El cambio en el contrato de aprendices del Sena en la reforma laboral sigue generando controversia. ¿Castigo para los jóvenes?

Después de tensiones y discusiones, la reforma laboral fue aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente Gustavo Petro en un acto público en la Quinta de Bolívar, en Bogotá.

Allí, el jefe de Estado aseguró que miles de inspectores del Ministerio del Trabajo serán contratados para verificar el cumplimiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y aprobada por el Congreso.

“Debe aplicarse en toda empresa pública o privada, desde los medios de comunicación hasta las fábricas, desde el campo hasta el barrio popular. No hacerle caso a la ley es romper la democracia”, dijo el mandatario.

Aunque el debate ya se surtió, persisten preocupaciones por el impacto que pueda causar la reforma en el sector empresarial, pues los costos aumentarán. Inquieta, por ejemplo, el futuro en las micro y pequeñas empresas (mipymes), que no tienen la flexibilidad para absorber ese incremento, ni ajustar su planta de personal, como lo podría hacer, eventualmente, una empresa grande.

Otro de los puntos de mayor discusión ha sido el de los aprendices del Sena, cuyo contrato se convierte en un contrato laboral pleno, casi que duplicando los costos de contratación.

Un análisis de la firma Posse Herrera Ruiz calificó como “altamente perjudicial” este controvertido artículo de la reforma, para el proceso de crecimiento e incorporación a la vida profesional de miles de estudiantes jóvenes.

Anticipa el informe que si a los empresarios se les obliga a contratar aprendices como trabajadores con el costo, proceso y consecuencias que ello implica, muchos preferirán cerrar sus puertas a las prácticas profesionales y pagar la cuota de compensación.

“Contrario a beneficiar a los aprendices, les cierra las puertas, pero, eso sí, el Sena se convertirá en otra fuente de recaudo debilitándose como institución educativa. Recibirá dinero y dejará de formar jóvenes”, concluye.

En ese sentido, Anif se pronunció sobre este aspecto específico y señaló que la reforma convierte el contrato de aprendizaje en un contrato laboral pleno, elevando los costos de contratación en más del 105 %, al incluir todas las prestaciones laborales tradicionales. Con la reforma, se establece el 75 % del salario mínimo en la etapa lectiva y el reconocimiento del 100 % de un salario mínimo durante la etapa productiva en la empresa.

Mientras el contrato anterior solo contemplaba aportes de riesgos profesionales (ARL) durante la etapa productiva, la reforma incorpora la afiliación completa al sistema de seguridad social como trabajador dependiente.

Esto incluye aportes de pensión, y el reconocimiento integral de prestaciones tales como cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y prima de servicios. Estos costos adicionales alcanzarían los $ 2.204.727 mensuales, un valor mayor respecto a los $ 1.075.027 que establecía el contrato de aprendizaje.

“Al equiparar los costos de un aprendiz con los de un trabajador experimentado, las empresas perderán el incentivo económico para contratar jóvenes sin experiencia, optando por personal ya formado. Lo anterior compromete las oportunidades de primer empleo de millones de jóvenes, limitando a las empresas al cumplimiento mínimo de cuotas legales y reduciendo la contratación voluntaria”, asegura este centro de pensamiento.

Es decir, la reforma transformó radicalmente el contrato de aprendizaje, convirtiéndolo de una figura especial de vinculación laboral con fines formativos en un contrato laboral pleno.

Recuerda Anif que, desde 2002, el contrato de aprendizaje funcionaba como un puente estratégico entre la educación y el mundo laboral, caracterizado por su finalidad exclusivamente formativa y una estructura de costos diferenciada que beneficiaba tanto a estudiantes como a empresas.

“Lo aprobado en el artículo 23 cambia esta esencia, estableciendo que el contrato de aprendizaje ahora se regirá por las normas del Código Sustantivo del Trabajo como ‘un contrato laboral especial y a término fijo’”.

Para Anif, el impacto trasciende la vinculación de aprendices Sena, pues el contrato constituía un mecanismo versátil que articulaba diversos sectores educativos. “Los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2024 muestran que: 4 de cada 10 contratos beneficiaban estudiantes Sena, 5 de cada 10 a universitarios en práctica profesional, y 1 de cada 10 a estudiantes de instituciones privadas de formación laboral, evidenciando el amplio uso de esta figura dentro la población estudiantil”, señala el informe.

Y agrega: “En últimas, la conversión del contrato de aprendizaje en una relación laboral tradicional desconoce las particularidades del proceso formativo y los incentivos necesarios para promover el empleo juvenil. Al equiparar costos entre aprendices y trabajadores experimentados, la reforma elimina los incentivos económicos para la inserción de los jóvenes, convirtiendo la contratación en una obligación legal costosa. Esta distorsión llevará a que las empresas se limiten al cumplimiento mínimo de cuotas legales, eliminando la contratación voluntaria que beneficiaba a una población con mayores tasas de desempleo en comparación con la media nacional”.

Por su parte, de acuerdo con un informe realizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, de no adoptarse medidas específicas para los trabajadores menores de 28 años, la reforma podría elevar entre 3 y 5 % el desempleo juvenil.

Esta cifra se sustenta en proyecciones compartidas por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) y también está respaldada por indicadores oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que muestran que, pese a la leve mejora en el empleo, “la informalidad laboral en jóvenes sigue por encima del 56,8 %, mientras que la desocupación laboral para este grupo etario se ubica en 16,0 % al corte del trimestre febrero-abril de 2025, menor en 3,2 puntos porcentuales al número registrado en el mismo periodo del año anterior”, señala este centro educativo.

En este contexto, el análisis de la Universidad de San Buenaventura propone una vinculación laboral específica para este grupo de la población, con una duración limitada entre seis y doce meses, dirigido exclusivamente a personas menores de 28 años.

Este incluiría salario mínimo, afiliación obligatoria a salud y pensión, pero sin recargos nocturnos, dominicales ni obligación de indemnización por terminación anticipada. El propósito es crear una figura intermedia entre el contrato de aprendizaje y el indefinido, que facilite la entrada al mercado sin trasladar todos los costos al empleador desde el primer día.

“La reforma está diseñada para dignificar el trabajo, pero el primer empleo exige una aproximación flexible y gradual. Este contrato funcionaría como puente de entrada sin poner en jaque a las microempresas”, explica Pedro Villamizar, director del Consultorio Jurídico de la Universidad de San Buenaventura.