Contratos de prestación de servicios: sigue el despelote con el gasto y el clientelismo

Por cada empleado en la nómina estatal hay seis contratistas por prestación de servicios, en condiciones desiguales, con remuneraciones que suelen ser inferiores, debido –entre otras– a que deben asumir gastos que sus pares vinculados de planta no tienen a cargo, como la seguridad social y otras pólizas obligatorias.

La relación contratistas versus empleados de nómina no es tajante y puede tener un alto subregistro, pues resulta dispendiosa la consolidación de las cifras debido a que hay ciertos fondos públicos que no reportan al Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública) y, en términos de financiación, dichos contratos se hacen por vías como el gasto de funcionamiento o el rubro de inversión.

Nada parece haber cambiado en materia de empleo público, mucho menos el clientelismo que se promueve con los puestos transitorios, como se reveló en el reciente escándalo desatado luego de que el exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes destapara la lista de políticos que le pedían puestos en esa entidad.

Al comienzo del Gobierno de Gustavo Petro, este mencionaba la necesidad de una reforma laboral para ofrecer “trabajo decente”. Agregaba que pensaba aplacar la tendencia de contratar servidores públicos mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) e incluso habló de “pasar a la historia el contrato mentiroso que encubre una relación laboral”, como le llamó.

A los clientelistas no les sirven los puestos fijos

Si bien esa forma de vinculación al Estado es necesaria y no se puede satanizar, termina fomentando el pago de favores políticos y la precarización laboral, sin contar con otro rosario de afectaciones, incluidos los efectos sobre las mismas entidades públicas, que gastan en entrenamiento de personas que entran y salen, y que, finalmente, su alta rotación no contribuye a formar la memoria institucional y la gestión del conocimiento en lo público, según señala Pablo Sanabria, profesor de política pública en la Universidad Eafit.

Como investigador del tema, expresa que “a Colombia le ha salido caro no tener un empleo público estructurado”. Recuerda que “en el siglo XX se intentaron hacer reformas a la carrera administrativa y todas fueron ineficaces. En parte, porque eran los políticos los que tenían que decidir sobre los mismos puestos que ellos daban. Por lo tanto, no les interesaba que la selección de personal se hiciera por mérito y tampoco que los puestos fueran estables”.

Concentración de contratistas

Las estadísticas actuales muestran una persistencia y concentración de contratistas en oficinas como la de Asesoría de Sistemas de Información del Dane, donde laboran 267 trabajadores, de los cuales 227 son vinculados por OPS y solo 37 pertenecen a la planta de personal. Los tres restantes son de libre nombramiento y remoción, es decir, llegan con el directivo de turno y –por lo general– se van con él.

En el singular mercado laboral colombiano, un contratista puede permanecer en esa condición por más de una década, lo que evidenciaría que su labor no es tan transitoria, como lo sugiere la naturaleza de la prestación de servicios, y era justo lo que criticaba Petro. Por esa causa, el Estado ha enfrentado demandas que, por supuesto, ha perdido, con el consiguiente costo, para la siempre apretada caja de los recursos públicos. Se recuerda el caso de la acción jurídica interpuesta por la abogada Gloria Luz Manco, quien logró demostrar que su vinculación en la Personería de Medellín era de un contrato realidad y no de prestación de servicios, como la mantuvieron por siete años.

¿Es nómina paralela?

Lo cierto es que esa profunda brecha entre el número de empleados de planta y el de contratos OPS, lo que muchos consideran nómina paralela, se repite en buena parte de las entidades públicas, pues la nómina del Estado, que, por demás, fue congelada en 2001 por problemas fiscales como los de hoy, actualmente tiene 1.324.866 servidores públicos, según datos de Función Pública. Mientras tanto, los contratos por prestación de servicios, que se registran oficialmente en el Secop, ascienden a 1.669.179 en 28 meses del Gobierno Petro, de acuerdo con las cifras del Observatorio de Contratación Pública de Colombia Compra Eficiente.

