Estos son los posibles impactos si la Corte Constitucional decide tumbar la reforma pensional

Inés Pérez es una de los 48.248 colombianos que han hecho uso de uno de los primeros cambios que trajo la reforma pensional. Ella se encontraba en medio de un pleito judicial pidiendo que le permitieran regresar al régimen público de pensiones, del cual se había ido para trasladarse a un fondo privado, con la promesa de poder pensionarse cuando quisiera. Inés no se trasladó a Colpensiones antes de los 47 años, como lo estipula la ley en el caso de las mujeres, pues se quedó esperando que le cumplieran la promesa de poder pensionarse cuando quisiera. El problema fue que no le explicaron que para lograr esa meta debía ahorrar muchísimo más de lo que establecen las normas.

Al irse acercando a los 57 años, edad de jubilación femenina en Colombia, se dio cuenta de que no le convenía el fondo privado, dado que allí su mesada sería mucho menor que la que tendría en Colpensiones, donde los pensionados reciben subsidio. Como ya había pasado la edad permitida para hacer el cambio, debió recurrir a un abogado, pero en medio de ese proceso fue aprobada la reforma pensional (ley 2381 de 2024), la cual dio un plazo de dos años para que todos aquellos en su misma situación se pudieran cambiar sin necesidad de abogados.

Se estima que alrededor de un millón de colombianos podrían aprovechar esa ventana de traslado, pero aún muy pocos han usado este mecanismo y los que ya lo hicieron ahora temen que su traslado quede en veremos, dado que se conoció que en la Corte Constitucional, que está evaluando la exequibilidad de la reforma, se estudia una ponencia negativa que podría tumbarla por completo. Un exmagistrado de la Corte considera poco probable ese escenario argumentando que, más que un debate legal o constitucional, el tema se ha convertido en una discusión política. Esto se debe a que, siendo la única reforma social del Gobierno de Petro que ha sido aprobada, anularla en la Corte supondría desafiar al Gobierno y agudizar el choque de poderes.

En concepto del exmagistrado, las dos opciones más probables serían la devolución de la reforma para que se discuta en plenaria de la Cámara de Representantes, que es el vicio de trámite por el que fue demandada, o que se declare exequible.

De todas maneras, si llegara a darse la caída completa de la reforma, el jurista consultado piensa que a las personas que ya se les reconoció el traslado por vía administrativa tendrían un derecho adquirido que se debería respetar. Lo mismo opina el abogado laboralista Misael Triana. “Nuestro sistema jurídico establece que cuando una ley es declarada inexequible por la Corte Constitucional, los efectos que produjo dicha ley mientras estuvo vigente se mantienen, más aún cuando se reconocen derechos individuales”, sostiene y agrega que, por ende, las personas que están haciendo uso de la nueva ley no tendrían de qué preocuparse.

Hay otro grupo de ciudadanos que estarían entre los primeros beneficiados con la reforma pensional y son las mujeres. En una sentencia de 2023, la Corte Constitucional redujo la exigencia de 1.300 semanas de cotización que se les hace a las colombianas para tener derecho a una pensión, con el objetivo de que paulatinamente fuera bajando hasta llegar a 1.000 semanas en 2036. Se aprovechó entonces la reforma pensional para incluir este tema y en el artículo 32 se estableció el cronograma de reducción de semanas, de tal manera que desde el primero de enero de 2025 las mujeres se pueden pensionar con 1.275 semanas, es decir, seis meses antes de lo usual.

No hay estadísticas de cuántas mujeres han aprovechado esta gabela en el tiempo que lleva vigente la ley pensional, pero según los expertos consultados, a ellas también, en teoría, se les respetaría ese derecho adquirido, más si se tiene en cuenta que usualmente los efectos de una declaración de inexequibilidad suelen ser hacia futuro y no retroactivos.

La mirada de los fondos

Desde los fondos privados de pensiones, agremiados en Asofondos, consideran que no se impactaría la cobertura, pues la reforma no la mejora. Esta crece por el pilar solidario, el cual implica una ampliación del programa Colombia Mayor, que se puede agrandar mediante un decreto; no se necesita una reforma.

