Impuesto a salario de congresistas, la salida para revivir el impuesto solidario

La caída del impuesto solidario, tras anuncio de fallo por parte de la Corte Constitucional, manda sin duda un mensaje a la sociedad de lo complejo que es aumentarles la carga tributaria a los más ricos.

Basta mirar cómo amanecen este jueves las redes sociales. Por doquier, ciudadanos, académicos y especialistas rechazan la decisión y consideran que, a futuro, será más complejo aumentar los impuestos de quienes tienen mayores ingresos.

La decisión del alto tribunal, de declarar inexequible el decreto legislativo que fijó este impuesto durante tres meses, se argumenta en la violación de dos principios: uno de equidad y otro de falta de generalidad.

Es decir, para la Corte no había explicación razonable para que la norma solo les aplicara a los funcionarios del Estado, aun cuando el argumento del Gobierno era que aumentar la carga tributaria para el sector privado sería darle una estocada final en medio de la actual crisis.

Lo anterior no fue suficiente para los magistrados, que, en todo caso, dejaron la salvedad de que los dineros ya recaudados no se perderán. En el 2021, los funcionarios y contratistas a quienes se les cobró podrán imputarlo como anticipo del impuesto de renta del año gravable 2020.

A pesar de todo lo anterior, en el Congreso está vivo un proyecto de ley que podría revivir parcialmente el gravamen a los más adinerados.

El articulado fue radicado por el Centro Democrático y busca crear un impuesto fraterno por el pago o abono en cuenta mensual periódico de salarios de los congresistas, cuyo recaudo iría a inversión social y promoción de empleo.

“Se propone un impuesto del 10 por ciento adicional a los impuestos existentes, sobre el salario del congresista. Así se lograría la reducción del salario de los congresistas, una propuesta que se ha hecho cuatro veces desde el Centro Democrático”, dijo la colectividad.

En el caso de la tarifa, habrá que definir si la base gravable sería la asignación básica de los parlamentarios o incluiría otros beneficios como gastos de representación o prima especial de servicios.

La diferencia no es menor. Si se aplica al primer rubro, el impuesto se cobraría sobre cerca de 10 millones de pesos, mientras que en el segundo caso, la base incluirían todos los ingresos, que superan los 30 millones.

Esta decisión la tendrá que tomar el Congreso, cuando discutan el proyecto. La cuestión es que, según está radicado, el articulado podría no pasar el examen constitucional de la Corte, por el mismo efecto del impuesto solidario.

Por un lado, solo se cobraría a los congresistas, con lo cual más de uno podría señalar que esto es inequitativo. Es decir, por qué solo causarlo en los miembros del Capitolio y no a funcionarios de otras ramas del poder, e incluso al sector privado, como lo dijo el tribunal para tumbar el impuesto solidario.

Estas y otras dudas deberán resolverse durante los debates, que deben comenzar en unas semanas. La decisión de la Corte Constitucional le dará un impulso a esta discusión, que no la tendrá fácil y seguramente estará lleno de cientos de impedimentos.