En los últimos seis años, 6.263 colegios han cerrado sus puertas. Baja natalidad, una de las culpables

Tras conocerse los datos de la caída continua en la natalidad en el país, se encendió la discusión. El Dane señaló que, en 2024, Colombia tuvo 445.011 nacimientos, 13,7 por ciento menos que en 2023, es decir, 70.538 menos alumbramientos. Según la entidad, este es el volumen de nacimientos más bajo de la última década, con 32,7 por ciento menos de nuevos colombianos que en 2015.

Para Anif, aunque menores tasas de natalidad están asociadas con un mayor ingreso per cápita, en Colombia la natalidad es baja con respecto a su nivel de ingreso. Además, advierte que el envejecimiento de la población que resulta de la caída en los nacimientos y del aumento en la esperanza de vida puede afectar el crecimiento potencial de la economía, en la medida en que disminuye la fuerza laboral y la inversión en capital. “Medidas que favorezcan la inclusión de la población mayor en la actividad productiva podrían mitigar este efecto”, anticipa este centro de pensamiento.

De acuerdo con el BBVA Research, la pirámide poblacional se está invirtiendo y las consecuencias no solo serán en términos de cifras, sino de transformaciones profundas en la economía. Por ello, advierte que el envejecimiento demográfico es una realidad que exige un enfoque multisectorial y políticas integrales que minimicen los riesgos económicos, y anticipen las tensiones que ya se vislumbran.

El sector educativo tendrá que enfrentar esta coyuntura. Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana considera que la caída continua en los nacimientos en Colombia (situación que también se viene presentando en otros países similares y desarrollados, incluso en la Ocde) junto con la mayor esperanza de vida ha producido un cambio en la composición demográfica de la población en el país. Eso quiere decir que cada vez más se amplía la parte alta (cima) de la pirámide poblacional (aumenta el porcentaje de personas adultas mayores o en etapa no productiva) y en paralelo se reduce la base de la pirámide (se reduce la participación de personas jóvenes o en etapa productiva).

“Entre las consecuencias directas que esto ha traído se encuentra la reducción también continúa en la matrícula en la educación regular, tanto en el sector oficial como no oficial, por lo que la demanda educativa se ha reducido año tras año. Esta reducción en estos niveles educativos finalmente se trasladará también a la educación terciaria. Por tanto, un efecto directo en la caída de los nacimientos es la menor demanda por educación en los diferentes niveles”, señala la experta a SEMANA.

La caída en la natalidad en Colombia es una tendencia que se ha mantenido desde inicios de la década pasada, impactando el llamado bono demográfico, agrega Bernal. Y para ella, uno de los efectos más evidentes de este cambio es la reducción en la matrícula total en educación regular. A comienzos de la década de 2010, el número de estudiantes superaba los 11 millones, mientras que en 2023 se redujo a 9,8 millones, reflejando el impacto directo de la baja natalidad en el sistema educativo.

Ante una menor demanda, la oferta también se afecta. El LEE, en materia de colegios, en una solicitud de información que hizo al Ministerio de Educación, encontró que en 2019 habrían cerrado sus puertas un total de 890 establecimientos educativos en el país; en 2020 un total de 830 cerraron; para el 2021 se alcanzó el registro más alto de cierre con 1.780 establecimientos; en 2022 cerraron sus puertas 1.399; en 2023 un total de 1.190, y en gran parte de 2024 cerraron unos 174 establecimientos.

“Esto quiere decir que, en los últimos seis años, 6.263 sedes educativas han cerrado, de las cuales, 2.446 (el 39,1 por ciento) son no oficiales y 3.817 (el 60,9 por ciento) son oficiales. Esta cifra representa cerca del 12 por ciento con relación al universo de sedes educativas en el país. Aunque ha habido creación de colegios, la nueva oferta no compensa en número, y en ocasiones en calidad, la que ya no está”, asegura Bernal.

Para ella, la radiografía de la situación es clara: los establecimientos educativos que conforman la oferta educativa han venido percibiendo menores ingresos por concepto de matrículas, que ante unos costos fijos hacen que la provisión de la educación y mantenerse a flote, manteniendo la calidad, sea todo un desafío. “La situación económica ha llevado a que algunos establecimientos educativos a lo largo y ancho del país se vean obligados a cerrar sus puertas, afectando a los niños y niñas que estudian ahí. Por tanto, un efecto directo negativo de la reducción en la natalidad es que, ante la menor demanda educativa, se tiene menos matrícula y menos ingresos operacionales y no operacionales”, asegura.

Este cierre de colegios, afirma Bernal, produce efectos negativos directos como el hecho de que parte o todo el personal docente y administrativo quede desempleado o en el mejor de los casos, sea reubicado; así como indirectos como el que tendrá niños, niñas y adolescentes que están dentro del sistema educativo y ya no cuentan con la institución y si no existe otro establecimiento similar o cercano al lugar de residencia del estudiante, aumentan sus probabilidades de no volver al colegio, y con ello, se incremente la deserción escolar.

