Economía colombiana en 2025: oportunidades, riesgos y amenazas en un año preelectoral

Arranca 2025 y aunque pinta mejor que los años anteriores, todavía es insuficiente para consolidar la dinámica de crecimiento y, además, hay hechos que generan incertidumbre y algunos nubarrones que podrían anticipar una fuerte turbulencia.

Las perspectivas para 2025 apuntan a un crecimiento de la economía de entre 2,5 y 3 por ciento, mejor al estimado para el año anterior cercano al 2 por ciento. De acuerdo con el sondeo de SEMANA entre analistas, el país crecería este año, en promedio, 2,64 por ciento.

El consumo de los hogares se mantiene en terreno positivo, respaldado por la reducción de las tasas de interés y la inflación, además del auge de las remesas, que sigue en cifras históricas, y la resiliencia del mercado laboral. Como advierten las minutas del Banco de la República, el PIB alcanzó un crecimiento de 2 por ciento en el tercer trimestre de 2024 gracias al fortalecimiento de la demanda interna, jalonada por la recuperación, desde niveles muy deprimidos, de la formación bruta de capital (que tuvo un crecimiento de 20,3 por ciento). “Con ello, la economía colombiana acumuló hasta septiembre un crecimiento de 1,6 por ciento frente al mismo periodo de 2023. El dinamismo de la actividad económica habría continuado en el cuarto trimestre, según lo sugiere la variación anual del ISE en octubre (3,1 por ciento)”, dice y advierte que los indicadores del mercado laboral se han mantenido relativamente estables, con tasas de desempleo inferiores a sus niveles de prepandemia.

Sin embargo, aunque la tendencia de crecimiento para este año se mantendrá, hay grandes preocupaciones que, como advirtió Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, se verá una recuperación en 2025, pero será “frágil” frente a los riesgos que tiene la economía.

¿Cuáles son esos riesgos? Por una parte, la mayor preocupación es la incertidumbre fiscal del país ante los retos para el cumplimiento de la regla fiscal, las dificultades en el financiamiento para el Presupuesto General de la Nación de 2025 y las consecuencias que podría tener la aprobada reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), en el marco de una mayor autonomía presupuestal, y la entrada en vigencia de la reforma pensional, que aún está a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Como explica Corficolombiana, la situación fiscal constituye uno de los mayores desafíos para la economía. “En 2024, la caída en el recaudo tributario obligó al Gobierno a ajustar varias veces su presupuesto para cumplir con la regla fiscal. Hasta ahora, el recorte al Presupuesto General de la Nación es de 35,7 billones. Sin embargo, se estima que se requiere un ajuste adicional de 21 billones de pesos, que podría lograrse mediante subejecución, lo que elevaría el total del ajuste a 56,7 billones de pesos”, asegura esta firma.

Además, este escenario plantea unos riesgos adicionales. Las crecientes presiones presupuestarias, junto con las incertidumbres generadas por las reformas aprobadas en el Congreso, han elevado la prima de riesgo soberano. Esto ha incrementado la preocupación entre los inversionistas internacionales, deteriorado la percepción de estabilidad económica del país y generado expectativas de una posible rebaja en la calificación crediticia.

Por otro lado, el crecimiento seguirá siendo muy heterogéneo, con sectores protagonistas de la dinámica, como el agro y el entretenimiento, que han jalonado la actividad económica en los recientes trimestres, pero con otros, como la industria y el comercio, que apenas estarán empezando una tímida recuperación, mientras que la inversión comienza a repuntar tras varios trimestres de contracción, impulsada por la demanda de maquinaria y equipo, en especial para las obras civiles, como el metro de Bogotá.

