresarial y sumándole las de insolvencia se llega a 1.193 empresas intervenidas por el ente de control. Romero explica que “actualmente hay un crecimiento importante de solicitudes de reestructuraciones ante la Súper. Principalmente de los procesos abreviados y simplificados que se crearon mediante los decretos expedidos por el Gobierno durante la emergencia económica que trajo la pandemia. Esta oleada de reestructuraciones no parece que vaya a terminar pronto, pues los últimos meses han sido movidos en materia de admisiones de reestructuración por parte de la Supersociedades”.

Con ocasión de la pandemia, el Gobierno emitió el decreto 560 de 2020, que tiene dos años de vigencia y trata de flexibilizar las normas del régimen concursal para facilitar los procesos de salvamento empresarial, en aspectos como agilización de trámites, flexibilización de pagos y obtención de créditos para las empresas en crisis, entre otros temas.

Clare Montgomery, socia de reorganización y sociedades de Baker Mackenzie, señala que “las reorganizaciones corporativas globales por temas de cadena de suministro, fusiones o separaciones de negocios en el exterior seguirán su curso y no deben verse afectadas por el cambio de Gobierno. Es posible que veamos más actividades en las organizaciones locales como consecuencia de la mirada a mediano y largo plazo de cómo organizar negocios en y desde Colombia, con el fin de aprovechar las herramientas ya acordadas con otros países como Reino Unido o Suiza, como son los acuerdos bilaterales para la promoción y protección de inversiones y tratados de doble tributación, entre otros”.

Romero, asimismo, dice que el incremento de los procesos ante la Supersociedades puede estar influido porque la norma que los facilita perderá vigencia en diciembre de este año.

Por tal motivo, los abogados han de estar alerta “ante los cambios de legislación y enfoque del nuevo Gobierno, así como a los cambios mundiales económicos y políticos que puedan impactar los negocios. Igualmente, estar dispuestos a cambiar la forma de trabajo, usando más efectivamente la tecnología”, explica Montgomery.

En el mismo sentido se expresa Cristina Mejía, socia de resolución de conflictos de Baker Mackenzie, cuando indica que “hasta el momento no podemos decir que el nuevo Gobierno ha tenido un impacto en el incremento de procesos de insolvencia. Aunque las reformas tributarias y laborales que planea, unidas a la coyuntura económica global, podrían tener un impacto en las empresas y generar un mayor número de procesos de insolvencia”.

Muchos de los procesos que durante la pandemia empezaron como una reorganización y no lograron salir adelante, hoy se están transformando en liquidaciones y cierre definitivo; sin embargo, Mejía considera prematuro definir si en esto tienen algo que ver las políticas del nuevo Gobierno.

Además, dice Romero, es importante tener en cuenta que los procesos de reorganización y liquidación ante la Supersociedades no siempre son el mejor mecanismo para lograr la recuperación de la compañía. Al no tener vuelta atrás después de iniciado, hay que intentar medidas previas y creativas que permitan superar los retos de salvar la empresa antes de acudir a este ente de control.

Para Nicolás Polanía y José Miguel Mendoza, socios DLA Piper Martínez Beltrán, las empresas han contado con el soporte institucional necesario para adelantar sus procesos, las herramientas se han probado eficaces y la Superintendencia se consolida como el foro más técnico para la resolución judicial de la insolvencia. “El verdadero problema está en la poca visibilidad del mercado de empresas en crisis, que les impide a sus propietarios ver las oportunidades, por ejemplo, de una reestructuración privada y oportuna de sus pasivos para evitar los costos indirectos de los procesos concursales, en particular el más alto de ellos: la pérdida de confianza de proveedores y financiadores”, dicen estos dos expertos.

Añaden que las situaciones de insolvencia forman parte del ciclo empresarial. A veces se mitigan a tiempo y en ocasiones trascienden al plano de los procesos concursales. “Con independencia del contexto político, era previsible que luego de las medidas de mitigación que tanto el Estado como el sector financiero pusieron en marcha durante la pandemia, sobreviniera una destorcida derivada de la terminación de los alivios de liquidez y de la inviabilidad de prorrogar más los vencimientos de las obligaciones bancarias”.

Para los abogados de DLA Piper Martínez Beltrán, a esta situación se suma el clima global de encarecimiento de precios, que ha llevado a Colombia a tener la inflación más alta en lo que va del siglo. Por ende, es previsible un incremento en los casos de concursos de acreedores.“

Los abogados deben entender que la crisis empresarial que se traduce en insolvencia no es un problema jurídico, sino de mercado. Que los procesos concursales no son fines en sí mismos, sino herramientas que permiten asignar eficientemente los activos en el torrente económico”, agregaron Polanía y Mendoza.

Desde la firma Lloreda Camacho, los asociados Jorge Rodríguez y Santiago Gutiérrez consideran que los efectos de la pospandemia, como la inflación global y la crisis en las cadenas de suministro, continúan golpeando las economías del mundo y Colombia no es la excepción. “Derivado de lo anterior, anticipamos que el número de empresas que se acoja a mecanismos de insolvencia podría incrementar; tendencia que se está empezando a marcar en lo corrido de 2022. En esto, la reforma tributaria también podría, eventualmente, jugar un papel importante”.

Ante este panorama, Nadia Sánchez, asociada de Lloreda Camacho, cree que el reto para los abogados será actuar como facilitadores e intérpretes de los procesos y requisitos legales, “bien sea para asumir el reto de mantener la operación de las compañías, incluso en épocas de crisis en el caso de la insolvencia, o bien para acompañar el cierre de sus operaciones, en caso de liquidaciones voluntarias”.