No obstante, el cierre de colegios en Colombia, tanto oficiales como no oficiales, responde a una variedad de factores que, en algunos casos, son coincidentes y en otros, difieren de manera significativa para los dos sectores.

Explica Bernal que el cierre de colegios oficiales suele estar vinculado a decisiones gubernamentales relacionadas con la racionalización de recursos. El Estado puede optar por cerrar una institución educativa pública si no cuenta con un número suficiente de estudiantes, buscando así reubicar a los alumnos en colegios cercanos. Entre otras razones que pueden llevar al cierre de estas instituciones se encuentran la escasa flexibilidad presupuestal que enfrentan los rectores para reasignar recursos y responder de manera eficiente a las necesidades operativas, limitando su capacidad de adaptación. Sin la libertad para reorganizar presupuestos o implementar innovaciones pedagógicas, muchos colegios no logran optimizar sus recursos, lo que contribuye a deteriorar la calidad educativa y, eventualmente, a la decisión de cerrarlos.

“En áreas remotas o afectadas por el conflicto armado, el déficit de profesores y directivos educativos es un problema perenne. La dificultad para atraer y retener talento en estas regiones impacta directamente en la operación de los colegios. Además, la frecuente ausencia de estudiantes debido a la inseguridad agrava esta situación, lo que culmina en el cierre de instituciones que no pueden funcionar de manera adecuada”, dice Bernal. Y agrega que los presupuestos limitados contribuyen a este escenario, ya que impiden mejorar la infraestructura y los recursos, perpetuando así un ciclo de deterioro y baja demanda.

A su vez, el cierre de colegios no oficiales (privados) se asocia principalmente a problemas de sostenibilidad financiera. Al depender en gran medida de las matrículas y otros ingresos privados, cualquier caída en la demanda puede desencadenar dificultades económicas que comprometen su operación, asegura la experta de la Universidad Javeriana.

“La regulación de tarifas impuesta sobre el servicio educativo privado, por un lado, alivia los costos que asumen los padres de familia; sin embargo, por otro lado, limita la capacidad de los colegios para ser financieramente sostenibles sin afectar negativamente la calidad. Esta situación ha llevado a la insostenibilidad de algunos establecimientos educativos”, asegura.

La caída en la natalidad, según Bernal, puede generar también algunas oportunidades. Por ejemplo, podría representar una oportunidad para fortalecer la calidad educativa en lugar de enfocarse solo en la cobertura. “Con menos estudiantes por aula, se pueden implementar estrategias de enseñanza más personalizadas y mejorar la formación docente. Además, este cambio permite reconfigurar el sistema educativo, optimizando la infraestructura y redistribuyendo los recursos para garantizar una educación más equitativa y eficiente. Al mismo tiempo, la menor demanda en educación regular abre espacio para expandir la formación continua y la educación para adultos, respondiendo a las necesidades de una población que requerirá aprendizaje a lo largo de la vida para mantenerse activa en el mercado laboral” añade en su análisis.

Además, este panorama recurrente en materia de natalidad, trae también tareas para el Gobierno Nacional y las autoridades locales, pues deben adoptar estrategias que permitan una transición ordenada y sostenible en el sistema educativo.

“Es fundamental planificar la reestructuración del sistema escolar, evaluando la fusión de colegios con baja demanda y la optimización de la infraestructura para evitar cierres abruptos que afecten a las comunidades. Además, se debe garantizar una redistribución eficiente de los docentes, ofreciendo formación y reubicación en áreas donde aún se requieren sus servicios. Asimismo, las políticas educativas deben alinearse con estrategias de desarrollo regional, garantizando que la transformación del sistema responda a las necesidades del país en el largo plazo”, explica Bernal.

También, afirma, la directora del LEE de la Universidad Javeriana, se pueden desarrollar currículos que respondan a las necesidades de una población estudiantil más pequeña y diversa, incorporando programas que atraigan a estudiantes de diferentes contextos y que fomenten la retención o permanencia escolar.

“En este sentido, reconfigurar el uso de las instalaciones educativas para adaptarse a la nueva realidad demográfica, y, también, implementar programas que incentiven la matrícula, como becas, actividades extracurriculares atractivas, y programas de apoyo para familias en situación de vulnerabilidad. También hay otros mecanismos como colegios en concesión o bonos escolares, es decir, un apoyo monetario por un porcentaje del costo de la matrícula de una institución no oficial de alta calidad, especialmente en áreas donde los colegios oficiales están congestionados (por ejemplo: salones de 40 estudiantes). Este bono podría ser algo menor al costo del cupo escolar en una institución oficial, de modo que las familias puedan ver ampliada su oferta y se promueva la calidad tanto en oficiales como no oficiales”, agrega.

Finalmente, Bernal advierte que es clave implementar un sistema continuo de monitoreo demográfico que permita anticipar cambios en la población “y ajustar las políticas educativas de manera proactiva”; y realizar evaluaciones del impacto de las políticas implementadas para ajustar estrategias y garantizar que se aborden adecuadamente las necesidades de la población escolar.