En este cuatrienio, ¿tendrá el agro su gran oportunidad?

Muchos gobiernos han intentao, sin éxito, mejorar la prosperidad del campo colombiano para que se convierta en una despensa alimentaria local e internacional. Hoy solo se utiliza 18 por ciento de las casi 40 millones de hectáreas fértiles del país, según cifras de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra). Aumentar ese número es una de las apuestas del Gobierno actual.

La ministra Cecilia López quiere sembrar comida en todo el país. Para ello, puso en marcha el grupo de la reforma agraria, con el fin de acelerar la titulación de tierras. Ella presidirá el grupo y también estará Daniel Rojas, director de la Sociedad de Activos Especiales, así como funcionarios de otros ministerios. Sin embargo, se necesitan más que buenas intenciones, dado que se debe trabajar en muchas áreas para que el agro dé el salto productivo que necesita el país.

En el frente del comercio exterior está la incertidumbre por los Tratados de Libre Comercio (TLC) –en especial el que se tiene con Estados Unidos–, pues son vitales para las exportaciones agrícolas. Un análisis de Bancolombia asegura que de ser suspendido el TLC con Estados Unidos, los floricultores se verían perjudicados, pues las exportaciones anuales de flores a dicha nación suman casi 1.300 millones de dólares. Así mismo, podrían tambalear la porcicultura y la avicultura, que dependen de la provisión de materias primas importadas como el maíz. Ante la ausencia del TLC, estas compras externas se verían forzadas a regresar al Sistema Andino de Franjas de Precios. “Para las empresas de alimentos balanceados y proteína animal significaría un beneficio perdido que podría impactar el costo de producción y los precios de venta. Además, podríamos perder atractivo como destino de inversión extranjera”, asegura el informe de Bancolombia.

Pese a lo anterior, José Francisco Mafla, socio de Brigard Urrutia, considera que las perspectivas de exportación para el sector agropecuario son positivas. Con la reapertura de las relaciones entre Colombia y Venezuela el flujo comercial se verá beneficiado. “Venezuela fue por muchos años el principal comprador de productos agrícolas y agroindustriales colombianos. Esto, sin embargo, tiene retos y dificultades que habría que analizar en cada caso particular, pero tener nuevamente a Venezuela como comprador es muy significativo”. Además, Mafla cree que “seguramente, veremos en el Plan de Desarrollo diferentes instrumentos que ayudarán a promover la producción agrícola en condiciones más competitivas”.

¿Qué viene?

Juan Carlos Rocha, socio de PPU, asegura que el sector agro ha sido tradicionalmente víctima de la inacción del Gobierno y del Congreso. “En justicia deben reconocerse algunos esfuerzos aislados, pero no hay una visión integral y de largo plazo. No se trata solo de promover reformas agrarias, se requiere también del acompañamiento en materia de infraestructura, financiación, centros de acopio, formalización laboral, bancarización y, en general, un plan global de acción que responda a un propósito principal”, puntualiza. Para lograr un campo más organizado que logre lo que este Gobierno quiere, se necesitan varios componentes. Según Sebastián Gallo, asociado de PPU, se deben actualizar los pilares contenidos en la Ley 160 de 1994 (última reforma agraria) y despejar la incertidumbre en materia de propiedad rural. “La fragilidad a la que está expuesto el derecho de propiedad en el campo colombiano hace virtualmente imposible un desarrollo pacífico, articulado y de largo plazo; también se requiere que la Agencia Nacional de Tierras culmine el censo o inventario de los bienes baldíos que pertenecen a la Nación, con lo cual cesarán las disputas sobre el derecho de propiedad en muchas regiones del país”, precisa Gallo.

Ya no hay campesinos

A los desafíos anteriores se suma la falta de mano de obra para trabajar la tierra. Según algunos estudios de los gremios agrícolas, la población rural viene en una preocupante tendencia a la baja por el desplazamiento a las zonas urbanas y suburbanas. Muchas razones explican esta situación: la violencia ejercida por todos los grupos ilegales, la ausencia o precaria infraestructura, la informalidad laboral y las economías subterráneas, como el narcotráfico y el microtráfico, entre otros. Para Gallo, “el retorno al campo se asegurará cuando al campesino, a los indígenas, a los afros y a los demás grupos de interés les aseguren unas condiciones laborales formales”.

El tema es hacer una verdadera intervención en el campo, para que los conflictos sobre la propiedad de la tierra se resuelvan, se asegure la infraestructura y se respeten las condiciones de los trabajadores rurales de la misma manera que se hace las de los urbanos.

Por ahora, la ministra López definió las 13 líneas de trabajo complementarias a la reforma agraria, las cuales servirán para mejorar la comercialización, el financiamiento y la inclusión de los pequeños productores. Entre esos se pueden mencionar el establecimiento de cadenas productivas que vinculen a los grandes, medianos y pequeños productores, la reforma estructural al crédito agropecuario con conectividad digital, tema que liderará el Banco Agrario, y unas reformas a Finagro para posibilitar más crédito a las cooperativas; además, se reducirá el costo de los insumos del sector agropecuario con un crédito del Banco Mundial por 50 millones de dólares, entre otros.

Como dicen en el campo… amanecerá y veremos.

Semillas mejoradas

Recientemente se abrió un debate alrededor de si es correcto prohibir o permitir la implementación de programas e incentivos a las semillas mejoradas transgénicamente. En pasadas legislaturas se ha intentado prohibir su producción, comercialización, importación o exportación, lo que incluso pasaría por modificar el artículo 81 de la Constitución. Sin embargo, esta idea no ha prosperado porque estudios técnicos internacionales han demostrado que las semillas modificadas resisten los cambios climáticos y las plagas y han potenciado el crecimiento de cultivos en muchas jurisdicciones. Solo en Colombia, según informaciones oficiales del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), para 2021 se sembraron más de 150.000 hectáreas de cultivos transgénicos, que suponen un incremento anual de más del 30 por ciento.

El uso de semillas mejoradas viene aumentando la competitividad en el campo, es una fuente de desarrollo, promueve la ciencia y la tecnología y coincide con tendencias globales. Así lo asegura el gerente de la Asociación Colombiana de Semillas y Biotecnología (Acosemillas), Leonardo Ariza. Agrega que se debe apoyar la coexistencia de diferentes modelos tecnológicos de producción, desde el autoconsumo y la economía familiar campesina e indígena, hasta los modelos agroempresariales de mediana y gran escala. “Siempre velando por la conservación del medio ambiente, esto con el fin de fortalecer la seguridad alimentaria y la sustitución de importaciones de productos agropecuarios”, asegura.