Cinco alertas que se prenden por la decisión del Gobierno de no cumplir con la regla fiscal

1. Tributaria: necesaria, pero inviable

Una reforma tributaria de 19 billones de pesos es la carta que se juega el Ministerio de Hacienda, en medio de una crisis fiscal de grandes dimensiones. Lejos de reducir el gasto público, como sugieren los analistas, el Gobierno planea aumentarlo en al menos 20 billones de pesos.

Con una reforma tributaria cuya letra menuda aún no se conoce, el Ministerio de Hacienda basa gran parte de los ingresos necesarios para equilibrar las finanzas públicas y volver a la senda marcada por la regla fiscal. Esta será incumplida durante tres años, amparándose en la cláusula de escape permitida por su ley fundacional. Así lo confirmó Germán Ávila, ministro de Hacienda, al presentar el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025.

El problema es que nadie ve posible que el Congreso apruebe, en las actuales circunstancias, un proyecto de ley para introducir una mayor carga impositiva a algunos sectores de la economía y a las personas naturales. Peor aún si se trata del IVA, impuesto que se considera altamente regresivo, porque recae por igual sobre ricos y pobres, pese a lo cual para ningún Gobierno ha sido fácil reformarlo. Incluso, en la administración Duque, le costó el puesto al entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tras un estallido social que rechazó un proyecto de ley para poner IVA a más productos de la canasta familiar.

La reforma, de la cual duda la calificadora Fitch, tocaría también el impuesto al consumo, que en la actualidad es del 8 por ciento y, según lo destapado hasta ahora, se acercaría más a la estructura del IVA, lo que da pie para pensar que se está barajando subir ese gravamen que le cobran hasta a quien pide un corrientazo en un restaurante. También se habló de introducir nuevos escalones en el cobro del impuesto de renta de las personas naturales, aunque solo en los de mayores ingresos.

Es bien sabido que el Gobierno está en aprietos proyectando una deuda de más del 61 por ciento del PIB y un déficit fiscal del 7,1 por ciento para este año, con la promesa de reducirlo gradualmente hasta el 4,9 por ciento en 2027, según el Marco Fiscal. Lo que no encaja bien es que se busque la salida en una reforma tributaria, pues dicha fuente de financiamiento no es creíble en plena campaña electoral y con una creciente desfavorabilidad del Gobierno.

El Ministerio de Hacienda sustenta que el ajuste es necesario y que los gastos no tienen margen de reducirse, porque son inflexibles casi en su totalidad, por lo que aspira a que se logren “acciones coordinadas entre el Gobierno y el Congreso de la República. Solo así se podrá garantizar la senda de superávits primarios que estabilice las finanzas públicas y permita el retorno gradual de la deuda a su nivel ancla”, dice el documento.

Para Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, lo que se requiere urgentemente, a cambio de una reforma, es “plantear el Presupuesto General de la Nación de manera regionalizada tanto en funcionamiento como en inversión, para poder lograr mayor eficiencia, eliminando el gasto duplicado sin reducir la oferta de servicios sociales críticos”.

Liliana Heredia, directora de Tributación del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, dice que se trata de una reforma ambiciosa que, incluso, proyecta un recaudo de hasta 1,1 puntos del PIB en 2026, pero a partir de medidas políticamente sensibles como la reducción del gasto tributario o cambios en el IVA. “El contexto legislativo es complejo, con un Congreso fragmentado y que no logró convencer con su propuesta de Ley de Financiamiento el año pasado, lo que hace incierta su aprobación. En suma, es viable, pero políticamente difícil y limitada la posibilidad de poder aprobarse”.

Paralelamente, el exministro Carrasquilla señala que, además de la reforma tributaria, se necesita un ajuste de otro punto del PIB que el Gobierno plantea lograr racionalizando el gasto. “Por lo tanto, una minirreforma tributaria basada en ajustes pequeños envilece aún más el estatuto tributario sin ayudar mucho a corregir el problema fiscal, que, además, podría agrandarse más si las tasas de interés que nos cobran por nuestra deuda no bajan, si la ley de asignación de funciones del Sistema General de Participaciones (SGP) no sale bien y, más adelante, con los efectos fiscales de la reforma pensional”, precisa.

