El debate jurídico derivado por los cambios en Mi Casa Ya. Abogados prevén demandas

El cambio de las normas por parte del Gobierno para acceder a subsidios como Mi Casa Ya causó un debate jurídico, ya que no previeron la debida diligencia y las consecuencias de ese tipo de decisiones.

Una de las omisiones más notables, asegura Camilo Cardona, socio de Derecho Inmobiliario y Urbanístico en Cuatrecasas, fue la falta de un régimen de transición para aquellos ciudadanos que bajo las reglas anteriores tenían una expectativa legítima de acceder al subsidio. “La decisión de modificar los requisitos, incluyendo la implementación de puntajes específicos del Sisbén, ha resultado en la exclusión de muchos colombianos que, con esfuerzo, habían ahorrado para adquirir vivienda propia”.

Resalta que el programa se destacaba por ofrecer una cobertura en la cuota inicial y un alivio en la tasa de interés del crédito hipotecario y que la alteración en los criterios de elegibilidad, centrada en los puntajes del Sisbén, provocó un alto número de desistimientos en los potenciales compradores de vivienda nueva.

Jacques Simhon, socio de CMS Rodríguez-Azuero, agrega que la derogatoria de la Resolución 1227 de 2023, expedida por el Ministerio de Vivienda, genera incertidumbre y conflictos legales, pues muchas familias que esperaban acceder al subsidio y ante los criterios de esta resolución podrían bajar en el orden de priorización, lo que daría lugar a litigios basados en la expectativa legítima y la protección de derechos adquiridos.

Por su parte, Melissa Castro, asociada de Garrigues, añade que el nuevo panorama resultado de estos ajustes desestimuló la demanda de nuevas viviendas, lo que, a su vez, afectó la generación de nuevos proyectos constructivos y el aumento de los inventarios de las constructoras. Esto representa enormes retos jurídicos en materia regulatoria e, inclusive, de responsabilidad civil y de protección al consumidor de vivienda.

Cardona, de Cuatrecasas, dice, además, que la estrategia de focalizar los subsidios en municipios de categorías 4, 5 y 6 representó un riesgo considerable, pues la infraestructura de estas poblaciones ha impedido el adecuado licenciamiento de proyectos por la carencia de servicios públicos esenciales y la limitada capacidad económica de los habitantes para invertir en tales desarrollos.

Respecto al tema, Juan Manuel González, socio de Pinilla, González & Prieto Abogados, señala que el Gobierno modificó la estructura de asignación y focalización del subsidio, buscando una mejor dirección hacia las regiones, basándose en la información del Sisbén. No obstante, las buenas intenciones, esto derivó en que su asignación sea lenta y difícil, demorando los flujos de los subsidios.

Sin embargo, opina que con un diálogo eficiente se puede conseguir el objetivo del Gobierno y simplificar el sistema a fin de aumentar la escala y dinámica de los proyectos.