Tal vez sí habría impacto en equidad, dado que la reforma reduce los subsidios pensionales a cargo del Estado, que pasaron de un máximo de 25 salarios mínimos a solo 2,3. “Ese cambio aumenta el pasivo pensional a cargo de la nación, que antes de la reforma era del ciento por ciento del PIB y ahora es del 160 por ciento, según diversas estimaciones. Entonces, si se cae la reforma, esa deuda se reduciría”, explica Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Con respecto al impacto que tendría la caída de la reforma entre sus afiliados, dice que de entrada perderían las inversiones que han hecho para ajustarse al nuevo sistema, pero que, más importante que la decisión final de la Corte, lo que se requiere es que esta sea rápida para que se puedan definir las nuevas condiciones del régimen pensional del país.

Mientras la Corte toma su decisión, que ha estado demorada por la discusión del impedimento que presentó la magistrada Diana Fajardo, quien usó la ventana para trasladarse a Colpensiones después de los 47 años, el tiempo va corriendo y ya solo quedan cuatro meses para que se expidan todos los decretos reglamentarios asociados a la reforma.

Por ahora, se han expedido dos decretos (entre ellos, el que establece la creación de las Accai, que son las que administrarán el ahorro de quienes ganen más de 2,3 salarios mínimos) y se han publicado dos borradores de decreto, uno que establece normas generales y otro sobre el fondo de ahorro que administrará el Banco de la República.

En Asofondos señalan que no está claro cómo se gestionará la competencia entre Colpensiones, que podría estar integrada verticalmente en la industria y las demás Accai. Esto se debe a que la administradora pública tendría acceso a toda la información de los usuarios y sería la primera en enterarse si una persona comienza a ganar más de 2,3 salarios mínimos. Esto le permitiría ser la primera en ofrecer sus servicios de Accai, dejando a sus competidores sin la oportunidad de presentar sus propias propuestas.

También hay dudas sobre los costos asociados a los casos de quienes deciden renunciar al régimen de transición porque les conviene más lo que está en la ley. En esto hay mucha casuística, pero sería el caso de una mujer que al primero de julio de este año ya tendría las 750 semanas cotizadas para acceder al régimen de transición, pero está sin trabajo. Como tiene hijos, le convendría poder hacer uso de la reducción de semanas que les da la reforma a las mujeres con descendencia.

Asimismo, hay mujeres y hombres a los que les beneficiaría la pensión anticipada que crea la reforma, según la cual si tienen más de 62 y 65 años, respectivamente, y más de 1.000 semanas, se pueden pensionar y de su mesada les irían descontando los aportes hasta llegar al mínimo exigido que son 1.300 semanas. A ellos también les convendría renunciar a la transición.

En Asofondos destacan que el borrador de decreto aclara cómo funcionarán las comisiones para su industria. De un lado, se establece que la comisión por saldo, que se cobrará sobre el dinero que quedará en sus manos hasta el momento que las personas se pensionen, será del 0,55 por ciento e irá subiendo gradualmente al 0,7 por ciento en 2041; pero, del otro lado, se dice que esa comisión no se podrá cobrar por lo que esté ahorrado en el fondo de garantía de pensión mínima, en las cuentas de ahorro individual de transición y ni en las de retiro programado. “Eso implica que no se va a comisionar sobre un saldo promedio de 450 billones de pesos, sino de 219 billones”, precisa Velasco. De igual manera, la comisión que podrán cobrar las Accai por manejar los aportes que estén por encima de 2,3 salarios mínimos se fija inicialmente en 0,8 por ciento, pero convergerá a cero en 20 años. “Con esta decisión, va a ser complicado fomentar la competencia, porque la industria se aprieta”, reitera el dirigente gremial.

Paralelamente, el abogado Triana alerta sobre un artículo del borrador de decreto que cambia la cantidad máxima de semanas con la que se puede liquidar una pensión. Lo primero que advierte el experto es que ese borrador no tiene por qué modificar, eliminar ni adicionar algo que no está en la ley, solo debe reglamentarla y hacerlo es un “error garrafal”.

Lo segundo es que la intención es limitar las semanas cotizadas hasta 1.800, pero ya varias sentencias han establecido que para liquidar las pensiones se debe tener en cuenta la totalidad de semanas cotizadas. Si bien la tasa de remplazo máxima es de 80 por ciento, este cálculo se hace teniendo en cuenta las semanas y el salario, si este es alto, la tasa de remplazo es más baja, por eso, si se cotizan más semanas, se puede llegar a una mesada más alta.

Por ahora, la pensional tiene más dudas que certidumbres y personas como Inés Pérez están en vilo frente a las futuras decisiones de la Corte Constitucional.