2. Crecimiento: Efecto dominó

La suspensión de la regla fiscal podría golpear la dinámica del crecimiento, estimado en 2,7 por ciento para este año. La razón, como explica Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, es que, además de deteriorar la credibilidad en la institucionalidad fiscal del país, se traduce en mayores tasas de interés. Esta situación desencadena un efecto cascada en la economía. Inicialmente, eleva la prima de riesgo, lo que se traduce en un incremento de los intereses que el Gobierno debe pagar por su deuda, limitando su capacidad de inversión en el futuro.

Para Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, hoy la deuda de Colombia está pagando la segunda tasa de interés real más alta en el mundo, luego de Brasil. “Ese es el tamaño de la consecuencia de la fragilidad fiscal en términos de tasas de interés. Eso, con un agravante: es el de tasas de interés más altas para empresas y hogares”, agrega.

El incumplimiento de la regla fiscal y los anuncios recientes del Gobierno han profundizado la desconfianza en la estabilidad macroeconómica del país y en la capacidad de pago del Estado, lo que se refleja en un aumento del riesgo país, advierte César Pabón, director de Estudios Económicos de Corficolombiana. “Aunque este escenario ya había sido parcialmente descontado por los mercados, lo cual limita su efecto inmediato, las implicaciones de mediano plazo son más preocupantes. Es probable que Colombia pierda el grado de inversión que aún conservaba con Moody’s y enfrente nuevas rebajas por parte de otras calificadoras”. Además, puede verse reflejado en un incremento en el precio del dólar y en una presión sobre la inflación. Pero también en que la Junta del Banco de la República retrase decisiones de reducción de tasas, por la incertidumbre en lo fiscal.

Muestra de ello, según Camilo Pérez, jefe del área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, es la tasa de interés hipotecaria. “La tasa de interés del Banco de la República es de un día. Las tasas de interés del crédito hipotecario pueden ser a 10 o 20 años. Si hay más riesgo fiscal, probablemente el crédito hipotecario se encarece”, explica.

Ya los analistas han empezado a revisar en cuánto podrían cerrar las tasas este año. Credicorp Capital, por ejemplo, cambió su proyección de 8 a 8,5 por ciento, cuando hace unos meses esperaba que terminara 2025 entre 6,5 y 7 por ciento. “Eso tiene un impacto en la velocidad de recuperación y, por lo tanto, la inversión privada no se va a recuperar tan pronto. Y el consumo, que va bien, podría afectarse”, dijo Velandia.

A pesar de que la inversión extranjera continúa llegando, se ha concentrado en inversiones de portafolio o de retorno rápido, señala Pabón. En contraste, la inversión fija, representada por la formación bruta de capital fijo, permanece estancada y registró una caída en el primer trimestre del año, tras algunos periodos de débil reactivación.

Fedesarrollo, a principios de año, anticipó las amenazas que vendrían si no se cumplía la regla fiscal. Mencionó entonces el deterioro de la prima de riesgo, con el aumento en las tasas para el Gobierno, la menor velocidad en la reducción de las tasas del Emisor, y una posible apreciación del peso. Todas siguen vigentes, excepto la última, por dos hechos: el conflicto entre Israel e Irán, que en los últimos días ha aumentado el precio del petróleo; y, el menor apetito por dólares en el mundo, producto de la incertidumbre generada por la guerra comercial bajo la administración Trump, hechos que han servido, dice Mejía, como un amortiguador de la tasa de cambio.

Bajo ese escenario y aun sin actualizar las cifras, Mejía estima que la compleja situación fiscal le representaría al país, preliminarmente, una reducción en su crecimiento de entre 0,3 y 0,5 por ciento en el segundo semestre de este año.

