Guillotina a los subsidios. ¿A qué le juega el gobierno con los recortes a los recursos para financiarlos?

Cada día parece agrandarse más la cadena de reclamos de las empresas que prestan servicios públicos en Colombia.

El Gobierno les debe a esas compañías buena parte de los subsidios ya causados a los hogares de estratos 1, 2 y 3, que, por años, han tenido apoyo del Estado para cubrir el consumo de luz y gas, tanto el que llega a las casas como el que se compra en cilindros en las regiones donde no hay tubería.

Desde la percepción ciudadana, hay una especie de ‘mutilación’ de subsidios, lo que ha desatado una avalancha de cartas y pronunciamientos que van y vienen, y esta semana no fue distinto.

Alejandro Martínez, presidente del gremio Gasnova, que agrupa al sector de gas licuado de petróleo-GLP, en el que se asocian empresas que distribuyen el gas en pipetas, sacó a relucir el pendiente que el Gobierno tiene con ellos, luego de haber suspendido los pagos de subsidios al GLP desde julio de 2024, con lo cual no han recibido 68.000 millones de pesos que financiaron de sus cajas, para beneficiar a 675.000 personas de los estratos vulnerables que utilizan el servicio.

Ya venía en capilla el atraso en pagos a comercializadoras de electricidad, que, a diciembre, tenían cuentas por cobrar, por 2,7 billones de pesos, también provenientes de subsidios ya entregados.

Según las cuentas de Amylkar Acosta, exministro de Minas, con el abono de 200.000 millones en enero a las distribuidoras de energía, y el compromiso de pago de 350.000 millones de pesos en febrero, más otros 250.000 millones en marzo y 200.000 millones en abril de 2025, la deuda en ese cuarto mes del año volvería a quedar casi igual, en 2.9 billones de pesos, “porque entre enero y abril se habrá causado 1,2 billones más (300.000 millones mensuales)”, aseguró. Es decir, la demanda de plata para subsidios sube como espuma, mientras a la bolsa pública le entran cada vez menos recursos por caída en el recaudo tributario y menor crecimiento de la economía.

Las distribuidoras de gas también están en lo mismo: cobrando. Por concepto de los subsidios ya reconocidos y aplicados a los consumidores, el monto que aún no han recibido está por el orden de los 728.000 millones de pesos.

Si bien en el caso del gas natural y de la energía hay una luz de esperanza en los pagos, para los subsidios del GLP ni siquiera hay presupuesto previsto. “Se eliminó la partida presupuestal que cubre este concepto, así que este programa de subsidios ni siquiera aparece en las cuentas del Gobierno para 2025”, manifestó Martínez.

¿El apretón es por plata?

El motivo de ese apretón con los subsidios ya no parece ser solo financiero, aunque es evidente que el Gobierno está haciendo maromas con las cuentas fiscales, que no le cuadran por ningún lado.

Al menos en el caso de las empresas que han puesto recursos para cubrir subsidios establecidos con los servicios públicos, la administración estaría tratando de montar una estrategia para que los privados financien los subsidios que se otorgan por ley, según opinan algunos expertos. No en vano, el presidente Petro ha liderado protestas contra las altas tarifas de energía, acusando a las generadoras como responsables de los elevados costos en las facturas de la región Caribe. Además, ha criticado a las empresas de gas, a las que no baja de especuladoras, como es el caso de Vanti, que opera en varios departamentos del interior del país. Esta empresa anunció un incremento del 36 por ciento en las tarifas para sus usuarios, argumentando que el combustible le está costando más debido a las políticas que prohíben nuevos contratos de exploración, lo que ha llevado a la necesidad de importar hidrocarburos.

Entre tanto, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), por medio de su presidente, José Camilo Manzur, sostiene que además de la deuda por subsidios, tampoco está despejado el camino para que reciban el pago por la opción tarifaria, que asciende a 3,2 billones de pesos, y, a la larga, fue un subsidio que se otorgó en la época de la pandemia, cuando los hogares que así lo necesitaran acumulaban su cuenta y ahora el Estado tendrá que cubrirla, en el caso de los estratos 1, 2 y 3. “El Gobierno debe expresar claramente su política con los subsidios, porque los más afectados terminarían siendo los usuarios. Y no deja de ser paradójico que en el Gobierno de la gente lo que más se impacte sea la gente”.

El cambio, ¿mejora o empeora?

En abril de 2022, aún en campaña política, el hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendía al país con su idea de entregar un salario básico a todo el que no encontrara trabajo, lo que pareció ser una promesa de subsidio, pues estaba atada a la creación de empleo, algo que no ha resultado fácil en una economía frenada y, peor aún, con el Gobierno y el sector privado en constantes roces.

Igualmente, 3 millones de adultos mayores se entusiasmaron con el anuncio de un ingreso mensual de 500.000 pesos que iba a entrar en una de las reformas sociales, porque a avanzada edad ya no tenían oportunidad de ahorrar para lograr una pensión. Finalmente, no hubo plata para materializar la promesa de distribuir ese monto que sacaría a los viejos de la línea de pobreza.

Pero a medida que avanza el periodo de la administración Petro, se han ido agregando nuevas contracciones a los subsidios. Se borró el subsidio a la gasolina, algo que, para los técnicos, fue un acierto, porque además de generar un hueco fiscal, financiaba el tanqueo de los dueños de vehículos, que son vistos como de la clase acomodada.

El programa Mi Casa Ya, que ayuda a los que tienen menos recursos a comprar vivienda, fue fuertemente impactado. El 16 de diciembre de 2024 se anunció la suspensión del mismo y se eliminaron los subsidios a la tasa de interés de las familias que ya habían comprado y escriturado sus viviendas con este programa.

Guillermo Herrera, presidente de Camacol, gremio de los constructores, dice que, desde entonces, no han conocido ninguna propuesta concreta del Ministerio de Vivienda que les permita prever una mejoría en materia de subsidios para este año. “Por ahora solo sabemos que Mi Casa Ya cambiará de nombre, y que los compradores de vivienda social enfrentarán un recorte muy drástico del número de subsidios, el cual puede superar el 60 por ciento para este año”.

En general, luego de haberse propagado el posicionamiento que tendrían los subsidios en un país en el que 3 de cada 10 personas viven en la pobreza y 2,3 millones de personas en edad de trabajar no encuentran empleo, el mensaje del mandatario ha sido otro.

‘No sacan a nadie de la pobreza’

En el consejo de ministros televisado en vivo y en directo, el presidente dijo que los subsidios no sacan a nadie de la pobreza. “Es un invento neoliberal para dar limosna al pobre, porque el neoliberalismo crea pobreza. Lo que crea riqueza es el trabajo”, insistió Petro.

Ya Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, entidad desde la cual se irrigan transferencias monetarias como Renta Joven, Familias en su Tierra o Devolución de IVA, venía abonando terreno para la modificación o, incluso, desaparición de subsidios con el argumento de que las transferencias hacen que la gente se quede toda la vida estacionada en la pobreza.

Con ese panorama, la expectativa está en si la idea con el desmonte de subsidios permanecerá en temporada electoral, época en la que se han utilizado como caballito de batalla para atraer electores.