Colombia sigue asechada por un posible apagón. Estas son las razones que tienen en vilo el suministro de energía

En menos de un año, el país ha estado en riesgo de apagarse dos veces. La primera, en abril de 2024, cuando el clima redujo dramáticamente los niveles de los embalses, y solo la llegada de las lluvias, apenas unos días antes de preverse el inicio de los cortes, disipó esa amenaza. La segunda ha corrido por cuenta de las dificultades financieras de las empresas distribuidoras y comercializadoras, a raíz del no pago de compromisos por parte del Gobierno, como los subsidios, la opción tarifaria y las deudas de entidades públicas que no han pagado el servicio. Es el concepto del apagón financiero, que puede generar un efecto dominó en el sector y en la prestación del servicio o en el futuro de los subsidios.

El mayor ejemplo de esta compleja situación son las dos empresas distribuidoras de la costa Caribe –Afinia y Air-e, que se quedaron con la operación de la liquidada Electricaribe. La primera, de propiedad de EPM, está en graves problemas financieros y le pidió al Gobierno que la compre; y la segunda fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos con fines de liquidación.

Las cuentas, según Asocodis, que agrupa a comercializadoras y distribuidoras, son las siguientes: a enero 31, la deuda a las distribuidoras y comercializadoras se ubicaba en 7,4 billones de pesos, representados en 2,8 billones de subsidio, 3,2 billones de opción tarifaria, un billón de deuda oficial y 400.000 millones de precios que deben recuperarse por el valor en bolsa. De hecho, casi una tercera parte del total de la deuda le corresponde a Afinia.

Ante el impago de las decisiones gubernamentales en las empresas distribuidoras y comercializadoras, se empezaron a ventilar dos posibilidades en el corto plazo: el inicio de racionamientos programados en algunas regiones, incluso en zonas donde el robo y fraude de energía es alto; o que estas empresas distribuidoras, que son el vehículo de los subsidios, pues los entregan a la espera del pago del Gobierno, dejen de hacerlo y se incremente el valor en el servicio para los hogares en los estratos 1, 2 y 3, en niveles que pueden llegar incluso al 140 por ciento.

En una reunión efectuada esta semana, en la que participaron el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez; el procurador general, Gregorio Eljach; los representantes de los gremios y Diego Guevara, ministro de Hacienda, se logró un acuerdo para empezar a cancelar los subsidios pendientes de pago de 2024.

Se trata de abonar un billón de pesos así: 200.000 millones que se giraron en enero, 350.000 millones en febrero, 250.000 millones en marzo y 200.000 millones en abril.

Sin embargo, hay dos preocupaciones. Una, un problema latente que demuestra que, aun con este pago, la crisis continúa. Según José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, el taxímetro mensual de subsidio sigue subiendo y hace que la deuda se incremente.

“A enero, el saldo por subsidios era de 2,8 billones de pesos, pero cada mes de subsidio el déficit representa más o menos entre 300.000 y 350.000 millones. Entonces, si tomamos febrero, marzo y abril, habría un billón más de déficit de subsidios; 2,8 billones más un billón nos da 3,8 billones, pero como se comprometieron a dar 800.000 millones entre febrero, marzo y abril, en el entendido de que los pagarán, a abril el saldo llegaría a 3 billones. Es decir, se sigue incrementando la deuda”, explicó.

Sin el Minminas

La segunda preocupación la manifestó Camilo Sánchez, presidente de Andesco. Cuestionó que, a la reunión con los organismos de control y el ministro de Hacienda, no llegó Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, y aseguró que llevan cerca de un semestre tratando de conversar con él. “Nos duele que él, siendo la cabeza del sector, no aparezca a reunirse con nosotros”. Y agregó: “El ministro de Hacienda tiene el compromiso de entregar partidas globales, y llegan al Ministerio de Minas, pero es el ministro de Minas y Energía el que decide cómo se reparte. Y si se reparte mal, pues mantenemos viva esta situación. Más cuando encontramos que en el presupuesto nacional hay un billón de pesos para paneles solares y aquí estamos pidiendo que haya priorización de los procesos y que no nos equivoquemos”.

Frente a posibles soluciones a la deuda, Sánchez añadió que han propuesto desde los gremios del sector ayudar a ‘patinar’ en el Congreso un proyecto de un solo artículo para destrabar la deuda de la opción tarifaria. También han planteado un cruce de cuentas con impuestos e, incluso, la titularización para tener liquidez y darle aire al sector energético colombiano.

Por su parte, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, aseguró que el riesgo de un apagón no es solo financiero, también puede ocurrir por falta de energía. “Llevamos un atraso continuo durante los últimos cinco años de casi 6.000 megavatios de energía que debieron haber entrado, entre esos los anhelados proyectos de La Guajira, y ya dos compañías muy grandes se retiraron de allí. Esta demora sistemática ha generado que el margen entre oferta y demanda sea mucho más estrecho y muestre un escenario crítico para 2026 y 2027”. La situación es tal que ninguna planta del sistema podría entrar en mantenimiento, agregó la dirigente gremial.

Por otro lado, más de 1.000 millones de dólares se han invertido en 1.800 megavatios que se están entregando en energías renovables no convencionales, y para este año se esperan inversiones por 500 millones de dólares más. “Pero vamos a mitad de camino, porque para atender este déficit esperado a 2027 necesitamos triplicar lo logrado hasta el momento, y las renovables son imprescindibles para que el país no se apague”, explicó Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de SER Colombia.

Además de la compleja situación financiera de las distribuidoras y del desarrollo mismo de la oferta de energía, el tema regulatorio y de medidas que está tomando el Gobierno ha prendido nuevas alarmas. El Gobierno ha desarrollado una nueva fórmula tarifaria en su afán de reducir los precios.

“Lo que más nos preocupa en este momento es la incertidumbre normativa. Entendemos la preocupación del Gobierno nacional de querer bajar tarifas de energía, pero creemos que al presidente no le han entregado la información completa. Intervenir el mercado como se está haciendo va a poner en riesgo las nuevas inversiones, va a generar litigios internacionales por violación de tratados y amenaza la prestación del servicio, porque intervenir la bolsa es intervenir el mecanismo que nos permite guardar agua cuando necesitamos prender las térmicas”, puntualizó Gutiérrez. Sigue el cortocircuito en el sector.

Gas más caro

Con el anuncio de Vanti de aumentar las tarifas de gas en hasta 36 por ciento, se materializó el riesgo que se había anunciado desde el año pasado sobre un déficit de este combustible. Naturgás, en su momento, señaló que, ante la no disponibilidad de gas en firme, los precios podrían incrementarse en cerca de 35 por ciento.

“El problema que tenemos es que sí puede haber alguna disponibilidad de gas, pero no existen los contratos suficientes en firme para que las distribuidoras se contraten. Lo que han hecho es ir al mercado secundario a golpear la puerta de los agentes térmicos y pedirles que les vendan gas. Y eso es lo que ha venido pasando. Los agentes térmicos les hemos vendido gas, 40 millones de pies cúbicos a distribuidores, entre ellos Vanti”, explicó Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, el gremio de generadores térmicos.

Según Castañeda, el mercado de gas importado puede estar entre unos 12 y 20 dólares por millón de BTU, porque –explica– son compras que se hacen en el mercado spot, “mientras que los contratos que se habían firmado hace unos años podían estar entre unos 6 y 8 dólares. Ahí está el efecto”.

Por su parte, el ministro Andrés Camacho aseguró que no hay argumentos para los incrementos en el gas natural, y una comisión de la Superintendencia de Servicios Públicos realizará visitas de inspección para verificar las razones de lo divulgado por Vanti.