El ambiente está enrarecido para sacar adelante la reactivación económica. La constituyente es la piedra en el zapato

Para consolidar la reactivación económica siempre “han faltado las cuatro onzas que completen el kilo”. Aunque recientemente el Gobierno envió señales de que ya iba a llegar el momento de “tener el peso suficiente en la báscula”, luego de dos años de altas complejidades que han impactado las ganas de invertir, los ánimos se volvieron a enfriar.

Una reunión entre altos mandos del Ejecutivo con representantes de los empresarios avivó los ánimos al iniciar la semana, pero un par de días después volvió a menguarse la esperanza, tras los mensajes del presidente Gustavo Petro frente a la posición del gremio de empresas de transporte, Colfecar, de rechazo a la anunciada constituyente.

Para hablar de reactivación, se reunieron voceros de los empresarios con los ministros de Hacienda, Minas, Comercio, Transporte, además del director de Planeación Nacional y la emisaria directa del mandatario de los colombianos: Laura Sarabia. Es decir, toda la cúpula requerida para tomar las decisiones que conduzcan a acelerar el crecimiento económico.

En el encuentro, se presentaron numerosas propuestas, pero la que generó más entusiasmo fue la de utilizar 16,8 billones de pesos del Sistema General de Regalías que no se han ejecutado. Esta idea se destacó por ser tangible en medio de muchos anuncios no concretados y medidas que podrían tardar demasiado. La idea es emplear estos fondos para impulsar la competitividad, una herramienta indiscutible para generar desarrollo.

La búsqueda de una reactivación, que tiene también como pieza clave la reforma tributaria, prevista para disminuir la tasa de tributación de las empresas, se vio opacada tras el pronunciamiento de Colfecar, que en su legítimo derecho a opinar indicó que consideraba la constituyente como negativa, entre otras, porque implicaría un aumento de los costos económicos para el Estado, en un momento en el que se necesitan los recursos para priorizar la inversión en áreas como seguridad y reactivación económica.

La reacción del presidente Petro, quien tildó de extrema derecha al gremio del transporte de carga por disentir, provocó una nueva polémica que podría enredar la necesaria alianza público-privada.

Así está el ambiente

Bruce Mac Master, quien no solo preside el gremio de industriales de la Andi, sino el Consejo Gremial, en donde están 31 gremios integrados por las empresas más grandes del país, mostró su desazón.

“Es muy complejo imaginar un ambiente y condiciones para la reactivación económica y la estabilidad fiscal del país en medio de tantas incertidumbres regulatorias, económicas, políticas y hasta constitucionales. La más importante y efectiva política para promocionar la inversión, aumentar el empleo, dinamizar la actividad económica y estimular el consumo sería la de generar confianza en que Colombia es un país con reglas estables, en el cual todos podemos confiar y en el que se justifica aumentar las inversiones”. A Mac Master no le suena coherente que desde lo público se busque reactivación y al mismo tiempo se genere inestabilidad política e incertidumbre.

“No hay la menor duda de que la constituyente es el escenario de mayor incertidumbre que puede enfrentar un país. Solo se justifica cuando la Constitución actual de una nación no le permite cumplir con los objetivos que se ha planteado una sociedad. En el caso de Colombia, no parecería correcto decir que la Constitución es la culpable de nuestros retrasos y obstáculos. Esas invitaciones, como la del acuerdo nacional, tienen que estar acompañadas de una voluntad de concertación que hoy no existe”, sostuvo el dirigente gremial.

Cada sector, desde su trinchera, tiene su paquete de pedidos para que se materialice la reactivación. Nidia Hernández, presidenta de Colfecar, coincide con la Andi en la necesidad de concertar medidas entre el sector público y privado. “Presentamos un compilado de estrategias sectoriales de reactivación, con propuestas recogidas y evaluadas por nuestras empresas afiliadas. El sector transportador viene enfrentando 1.090 bloqueos por cuenta de comunidades inconformes en las vías nacionales y urbanas, en el último año y medio; cierres viales por derrumbes y graves fallas en la infraestructura vial, inseguridad que limita el tránsito de los vehículos, y la desaceleración económica, que disminuye los volúmenes de carga”.

En ese contexto, para la vocera de Colfecar, “los puntos más importantes para la reactivación deben apuntar a seguridad, infraestructura, combustibles y un programa de renovación vehicular”.

Sin más demoras

Desde la esquina de las pequeñas y medianas empresas, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi en el Atlántico, dice que tampoco ven la convocatoria de una constituyente como algo positivo en medio de la necesidad de una reactivación que debe arrancar ya, sin más demoras. “El presidente dice que busca un gran acuerdo nacional para generar transformaciones. Cualquier gobierno de turno, sin marcar ninguno, necesita al empresariado. Solo así se pueden cumplir muchos compromisos sociales, ya que somos un Estado social de derecho”.

Las propuestas para la reactivación están, pero lo indispensable, a juicio de Quintero, es “la rapidez para definirlas e implementarlas, porque hay sectores que jalonan mucho más que otros, como construcción e infraestructura, que arrastran otras actividades en las que las Mipymes juegan un papel preponderante. Estamos convencidos de que lo que hay que hacer es moverse. Que el presupuesto se ejecute de forma acelerada, que se identifiquen los recursos de regalías que pueden utilizarse, para que municipios, departamentos y la nación pongan lo suyo. En Acopi estamos convencidos de que falta más acercamiento desde la institucionalidad y menos complejidad. Las oportunidades están. Ojalá se dé ese compromiso con la reactivación, pero de manera acelerada, pues hay que producir y vender”.

En el sector privado opinan que la reactivación no se hace realidad por decretarla. Jorge Bedoya, presidente de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia), además de manifestar que “el Gobierno desde que inició empezó a hablar de los famosos acuerdos y los consensos nacionales, pero tras dos años se ha visto muy poco de eso”, recibió con entusiasmo la reunión convocada por el director de Planeación, Alexander López, lo que, a su juicio, demostró un interés en el asunto. Sin embargo, teniendo en cuenta que desde lo público ya hay siete temas sobre la mesa para poner en marcha, insistió en que la construcción de dicho plan debe ser conjunta.

“El Gobierno, al final, es el que decide, pero que aproveche la experiencia de los gremios, que son los que conocen lo que sirve y lo que puede hacer daño. No se puede dejar por fuera de la conversación todo lo que suceda en el Congreso a partir del 20 de julio, porque la reactivación no se hace solo por decreto. Los proyectos de ley que se aprueben o se dejen de tramitar pueden tener efectos, ya sea como obstáculos o como aceleradores de una política de reactivación”.

Los debates sobre el tema son bienvenidos, pero no pueden quedarse en el tilín tilín sin que lleguen las paletas.