En cuestión de días, Ecopetrol tendría que apagar la Refinería de Cartagena ante un inminente embargo de la Dian

A finales de 2024, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), sorpresivamente, emitió un concepto en el cual se estableció que la importación de gasolina y diésel tendría que pagar un IVA de 19 %.

La decisión derogó conceptos anteriores de la Dian y establece, para algunos de manera errada, que el IVA en la importación se determina de acuerdo con la base gravable general de las importaciones estipulada en el artículo 459 del Estatuto Tributario, desconociendo otras normas del mismo Estatuto Tributario.

En cumplimiento de esta determinación, Ecopetrol ha cancelado en impuestos en 2025 cerca de 550 millones de dólares y puso a hacer cuentas a la estatal petrolera sobre los impactos hacia el futuro.

Sin embargo, la Dian empezó a aplicar esta medida con retroactividad para los años 2022, 2023 y 2024, y la cifra para esas tres vigencias suma 1,5 billones de pesos.

De ese monto, la Dian ya notificó a Ecopetrol de la liquidación definitiva de 1,3 billones de pesos, que entró a cobro coactivo, hecho que genera una alta potencialidad de producir un embargo a las cuentas de Reficar entre los próximos 7 a 18 días, y apagar la refinería.

Este hecho podría conducir a dejar a la Costa Atlántica sin diésel ni gasolina jet, inicialmente. Reficar procesa 200.000 barriles diarios y más de 2.300 personas trabajan de manera directa.

Pero hay una preocupación adicional: Ecopetrol tiene pactados, en su estrategia de deuda de bonos, unos covenants (compromisos) en los que se establece que, si le llegan a embargar más de 100 millones de dólares, se traduciría en un incumplimiento de la deuda de Ecopetrol, y se harían inmediatamente efectivos los cobros por esa deuda, poniendo a la petrolera contra las cuerdas en materia financiera.

Aunque los directivos de la estatal petrolera se han reunido con los ministros de Hacienda y los directores de la Dian desde el momento de la toma de decisión, no ha pasado nada, según conoció SEMANA.

Una segunda instancia en el impacto de la medida sería contra Ecopetrol por 7,5 billones de pesos y esa situación podría llevar a apagar algunos campos y hasta la refinería de Barrancabermeja.

Desde ayer, Ecopetrol alista una batería jurídica para evitar los cierres y tener que apagar las refinerías y los campos. Los mecanismos jurídicos son a través de tutelas, una radicada el miércoles en la tarde por parte de la empresa y otra que instaurará la Unión Sindical Obrera (USO) para proteger el empleo y por el derecho al trabajo de más de 2.000 empleados. Además, habrá una demanda de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Bolívar contra la decisión de la Dian.

Explicación jurídica

Después del concepto de la Dian de diciembre de 2024, la Administración de Aduanas de Cartagena ordenó su aplicación retroactiva a las importaciones de combustibles de los últimos tres años, expidió los Requerimientos Especiales Aduaneros y, posteriormente, profirió las liquidaciones del IVA por un monto aproximado de 7,76 billones de pesos, lo que la convierte en la controversia tributaria de mayor cuantía en la historia del país.

De acuerdo con un documento que conoció SEMANA, para Ecopetrol no ha existido detrimento fiscal: “El IVA objeto de la controversia fue íntegramente pagado en la primera venta. Pretender exigirlo nuevamente implicaría un doble cobro y, por ser extemporáneo, no sería imputable como impuesto descontable ni susceptible de compensación en la cuenta corriente del IVA de ambas empresas, convirtiéndose en una carga adicional con sus correspondientes sanciones e intereses”.

Agrega que, además de vulnerar la normativa tributaria interna, Colombia ratificó el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), del cual hacen parte hoy más de 160 países y que tienen una participación del 98 % del comercio mundial. Este acuerdo exige publicación previa y prohíbe aplicar con efectos anteriores a su publicación las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas de aplicación general relativas a derechos de aduana, procedimientos más gravosos y cargas conexas en la importación.

Antecedentes

La historia se remonta al interés del Gobierno de gravar al sector petrolero y al carbonero. En la primera reforma tributaria de la administración Petro, la Corte Constitucional tumbó el artículo que prohibía deducir las regalías del impuesto sobre la renta para las empresas de petróleo y carbón, declarándolo inconstitucional y permitiendo nuevamente su deducción como costo.

En todas las iniciativas tributarias, el Gobierno ha incluido al sector minero-energético; como, por ejemplo, en el decreto de conmoción interior para el Catatumbo, se creó un impuesto especial con una tarifa del 1 % sobre el valor de la venta en Colombia o la exportación de hidrocarburos y carbón.

Ante las dificultades fiscales del país y las cuentas que no cuadran, desde finales del año pasado el Gobierno, vía administrativa, empezó a buscar caminos para, como lo definen algunos expertos, “hacer una reforma tributaria por la puerta de atrás”.

En el pasado, analistas del sector, para el caso de la importación de combustibles, explicaron que, si se suma la gasolina y el diésel, la suma es de cerca de 21 billones de pesos que tendría que pagar Ecopetrol. Eso llevaría a que la empresa, como señaló un experto, no dé dividendos entre 3 a 4 años. “¿Y qué significa no dar dividendos? Dar pérdida. ¿Y qué significa dar pérdida? Pues significa que no puede en un momento determinado hacer la función que es invertir en nuevos proyectos y la empresa se empieza a desgastar”.