Además, la inflación trae una tendencia a la baja desde el primer trimestre de 2023, cuando superó el 13 por ciento y cerró 2024 en 5,2 por ciento. Según el Banco de la República, para 2025 se estima que la inflación continuará su convergencia hacia la meta, aunque de forma más lenta, debido principalmente a presiones alcistas sobre la tasa de cambio y su traspaso a los precios. Asimismo, se prevén presiones de precios provenientes del incremento en el salario mínimo y de aumentos en los precios de algunos regulados. Las presiones cambiarias han estado asociadas al endurecimiento de las condiciones financieras externas, con aumentos en las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos, reducciones en el ritmo esperado en los recortes de la tasa de interés de la FED e incrementos en las percepciones de riesgo respecto de las economías emergentes. Adicionalmente, también impacta la reducción en la cotización internacional del petróleo, el carbón y el níquel, y la preocupación sobre la situación de las finanzas públicas en Colombia.

De hecho, los cálculos de los analistas consultados por SEMANA en las proyecciones para este año establecen que el precio del dólar, en promedio en el año, se ubicará en 4.300 pesos. Sin embargo, como explican desde el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, podría tener “dos jorobas” a lo largo del año. Una, en el primer trimestre, incluso llegando a máximos históricos, por las presiones fiscales y la calificación de riesgo, al igual que el efecto Trump, con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos. La segunda, hacia el final del año, con un repunte de cara a las elecciones en 2026 en Colombia.

Esta situación económica se enmarca en varios hechos que generan una mayor incertidumbre, en un ambiente cargado de polarización desde el punto de vista político. El primero es, precisamente, que 2025 será un año preelectoral, que tendrá dos caras: por una parte, el Gobierno nacional entra en su recta final y la expectativa es que mejore la ejecución, en especial en obras públicas y vivienda, aunque tendrá que enfrentarse con los ajustes fiscales que limitarían la inversión. Y, por otra parte, la ley de garantías a final del año, que frenaría el gasto público.

Y el segundo, una profunda preocupación por el tema energético, ante las dificultades de oferta de gas en el corto plazo y el impacto en los precios, y las amenazas de que el país repita la historia de hace un poco más de 30 años, cuando se dio el apagón. Además, un posible racionamiento en el corto plazo no sería por capacidad de generación, sino por los problemas financieros de las distribuidoras de energía, lo que produciría un efecto dominó en el sistema.

Dos hechos recientes marcan esta agenda. Uno, el caso de Puerto Inírida, que a principios de año se quedó a oscuras por cuenta de los incumplimientos del Gobierno nacional, que no ha pagado los subsidios, que asumen las distribuidoras para luego recibir los giros del Ejecutivo. Y el segundo, la denuncia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como presidente de la junta directiva de EPM, quien advirtió que las millonarias deudas del Gobierno han puesto en “cuidados intensivos” a las empresas del sector.

Según cálculos de Asocodis, gremio que representa a las distribuidoras y comercializadoras, hay saldos por cobrar cercanos a 7 billones de pesos: 3,4 billones corresponden a la opción tarifaria –un mecanismo que permitió en pandemia a los comercializadores moderar la tarifa con la expectativa de un cobro futuro– con corte a noviembre de este año; 2,4 billones provienen de subsidios asignados, pero aún pendientes de pago del Gobierno; 200.000 millones se deben al mayor precio de bolsa, y 1 billón corresponde a deudas acumuladas por usuarios oficiales.

Pero, además, tampoco está descartado un impacto en la oferta de energía. Por una parte, por la dependencia del agua en la generación, aunque en el pasado fenómeno de El Niño las térmicas lograron soportar el sistema. “La generación proviene principalmente de fuentes hidráulicas, si no mejoran las condiciones climáticas, nos vamos a ver enfrentados a un racionamiento con altos costos de energía, pero también con altos costos para el sector productivo”, dijo Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de Anif.

Por otra, la situación de las líneas de transmisión, en especial en el caso de Bogotá, que tiene problemas ambientales en el desarrollo de los proyectos de dos líneas para traer energía a la sabana y a la capital, y ha puesto en jaque proyectos industriales, residenciales, comerciales y de data centers que hoy tienen la energía condicionada.

Para el mediano y largo plazo, la preocupación se centra en que la oferta y la demanda se acercan y hay retrasos en la entrada de nuevos proyectos y en la firmeza de la energía, pues la subasta anterior adjudicó más de 4.000 megavatios, pero en energía no convencional. El año, sin duda, será muy movido.