Nuevos operadores de Electricaribe podrán proponer tarifas

El Gobierno emitió el decreto que reglamenta un artículo del Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en mayo de 2019, que a su vez autoriza la creación de una tarifa provisional para el servicio de energía en el Caribe colombiano una vez empiecen a operar CaribeMar y CaribeSol, las dos nuevas empresas que reemplazarán a la liquidada Electricaribe.

En el decreto, el Gobierno señaló que los operadores podrán proponerle al Ministerio de Minas o a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) las que serían sus tarifas iniciales para el cobro del servicio que prestarán.

Sin embargo, estas propuestas deben tener en cuenta que las entidades estatales que le deben recursos a Electricaribe tendrán que pagar dichas cuentas, y en ese sentido, el Plan de Desarrollo advierte que estas entidades “deberán tomar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que se derivan del servicio público de energía”.

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Por su parte, el decreto señala que será el Ministerio de Minas y Energía el encargado de imponer las condiciones en las que se establecerán los precios por comercialización de energía en el mercado que antes atendía Electricaribe.

A la vez, la Creg tendrá que actualizar el costo base de comercialización de energía y “el cálculo del componente de riesgo de cartera del costo variable de comercialización”, según la misma resolución de condiciones del Ministerio de Minas.

Tanto la resolución del Ministerio de Minas como la actualización de cálculos de la Creg deberían estar listas antes de finalizar el 2020, cuando CaribeMar (EPM) y CaribeSol (EnerPereira) deben estar posicionadas y operando en la Región Caribe, según había anunciado la entonces ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.

Ambas empresas firmaron sus contratos con el Gobierno el pasado 31 de marzo, luego que el 26 de febrero finalmente se adjudicara la licitación por la operación de Electricaribe, que había sido aplazada una vez y para la que se habían presentado inicialmente tres firmas nacionales –EPM, Celsia y Alberto Ríos– y los internacionales Inkia, Electrificadora de Portugal y unos fondos estadounidenses.

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Antes de la subasta, el Gobierno había publicado un decreto para asumir pasivos pensionales de la empresa, que suman $1,4 billones, y prometió el régimen de transición tarifaria al que ahora le faltan la mencionada resolución y los cálculos nuevos de la Creg.