Cementos Argos, expropiado de sus operaciones en Venezuela, confirma que solicitud de indemnización aún no se ha resuelto

La compañía de Cementos Argos, a través de su presidente, Juan Esteban Calle, confirmó a SEMANA que, pese a los esfuerzos jurídicos y diplomáticos por obtener la indemnización correspondiente, ante la expropiación de la fueron objeto en 2006, luego de que su planta en el oeste de Venezuela fuera confiscada, la situación no se ha resuelto.

Al decir de Calle, “en cumplimiento de la responsabilidad con sus accionistas y grupos de interés, Argos mantiene su optimismo y seguirá avanzando en el proceso judicial de reclamación ante Venezuela, con la confianza del derecho que le asiste y la apertura a explorar todas las alternativas y mecanismos para lograr la compensación efectiva por la confiscación de sus activos”.

Esperar y esperar

La compañía no ha podido ser nada más que esperar y esperar. Los hechos ocurrieron el 13 de marzo de 2006. El presidente venezolano de ese entonces, Hugo Chávez, dijo que el cemento era del pueblo. Cementos Argos había entrado en el mercado venezolano con una fábrica que funcionaba en el estado Trujillo, la cual era propiedad de la Corporación Cementos Andinos, que los empresarios colombianos compraron en 1997, al propio estado del vecino país, en una subasta internacional.

Todas las cementeras que en el momento en que Chávez envió su mensaje, quitaron sus plantas del mercado venezolano.

No obstante, a las demás les pagaron lo correspondiente a una expropiación de bienes, menos a la colombiana Cementos Argos, según registran los datos históricos del caso.

El golpe recibido por la compañía colombiana fue grande. Hicieron una millonaria inversión en Venezuela, en una planta que tenía la capacidad de producir 1 millón de toneladas de cemento.

El plan de la empresa de cementos en el momento en que sucedió la confiscación era vender 600.000 toneladas de cemento en el mercado local, pero también exportar a Panamá y Haití. Es decir, era un alto volumen para el negocio.

En 2012, la cementera colombiana ganó una batalla y fue la de obtener el fallo a favor, por parte del Tribunal Supermo de Justicia, el cual determinó que, en efecto, se trataba de una propiedad privada, adquirida al Estado venezolano.

No obstante, la decisión fue ignorada por años.

¿Qué novedad hay ahora?

Lo nuevo ahora es que Venezuela estaría más dispuesta a resolver las disputas comerciales con Colombia, sin seguir en batallas legales largas y desgastantes. De hecho, el ministro de comercio, Germán Umaña, le dijo a Bloomberg News, en una entrevista a ese medio, que la situación iba por buen camino.