El subregistro podría ser incalculable, pues según el profesor Sanabria, por múltiples razones, los gobiernos han tenido dificultades para recoger datos de todo el país. “Al estar congelada la nómina, las entidades empezaron a contratar por prestación de servicios. Para los territorios se implementaron escalafones de desempeño fiscal y el indicador les mejoraba si tenían bajo el gasto de funcionamiento. Entonces buscaron realizar contratos que entraban como gastos de inversión, donde se maquillaba la realidad, pues a los municipios y departamentos los destacaban por ejecutar recursos de inversión, pero en realidad eran gastos de personal. Eso sigue pasando”.

Cuentas apretadas

En medio de los apuros fiscales recientes, se emitió un decreto de austeridad, que incluye limitantes a la contratación por prestación de servicios, sin que se establezcan topes concretos, pero el gasto sigue en aumento. Según un documento del Observatorio, en dos años y cuatro meses se han pagado 33,6 billones de pesos a 675.271 contratistas. “Al realizar la comparación en términos nominales absolutos de las cuantías contratadas, se constata que en la administración Petro se han contratado 8,22 billones adicionales frente a su antecesor (Duque); sin embargo, en esta cifra está incluida la inflación anual”, dice el informe.

Solo en 2024, según las denuncias hechas por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien suele escudriñar la contratación pública, se presentó el mayor gasto en contratación. “Fue una cifra histórica de 4,83 billones de pesos. Esto representa un incremento anual del 23,7 por ciento. En comparación con 2022, el número de contratos aumentó 51 por ciento”, dice.

El asunto no es nuevo

No obstante, el asunto no es nuevo. Recientemente, la Procuraduría General profirió pliego de cargos contra dos exvicepresidentes de gestión corporativa de Colpensiones (2019-2024), por autorizar adiciones superiores al 50 por ciento del valor inicial de dos contratos de prestación de servicios, porcentaje prohibido por la Ley de Contratación.

Cada nuevo funcionario designado trae su gallada y, en particular, en este Gobierno, la población flotante en los cargos públicos ha sido más visible, debido a los frecuentes cambios en los puestos directivos. En algunas ocasiones, los equipos se duplican. Los que venían contratados por el anterior, se mantienen (a veces porque deben esperar que se termine el tiempo del contrato), lo que presiona más al gasto en personal, el cual, con cargo al presupuesto de 2024, fue de 51,1 billones de pesos, mientras está prevista una cifra de 60,1 billones para la presente anualidad.

Párenle ‘bolas’

Así, la politización del empleo no es cosa menor. Más aún en un país que tiene amplificadas las desigualdades, como se ve en el caso de los contratistas del Dane vinculados para recolectar la información del Censo Económico, quienes denunciaron reiterados retrasos en las remuneraciones, mientras que hay contratos adjudicados como pago por favores políticos, en los que el beneficiario ni siquiera realiza labor alguna.

La alta contratación por prestación de servicio tiene tanto de ancho como de largo. Existen labores transitorias que requiere el Estado y para muchos jóvenes, es la puerta de entrada al mercado laboral.

Pero también hay consecuencias poco benéficas. Sanabria menciona, por ejemplo, el hecho de que se perdió de vista la carrera administrativa, que le imprime técnica a la administración pública. Pero los concursos de mérito también tienen sus disyuntivas. “Se siguen haciendo concursos, que son caros. No todos los municipios tienen los recursos para hacerlos. Terminan contratando de forma directa. Y la Comisión Nacional del Servicio Civil cuenta con una capacidad limitada. Además, a veces se gasta la plata y la contratación no llega a feliz término. Se quedan en demandas por procedimiento y los puestos sin asignar. En ese sentido, la Dian es icónica”, dice Sanabria.

De cara a unos comicios que demandan personal por prestación de servicios y también se usan para fines electoreros, la lupa al tema es urgente y necesaria.