Para Pabón, la actividad económica podría continuar viéndose afectada en un entorno marcado por la pérdida de confianza y una elevada incertidumbre fiscal. Aunque recientemente el crecimiento ha superado las expectativas, impulsado principalmente por el aumento de las remesas y la expansión del empleo informal, dice, “esta dinámica no es sostenible sin mejoras sustanciales en las condiciones macroeconómicas”.

3. Deuda: Todos pondremos más

Las discusiones sobre las finanzas públicas suelen ser muy técnicas y aparentemente no tienen relación con el colombiano de a pie. No obstante, los cambios anunciados por el Ministerio de Hacienda, en donde dice que no se va a apretar el cinturón, sino que, por el contrario, va a gastar más y que para financiar ese desfase va a realizar una nueva reforma tributaria y va a incrementar el endeudamiento del país, tendrán un hondo impacto en el diario vivir de los ciudadanos.

Camilo Herrera, fundador de la firma Raddar, explica ese impacto de manera sencilla. Dice que lo primero que hay que entender es que el PIB del país es de unos 1.706 billones de pesos (ese fue el de 2024), lo que equivale a unos 1.300 millones de salarios mínimos. El Gobierno planea subir la deuda de 59,3 a 61,3 por ciento del PIB, llevando esa ‘culebra’ a más de 1.000 billones de pesos (unos 804.000 millones de salarios mínimos).

“Esto significa que, si somos 50 millones de colombianos, ahora cada uno tendrá una deuda de 21 millones de pesos y deberemos pagar 5,6 millones de pesos en impuestos en promedio este año, que son casi tres salarios mínimos”, aclara y agrega que, si bien el alto endeudamiento no comenzó en el actual Gobierno, este sí lo ha subido mucho, lo que no es sano ni sostenible.

Por otro lado, un análisis del Banco Popular señala que el problema no solo radica en que suba la deuda, sino que esta cada vez es más cara. El Marco Fiscal de Mediano Plazo estima que se deberán destinar unos 86 billones al pago de intereses, lo que equivale al 4,7 por ciento del PIB y se ubica como uno de los niveles más altos de la historia.

Este significativo pago se origina, en gran medida, en que el país les debe pagar más rendimientos a quienes invierten en sus títulos de deuda. Por ejemplo, la tasa de interés de los TES a diez años subió 240 puntos básicos en el último año, pasando de 10,30 por ciento en junio de 2024 a 12,70 por ciento en junio de 2025.

Las cifras del Banco de la República indican que hasta marzo de este año la deuda externa del país sumaba 203.285 millones de dólares, lo que equivale al 48,1 por ciento del PIB.

4. Calificadoras: Una rajada a la vista

Uno de los principales temores relacionados con la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025 es su relevancia como base para la evaluación de las agencias calificadoras de riesgo. Estas firmas, cuyo propósito es medir la capacidad de Colombia para cumplir con sus obligaciones financieras, consideran esencial analizar los ingresos del país y, si estos resultan insuficientes, determinar el nivel de endeudamiento requerido.

En ambos factores, el país luce mal, pues el ministro de Hacienda anunció que la meta de recaudo para este año se bajó de 299,8 billones de pesos a 281,4 billones, al tiempo que la proyección es subir el endeudamiento hasta llegar a 61,3 por ciento del PIB.

Tras conocerse las nuevas proyecciones, la primera calificadora en manifestarse fue Fitch, firma que ya tiene al país con una calificación por debajo del grado de inversión y con una perspectiva negativa. En su concepto, el MFMP “pone de relieve el continuo deterioro de la situación fiscal de Colombia y aumenta la incertidumbre sobre las perspectivas de medidas correctivas”.

Añade que el gran problema del plan fiscal del Gobierno es que se basa en medidas de ingresos inciertas, “incluida una reforma tributaria no especificada y recortes de gasto que se aplicarán con retraso por la nueva administración que sea elegida a partir de 2026”.

