Crisis pensional en sector aéreo: deudas por $133.000 millones ponen en riesgo retiro de más de 1.300 pilotos en Colombia

Mientras el país sigue atento al futuro de la reforma pensional y a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, surge un nuevo lío en este frente y esta vez afecta a un sector clave: el aéreo.

En los últimos años, esta actividad ha tenido grandes desafíos: fue una de las primeras afectadas por la pandemia, al tener que paralizar su operación, y una de las últimas en reactivar su funcionamiento. En muchos casos, como los de Avianca y Latam, las empresas debieron acogerse a procesos de reestructuración para garantizar su continuidad.

Luego, las principales aerolíneas de bajo costo, Viva Air y Ultra Air, se liquidaron, dejando secuelas económicas y golpeando regiones como San Andrés.

Ahora, una cuenta de cobro amenaza las jubilaciones de cientos de pilotos en el país: varias empresas del sector aéreo acumulan deudas pensionales con extrabajadores de hace más de 30 años, ya que eran las propias compañías las responsables de asumir esos pagos.

Según la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores (Caxdac), esas deudas suman, a corte de 30 de junio, 133.000 millones de pesos. Saep (Servicios Aéreos Especializados en Transportes Petroleros), por ejemplo, tiene compromisos por más de 45.000 millones; Vertical de Aviación suma más de 31.000 millones; el valor en el caso de Líneas Aéreas Suramericanas es de cerca de 18.000 millones e, incluso, algunas como Latam, que antes fue Aires, se acercan a los 19.000 millones de pesos.

Algunas de las empresas deudoras están en procesos de liquidación o reorganización. En muchos casos, esos pasivos no se incluyeron en los estados financieros y no hay activos que permitan cubrirlos, más aún cuando se conocen como gastos de administración que tienen prelación.

Latam Airlines Colombia señaló que ha presentado los cálculos actuariales requeridos por la Superintendencia de Transporte para las vigencias aplicables, contando con las autorizaciones correspondientes y hoy se encuentran en trámite dos autorizaciones pendientes relativas a los últimos cálculos actuariales.

En la actualidad, hay 7.000 pilotos con licencias expedidas por la Aerocivil. De ellos, 2.500 están activos volando para las empresas. Los afectados, según Acdac, podrían ser cerca de 1.300.

¿Quién va a pagar esa factura? Esa es la mayor preocupación. ¿Por qué? La historia se inicia a mediados del siglo pasado, cuando en 1956 se comenzó a gestar el fondo de pensiones privado más antiguo de Colombia, el de los pilotos, a quienes en ese momento se les igualó el estatus al de los miembros de la Fuerza Aérea. Eso representaba que se pudieran pensionar, sin tener en cuenta la edad, con 20 años de trabajo y un tope del salario.

Esta consideración se hizo por la importancia del sector en la seguridad nacional, en el desarrollo del país y como servicio esencial.

Como las empresas no contaban con los recursos del Estado, para atender estas necesidades se tomaron dos decisiones: darles amplios plazos y cuotas para cumplir sus compromisos, y el Estado se reservó la competencia de determinar la cuantía, la forma y el plazo para que se pagaran las obligaciones pensionales a cargo de las empresas.

Como recuerda Daniel Niño, presidente de Caxdac, en una columna publicada en SEMANA, la política pública contempló que la caja privada pagaría las pensiones de los pilotos, y las empresas repondrían a la caja lo que ella había pagado a nombre de los empleadores. Mientras tanto, las empresas poco a poco irían pagando el resto de la deuda.

Con la Ley 100, Caxdac quedó encargada de administrar los fondos correspondientes al régimen de transición y las pensiones especiales transitorias.

Un decreto de 1994 estableció que los empleadores deberán transferir las sumas necesarias para completar el cálculo actuarial. Es decir, los aportes de las empresas a la caja no se hacían en el momento, sino de forma progresiva en el tiempo. Además, tres años después, la Corte Constitucional señaló que los aportes a la Caxdac constituyen contribuciones parafiscales obligatorias.

En 2003, se amplió el plazo para que las empresas aéreas pagaran la totalidad del pasivo pensional hasta 2023.

¿Qué ha pasado? Como explica Niño, muchas empresas nunca tasaron esa obligación. Y al no hacerlo y no haber pasado por el control del Estado, los reclamos que la caja hacía terminaban en manos de un juez que fungía como actuario, y, si tenía éxito el proceso, podían pasar hasta 15 años, incluso cuando ya la empresa no existía.

En el sector de la aviación, según la caja, ha habido más de 150 empresas, pero muy pocas consolidaban cerca del 90 por ciento de la obligación pensional: Avianca, Tampa, Helicol, Aces, Sam y Aerocóndor, entre otras, y un listado de pequeñas que atendían mercados como los antiguos territorios nacionales.

Varias de ellas honraron sus compromisos y acordaron pagos, como el caso de Avianca y Copa. Latam, por su parte, dijo que fue la única aerolínea que realizó el pago de su deuda pensional de manera completa, integrando su pasivo de forma anticipada en 2007.

“Caxdac emitió paz y salvo por dicha integración del pasivo pensional de pilotos. Sin embargo, Caxdac, con posterioridad y unilateralmente, reconoció pensiones y realizó cobros anticipados sin llenar los requisitos legales que corresponden”, y añadió que “a raíz de acciones unilaterales adoptadas por Caxdac por fuera del marco normativo, se han originado controversias que están siendo sometidas a las instancias judiciales”.

Sin embargo, otras aerolíneas entraron a procesos de reorganización o definitivamente fueron a liquidación. Pero con un agravante: no hubo seguimiento ni vigilancia del Ministerio de Trabajo ni de la Superintendencia del ramo para que los recursos pensionales se cubrieran.

“Lo que denota el problema es la salud financiera del sistema y una falta de vigilancia y control latente. ¿Quién los vigilaba? ¿Cómo se explica que algunas empresas ni siquiera calculaban el valor de su deuda y no lo llevan en sus estados financieros?”, se pregunta el capitán Juan Esteban Villa, presidente de Acdac, y explica que estas obligaciones surgen de normas que expidió el Gobierno.

“Lo que nos preocupa es que al final esto lo vaya a pagar el bolsillo del colombiano, por una ineficiencia del sistema estatal de falta de control, porque las autoridades permiten que esas empresas sigan operando y presentando sus estados financieros sin la capacidad patrimonial de cumplir con la deuda que tiene con Caxdac”, advierte Villa.

SEMANA contactó al Ministerio de Trabajo y a la Superintendencia de Transporte para conocer sus posiciones, pero al cierre de esta edición no se habían pronunciado.

El capitán Villa señaló que han enviado comunicaciones al Ministerio de Trabajo, desde cuando estaba al mando Gloria Inés Ramírez, y no han recibido respuesta.

Por ahora, se está a la expectativa de acciones jurídicas frente a la inacción del Estado. ¿Pensiones en el aire?