Con adelanto de la retención en la fuente, se vendría una tributaria por la puerta de atrás

En el consejo de ministros del pasado 7 de abril, el presidente Gustavo Petro criticó el adelanto de la retención en la fuente que se practicó en 2023, señalando que fue por culpa de un decreto del Ministerio de Hacienda hecho sin autorización. Esto llevó a que se anticiparan los impuestos de 2024 y es la razón por la que el recuadro fue más bajo el año pasado. De hecho, calificó esa medida como innecesaria y reprochó duramente a su exministro de Hacienda José Antonio Ocampo por haber tomado esa decisión.

Pese a esas palabras del mandatario, una semana después se conoció un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que busca de nuevo adelantar en 2025 la retención en la fuente que se debe pagar en 2026. La propuesta ha levantado un sinnúmero de críticas, no solo porque implica repetir el mismo error, sino porque algunos creen que puede tener un tufo electoral, teniendo en cuenta que al Gobierno le queda poco tiempo para implementar sus proyectos y con esta medida podría conseguir recursos de forma inmediata, mientras que con una reforma tributaria tradicional el proceso es mucho más lento, y los cambios gruesos solo entran en vigencia en el año siguiente a la aprobación de la reforma.

Carolina Bobillier, socia de Gómez Pinzón Abogados, confirma esta teoría y dice que la retención en la fuente, que es un anticipo del impuesto sobre la renta, implica caja inmediata para el Gobierno, pues los contribuyentes lo giran mensualmente a la Dian y su pronóstico es que las más afectadas son las pequeñas empresas, que son las que tienen menos liquidez. Esto porque tendrán que destinar parte de su ingreso, que debería ser para capital de trabajo, a pagar impuestos que aún no estaban en sus cuentas.

El representante a la Cámara Óscar Darío Pérez, experto en temas tributarios, califica la medida como inconcebible y asegura que, además del impacto en las empresas, implica un enorme riesgo fiscal, pues el año entrante quedaría desfinanciado. Por la misma razón, en Anif lo llamaron “pan para hoy y hambre para mañana”. Insisten en que, si bien la medida ofrece alivio temporal a la caja del Gobierno, podría afectar la liquidez empresarial y el recaudo futuro, al no ser parte de una reforma estructural y generar cargas adicionales en un contexto económico complejo.

En efecto, uno de los mayores temores que se tiene en este momento con el decreto que busca adelantar la retención es que se quiebre el frágil proceso de recuperación económica que vive el país. Por ejemplo, los empresarios del transporte terrestre intermunicipal de pasajeros piden suspender el borrador del decreto, el cual no solo adelanta el pago de renta, sino que además sube la tarifa de autorretención en la fuente, que en su caso pasa del 1,1 al 3,5 por ciento.

Advirtieron que ese aumento es “desproporcionado e insostenible” y amenaza con paralizar inversiones fundamentales proyectadas para 2025, como la renovación de flota, mejoras en infraestructura y contratación de personal. Además, agravaría la situación de liquidez y pondría en riesgo miles de empleos. “Sería un golpe muy fuerte a la estructura financiera de un sector clave para la economía nacional y un ataque directo a la sostenibilidad de nuestras empresas”, señalaron y, por eso, piden abrir un espacio real de concertación con los sectores productivos.

La abogada Bobillier explica que, aunque el proyecto de decreto está abierto para comentarios, lo que es propio de este tipo de procedimientos, no implica que los comentarios sean tenidos en cuenta. Por ende, es probable que arranque y que luego sea demandado para que la Corte lo revise. “Y podría pasar lo que ha pasado con otras normas, que, mientras las demandan y se toma una decisión, el Gobierno recauda lo que puede”, dijo.

¿Otro proyecto de ley?

En medio de la incertidumbre que genera el decreto para modificar la retención en la fuente, actualizando tarifas y umbrales para ampliar la base gravable, desde el Gobierno insisten en tramitar una segunda reforma tributaria, tras la de 2022.

En una reciente entrevista con SEMANA, el director de la Dian, Luis Eduardo Llinás, comentó que evalúan una posible reducción de la tarifa general del IVA, actualmente del 19 por ciento, en uno o dos puntos. Según explicó, toda la iniciativa podría generar un recaudo aproximado de 12 billones de pesos.

Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, indica que aunque con la caída de ley de financiamiento, el presupuesto de este año quedó desfinanciado y eso hace entendible la necesidad de una tributaria, esa no es hoy una medida apropiada, con un sector productivo que apenas se está recuperando de los golpes dados por la alta inflación y el bajo crecimiento. “El camino está en lograr más recursos mediante un mejor desempeño de la Dian en su lucha contra la evasión y el contrabando, lo cual quedó establecido en la reforma tributaria de 2022 y se vio en el recaudo del año pasado”, dice Amorocho y agrega que gracias a esa lucha en 2024 se recaudaron 3,5 billones de pesos, lo cual se podría duplicar o triplicar este año.

También opina que ya es hora de reducir gastos, por ejemplo, cruzando funciones, procesos y procedimientos entre las distintas entidades del Estado para que no haya duplicidad. “La solución al problema de caja del Gobierno no está en imponer más tributos, sino en mejorar el desempeño y la gestión fiscal de la Dian, así como de la administración pública”, reitera el académico.

Para Alejandro Escobar, gerente estratégico de la consultora Sectorial.co, la alta carga tributaria tanto para empresas como para personas sigue siendo un obstáculo en la estabilidad de las industrias.

“Aunque en los últimos cuatro años se han implementado dos reformas tributarias, los resultados no han sido los esperados. La economía no ha mostrado un estímulo significativo y el recaudo fiscal no ha aumentado como se anticipaba”, apunta el analista. Y agrega: “La curva de Laffer sugiere que aumentar los impuestos podría disminuir el recaudo fiscal en lugar de aumentarlo. Esto se debe a que, a partir de cierto punto, los aumentos en las tasas impositivas pueden desincentivar la inversión y el consumo, reduciendo así la base impositiva y, en última instancia, los ingresos fiscales”.

En lugar de implementar una nueva reforma tributaria, Escobar sugiere que sería más efectivo estimular sectores con altos márgenes de utilidad y fomentar la confianza empresarial para impulsar el crecimiento económico, ya que los impactos de una nueva medida en la dinámica empresarial podrían ser significativos.

En Fitch Ratings, que en marzo le puso matrícula condicional al país, al asignarle una perspectiva negativa a su calificación de riesgo, consideran que la tradición de Colombia de pasar sucesivas reformas tributarias muestra su capacidad para conseguir recursos fiscales y seguir respondiendo con sus obligaciones. Sin embargo, no ven otra reforma tributaria en lo que queda del Gobierno Petro.

Lo mismo cree la abogada Bobillier, quien no ve ambiente para una reforma tributaria en el Congreso, en especial por la necesidad del Gobierno de aumentar el recaudo inmediatamente. Por eso, su estrategia de adelantar la retefuente o de incrementar la tarifa del impuesto de timbre al amparo de la conmoción interior por la situación del Catatumbo.

Algunos expertos consideran que, con ajustes vía decretos, se está planteando una reforma tributaria por la puerta de atrás.