De hecho, advierten que el tema fiscal será uno de los grandes desafíos para el Gobierno que llegue después del de Gustavo Petro, pues así implemente medidas al llegar a la Casa de Nariño, estas solo se sentirían hasta 2027.

Standard & Poor’s y Moody’s, las otras dos calificadoras clave para el país, aún no se han pronunciado sobre el MFMP. Mientras la primera ya considera a Colombia fuera del grado de inversión, la atención se centra en Moody’s, que aún mantiene esta calificación. Sin embargo, en mayo anunció que en junio emitiría un nuevo veredicto, condicionado a las proyecciones fiscales presentadas por el Ministerio de Hacienda.

Si en Moody’s comparten la opinión de todos los expertos, lo más probable es que también decidan descalificar al país. En el Banco Popular señalan, sin embargo, que desde hace un par de años los inversionistas ya negocian la deuda colombiana como si se tratara de un país con un grado de calificación inferior al que actualmente le otorgan las principales agencias calificadoras.

5. Diésel: ¿Aumento selectivo?

Durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, retomó una propuesta planteada a principios de año: incrementar el precio del diésel para vehículos que lo usan y que no sean de transporte de carga, que representan cerca del 28 por ciento del parque automotor. El objetivo es equiparar su costo al valor internacional y reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, es un paso en la dirección correcta, porque este es uno de los factores que explican el aumento desbordado del gasto, junto con los de pensiones, salud y las transferencias a territorios.

Este Gobierno recibió un problema de un subsidio que costó en 2022 más de 30 billones de pesos e inició el incremento en el precio de la gasolina de más de 60 por ciento en 16 meses.

Con ello, agrega Mejía, eliminó el problema del subsidio en la gasolina cercano a los 20 billones de pesos, pero queda pendiente el del diésel, que suma cerca de 11 billones de pesos anuales.

“Inician con lo que es menos costoso políticamente, es decir, excluye al transporte de carga, pero por supuesto está dejando por fuera cerca del 75 por ciento de la demanda del diésel en Colombia. Vamos a resolver con estas medidas el 25 por ciento del problema, pero quedará pendiente para el próximo Gobierno el aumento del precio del diésel también para el transporte de carga”, señala Mejía.

De hecho, aunque los precios del petróleo han disminuido, los de la gasolina se han mantenido e incluso han aumentado, creando una situación en la que podrían estar subsidiando los costos del diésel.

La decisión del Gobierno tiene varios reparos. Por un lado, la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) rechazó el anuncio del Ministerio de Hacienda. “Un incremento en el diésel significa un aumento inmediato en los costos operativos del transporte intermunicipal, lo que se traducirá en tarifas más altas, menor conectividad y una caída en la llegada de turistas a cientos de destinos. Este impacto afectará la movilidad de campesinos, estudiantes, comunidades indígenas y a la población de regiones apartadas”, señaló.

Para Raúl Fragoso, presidente de la junta directiva de Fendipetróleo, la aplicación de un precio diferencial en el punto de venta implica que las estaciones de servicio deberán implementar sistemas que permitan distinguir en tiempo real si el vehículo corresponde al transporte de carga –beneficiario del subsidio– o a un uso particular –sujeto al precio de mercado–. Para lo cual se requiere infraestructura tecnológica y personal capacitado. Ello no solo representa costos adicionales, sino que es desafiante en estaciones pequeñas o ubicadas en zonas rurales.

También advierte que, si no existen controles, “podría prestarse para prácticas de contrabando técnico o falsificación de condiciones vehiculares para obtener el precio subsidiado”.

Si la decisión del Gobierno incluye, como en su propuesta de hace unos meses, a los generadores de carga y no a los transportadores, hay preocupación, pues esos aumentos podrían reflejarse en los fletes, que ya han venido teniendo incrementos por los ajustes en las herramientas del sector. Ello en un escenario en el que la lupa está en los acuerdos a los que se llegaron para levantar el paro de transportadores del año pasado, que incluía el no incremento del diésel.

No obstante, este combustible ha subido un poco más del 13 por ciento desde finales del año pasado.