Gobierno se compromete a pagar un billón de pesos por subsidios de energía. Se desactiva el riesgo de apagón, pero la crisis continúa

El consejo intergremial de energía anunció este jueves, 6 de febrero, que el Ministerio de Hacienda se comprometió a pagar un billón de pesos de subsidios para las empresas de energía, desactivando así el riesgo inmediato de apagón. Es importante precisar que dicho pago de subsidios corresponde a la vigencia del 2024 y aún no está claro si aquí se incluye el pago de subsidios de gas.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, celebró este pago, pero aseguró que no es suficiente y que es necesario tomar decisiones estructurales.

Los pagos se harán de acá a abril en cuotas así: 200.000 millones, 350.000 millones, 250.000 millones y otros 200.000 millones.

Sánchez señaló que el pasado miércoles hubo una reunión con el contralor general, el procurador y con el ministro de Hacienda que permitió destrabar este proceso.

Sin embargo, resaltó que a la reunión no asistió el ministro de Minas y Energía, y manifestó que el Ministerio de Hacienda dará una partida global, pero es precisamente el Ministerio de Minas el que destina los recursos.

Dijo que el MinMinas no ha dicho la verdad al decir que han pagado los subsidios, cuando esos giros no se han hecho.

Asocodis dijo que la deuda es de 7,4 billones de pesos a las empresas comercializadoras y distribuidoras. “La crisis continúa”, dijo José Camilo Manzur, presidente del gremio, y aseguró que la deuda sigue aumentando. “Seguimos con el déficit de diciembre, no vemos que estén apropiados los recursos”, enfatizó.

Agregó Manzur que, si no se tienen los recursos, no se podrían cumplir con compromisos de compra de energía o se dejaría de cubrir los subsidios para los estratos 1, 2 y 3. “Si no hay más subsidios en Chocó, los precios para estos estratos subirían 140 %, y en la costa aumentarían en 100 %. Cerca de 40 millones de colombianos reciben subsidios”, agregó.

“Hay que evitar una pandemia eléctrica. En el largo plazo hay que corregir problemas de focalización”.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, advirtió que no solo se trata de un apagón financiero y a la incertidumbre climática se suma la incertidumbre normativa.

“Entendemos la preocupación del Gobierno de bajar tarifas, pero intervenir el mercado va a poner en riesgo las nuevas inversiones, generará litigios internacionales y pone en riesgo la prestación del servicio. Si queremos mejores precios, necesitamos más energías y proyectos”.

Explicó que hay un atraso de cinco años para la entrada de casi 6.000 megavatios nuevos entre ellos los proyectos renovables de La Guajira. “Esto nos debe preocupar a todos. Esta demora sistemática de los últimos años ha hecho que el margen de oferta y demanda se está haciendo cada vez más estrecho que pone un escenario de energía crítico para 2026 y 2027, tanto que ninguna planta pondría entrar en mantenimiento”, aseguró Gutiérrez.

La presidenta de Acolgen pidió una subasta de expansión que permita crecer en las tecnologías tradicionales. No nos podemos olvidar de las térmicas, ni de las hidráulicas”.

Para Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia, que agrupa los renovables, “se necesita triplicar lo logrado hasta ahora en renovables y son imprescindibles para que el país no se apague porque son las que pueden entrar más rápido, si los trámites lo permiten”.

Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, cuando el presidente dice que se cambia el esquema tarifario, no es cierto. “Expidieron una resolución que cambia las reglas del juego, y eso no genera incentivo para invertir en el país. La resolución no está en firme y tiene implicaciones”, dijo.

Castañeda aseguró que la Creg no puede cambiar las condiciones sobre las que las empresas se comprometieron a darle confiabilidad al sistema. “No tiene efecto de arranque, pero sus efectos son nocivos. Lleva a un cambio en la formación del precio. Eso es demandable, las empresas van a ir a espacios internacionales y en Colombia para hacer respetar sus inversiones”, señaló.

Castañeda advirtió que Air-e debe 900.000 millones de pesos al mercado. “Hay que disponer de recursos desde la Superservicios, para que esa empresa siga honrando sus obligaciones. Esto es una cadena y si un eslabón se para, para toda la cadena”.

Y puntualizó: “Si el Gobierno no hace gestión, vamos a estar abocados a racionamiento desde lo financiero o desde lo técnico, estamos muy apretados en generación. Por eso, en abril pasado estuvimos a 15 días de apagarnos. Hay que dejar los sesgos, sino en 2027 y 2028 este país estará apagado”.

Sánchez reiteró su invitación al diálogo con el ministro de Minas, con quien no ha tenido ningún acercamiento en cerca de un semestre.

La compleja situación del sector de energía eléctrica tiene en ascuas al país. Varios frentes han encendido las alarmas. El primero, la situación de las distribuidoras. Según cálculos de Asocodis, gremio que representa a las distribuidoras y comercializadoras, hay saldos por cobrar cercanos a 7 billones de pesos: 3,4 billones corresponden a la opción tarifaria con corte a noviembre de este año; 2,4 billones provienen de subsidios asignados, pero aún pendientes de pago del Gobierno; 200.000 millones se deben al mayor precio de bolsa, y 1 billón corresponde a deudas acumuladas por usuarios oficiales.

La amenaza es un riesgo sistémico por esta situación y que se materialice un “apagón financiero”, como se dio a principios de año en Puerto Inírida, pero que escale a otras distribuidoras como las de la costa Caribe Air-e (hoy intervenida por el Gobierno), y Afinia, en la que su dueño (EPM) ha advertido serios problemas financieros.

Por el lado de la transmisión, las alertas las ha manifestado Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán ha advertido que, ante las dificultades en materia ambiental en el desarrollo de dos líneas de transmisión para traer energía, proyectos industriales, residenciales, comerciales y de data centers tienen la energía condicionada.

Hacia el mediano y largo plazo el nerviosismo se centra en que la oferta de generación y la demanda se acercan, y no hay nuevos proyectos que entreguen energía en firme que estabilice el sistema, pues la subasta anterior adjudicó más de 4.000 megavatios, pero en energía no convencional, que no tiene firmeza y hoy avanza una subasta de reconfiguración. Es decir, no solo habría estrechez en el mercado, sino que podría darse un déficit de energía. Por ello, es clave que para 2025 el Gobierno avance en una nueva subasta y dé las señales de inversión para los próximos años y evitar escenarios de desabastecimiento.

A esto se suma, el alarmante panorama en materia de gas. Colombia terminó el año pasado con un déficit de oferta en firme que obligó a la importación para mercados esenciales como el residencial, el vehicular y la industria. Ya desde mediados de la década pasada se importa gas para las plantas térmicas de la costa Caribe que les permite atender sus compromisos de confiabilidad. Hay cambios regulatorios que permitirían incorporar gas de campos nuevos, pero la inquietud en el mercado es por la disponibilidad de gas en firme, que no sea interrumpible y que no afecte el suministro.

De hecho, el pasado miércoles, Vanti, una de las distribuidoras de gas más importantes del país, anunció un incremento en las tarifas de gas natural de cerca del 36 %, por cuenta del gas que fue necesario importar para garantizar el suministro y la operación.