La compleja situación financiera de Air-e enciende alarmas de riesgo sistémico en el sector eléctrico. Se teme un efecto dominó

En septiembre se materializó la intervención, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, de Air-e, una de las distribuidoras de energía del Caribe que atiende al Atlántico, La Guajira y Magdalena, y representa cerca del 14 por ciento del mercado nacional.

La compleja situación financiera por los altos costos de la energía –producto de la mayor exposición en bolsa de la empresa que hoy está cerca del 50 por ciento–, un nivel de pérdidas difícil de controlar y las dificultades en el recaudo, golpearon a esta compañía que, junto con Afinia, del Grupo EPM, se quedaron con la operación de la liquidada Electricaribe.

La radiografía al momento de la intervención fue preocupante: una deuda acumulada de 1,8 billones de pesos, que afecta su liquidez, flujo de caja y capacidad de operación. Además, su mayor queja ha sido el precio de la energía, en especial la que compra en bolsa, que subió sus costos de 145.000 millones de pesos en 2022 a 876.000 millones en 2023.

A estas cifras se suma el retraso en el pago de los subsidios de parte del Gobierno nacional, que cubren estratos 1, 2 y 3, al igual que el pago por la opción tarifaria –que les permitió a las empresas distribuidoras facilitar los pagos para los usuarios en pandemia, y periódicamente han venido poniéndose al día–. También pesa la cartera de las entidades públicas como escuelas, hospitales y cárceles.

Este panorama y su inviabilidad financiera han encendido nuevas alertas en el sector ante la posibilidad de un riesgo sistémico que genere un efecto dominó y un contagio que pueda poner en dificultades a otras compañías del sector.

Las empresas distribuidoras y comercializadoras son la caja registradora del sector: cobran a los usuarios, pagan a los generadores, al transporte y asignan subsidios de manera anticipada al reconocimiento que posteriormente hace el Gobierno. Es, como explica un analista, el eslabón comercial más crítico porque de él depende en gran medida la salud financiera del sector. “Si un distribuidor tiene problemas y deja de girar los montos correspondientes al resto de la cadena, todos empiezan a tener problemas y, en el caso de Air-e, su representación del 14 por ciento no es marginal”, dice.

Mensualmente, las transacciones que se centralizan a través de XM, administrador del mercado, pueden representar cerca de 2,6 billones de pesos y solo Air-e pesa entre 350.000 y 500.000 millones.

“La gran preocupación nuestra es que, como térmicos, tenemos que salir a hacer las compras de combustibles que al mes pueden costar, para todas nuestras plantas, cerca de 1,6 billones de pesos. Entonces, si no nos pagan lo que nos deben y, por el contrario, lo que hacemos es financiar, llega un momento en el cual no tenemos recursos para comprar combustibles”, asegura Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, el gremio de las generadoras térmicas.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, considera que sí existe la posibilidad de un riesgo sistémico. “Una acumulación significativa de deudas por parte de cualquier empresa en cualquier punto de la cadena con otros agentes puede tener afectaciones importantes en las inversiones necesarias para aumentar capacidad, modernizar el sistema y mantener la infraestructura eléctrica”, advierte.

Gutiérrez destaca que problemas, como la estrechez en los balances de oferta y demanda, junto con las particularidades de la costa Caribe, no se resuelven únicamente con la toma de posesión de un agente del mercado; es necesario implementar soluciones estructurales, dice.

Además, la amenaza de un riesgo sistémico está exacerbada por la situación financiera de las distribuidoras y comercializadoras. Según cálculos de Asocodis, gremio que las agrupa, hay saldos por cobrar cercanos a 7 billones de pesos. De este total, 3,4 billones corresponden a la opción tarifaria con corte a noviembre; 2,4 billones provienen de subsidios asignados, pero aún pendientes de pago del Gobierno; 200.000 millones se deben al mayor precio de bolsa, y 1 billón corresponde a deudas acumuladas por usuarios oficiales.

“Se requiere el apoyo total del Gobierno. Si no lo hay, Air-e se va a llevar por delante a todo el sector. Y no solamente está en riesgo Air-e, también muchas empresas, porque no están pagando. Es urgente que el Gobierno nacional pague los subsidios que ya las empresas han otorgado a los usuarios. Y esos subsidios son responsabilidad y obligación del Estado. No tiene nada que ver el proyecto de ley de financiamiento que se hundió en el Congreso. Los subsidios son un tema prioritario”, asegura José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis.

Este también puede ser un costo político para el Gobierno porque si no hay pago de subsidios, habría un impacto en la factura, mas no en la tarifa, de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. El ejemplo es un usuario de estrato 1, al que se le subsidia el 60 por ciento de su consumo. Si su factura le llega por 100.000 pesos, con subsidio solo paga 40.000. Sin subsidio, pagaría los 100.000, lo que representaría un incremento del 150 por ciento.

¿Es este un déjà vu de Electricaribe? Aunque hay similitudes, para algunos hay un factor que lo diferencia. En 2016, al momento de incumplir pagos, se activaba la limitación de suministro, un instrumento para darle salud financiera al sector y, según Andesco, corresponde a un mecanismo para asegurar el pago de las obligaciones del mercado y así garantizar la sostenibilidad en la prestación del servicio. Sin embargo, este Gobierno determinó suspender esa medida y hoy las empresas deben seguir con el suministro de energía y servicios a las empresas afectadas y asumir ese riesgo.

Desde Andesco advierten que la resolución 40409 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía suspendió la limitación de suministro para empresas intervenidas hasta el 31 de diciembre. “Se trata de una cadena de producción y suministro de energía eléctrica, donde el comercializador, que es quien cobra la factura, debe pagar aguas arriba a otros agentes que la producen, transportan y distribuyen hasta los hogares, industrias y comercios. Si se suspende la medida de limitación por no pago, pone en riesgo a los demás agentes, generando un riesgo sistémico, que en últimas afecta al usuario”, dice Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

Según Gutiérrez, de Acolgen, la suspensión en la limitación de suministro puede aumentar el riesgo de incumplimiento en las obligaciones financieras con los demás agentes, dada la ausencia de sanciones. Y advierte que, al 30 de noviembre, Air-e tiene una deuda vencida por concepto de Bolsa de Energía por más de 205.000 millones de pesos.

Para octubre ya se firmó un acuerdo de pagos entre Air-e con 12 jugadores del sector por cerca de 320.000 millones de pesos: diez generadoras térmicas, y las empresas de transmisión ISA y el Grupo Energía Bogotá. “Hay tres pagos, ya se hizo el primero, faltan dos más. La preocupación ahora es noviembre y las facturas se deben pagar el 18 de diciembre en XM, que es el administrador del mercado. La dificultad es que están pagando mes a mes, pero no hay una solución definitiva”, dijo el representante de una de las empresas generadoras. De hecho, planteó que la solución al problema estructural es de recursos y el Gobierno no los tiene, porque lo que estaba en el fondo de la Superservicios formó parte del acuerdo de pagos de octubre.Por su parte, Edwin Palma, agente interventor de Air-e, explicó en una reciente entrevista con SEMANA las razones detrás del aumento del 6 por ciento en la factura de diciembre, que se reflejará en los recibos de enero. Señaló que al final de cada mes se realiza una evaluación y se publica el valor correspondiente del kilovatio.

Este verano que viene será definitivo. Típicamente, diciembre, enero y febrero son meses secos y el precio de bolsa podría subir, situación que le meterá más presión a Air-e. Una prueba de resistencia.