Economía
La crisis del sector eléctrico, en la mira de la Contraloría y la Procuraduría: piden a MinMinas explicaciones por subsidios, proyectos y contratación
Los organismos de control hace unos días, en reunión con gremios y el Ministro de Hacienda, habían logrado destrabar unos pagos de los subsidios, pero que no son suficientes para enfrentar la compleja situación de las distribuidoras de energía.
El sector eléctrico del país pasa por uno de sus momentos más complejos, y la amenaza de un racionamiento sigue latente. Recientemente, los gremios del sector advirtieron que ante el no pago de los subsidios que ya se generaron por parte del Gobierno, al igual que los compromisos de la opción tarifaria y las deudas de entidades públicas con los prestadores del servicio, entre otras cuentas, el país podría verse abocado a un ‘apagón financiero’.
Según Asocodis, gremio que agrupa a comercializadoras y distribuidoras, las cuentas son las siguientes: a enero 31, la deuda a estas empresas se ubicaba en 7,4 billones de pesos, representados en 2,8 billones de subsidio, 3,2 billones de opción tarifaria, 1 billón de deuda oficial y 400.000 millones de precios que deben recuperarse por precio de bolsa. De hecho, casi que una tercera parte del total de la deuda, le corresponde a Afinia, uno de los operadores de la Costa Caribe.
Ante el impago por parte del Gobierno, se empezaron a ventilar dos posibilidades en el corto plazo: la primera, el inicio de racionamientos programados en algunas regiones; o que estas empresas distribuidoras, que son el vehículo de los subsidios, pues lo entregan a la espera del pago del Gobierno, dejen de hacerlo y se incremente el valor en el servicio para los hogares en los estratos 1, 2 y 3.
Pero también hay alta tensión en materia de generación, pues las curvas de oferta y demanda se empieza a acercar y hay retrasos pronunciados en la entrada en operación de proyectos.
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De acuerdo con Acolgen, el riesgo de un apagón no es solo financiero, también se puede dar por falta de energía y su presidenta, Natalia Gutiérrez, explicó recientemente que hay un atraso continuo durante los últimos cinco años de casi 6.000 megavatios de energía que debieron haber entrado, entre esos los proyectos de La Guajira, con el retiro de dos compañías grandes.
“Esta demora sistemática ha generado que el margen entre oferta y demanda esté mucho más estrecho y muestre un escenario crítico para 2026 y 2027″, advirtió la dirigente gremial, quien aseguró que la situación es tal, que ninguna planta del sistema podría entrar en mantenimiento.
Ante la compleja situación, en la primera semana de febrero se dio una reunión, en la que participaron el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez; el procurador, Gregorio Eljach, los representantes de los gremios y Diego Guevara, ministro de Hacienda, y se logró un acuerdo para empezar a pagar los subsidios pendientes de pago de 2024.
A pesar de este esfuerzo, y de desactivar en el corto plazo una inminente situación de apagón, la crisis continúa. Como explicó José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, el taxímetro mensual de subsidio sigue subiendo y la deuda se incrementa.
“A enero, el saldo por subsidios era de 2,8 billones de pesos, pero cada mes de subsidio el déficit representa más o menos entre 300.000 y 350.000 millones. Entonces, si tomamos febrero, marzo y abril ahí habría un billón más de déficit de subsidio. 2,8 billones más un billón nos da 3,8 billones, pero como se comprometieron a dar 800.000 millones entre febrero, marzo y abril, en el entendido que los pagarán, a abril el saldo llegaría a 3 billones. Es decir, se sigue incrementando la deuda”, explicó.
Ante esta compleja situación, la Contraloría y la Procuraduría pidieron información al Ministerio de Minas y Energía sobre aspectos clave como los subsidios, la capacidad de generación de la Región Caribe, el estado de los proyectos eólicos en La Guajira y sus procesos, y las estrategias de contratación directa entre distribuidores y generadores. También, sobre el papel de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para incentivar la actividad exploratoria en petróleo y gas.
En una carta firmada por Luis Enrique Abadía, contralor en funciones, y Gregorio Eljach, procurador general, y dirigida al ministro Omar Andrés Camacho se solicita una relación de los pagos efectuados respecto a los subsidios causados en el último trimestre de 2024 y adeudados de ese mismo periodo, identificando el detalle de los beneficiarios y valores, entre otros aspectos.
También exigieron información sobre el plan de acción que contenga las actividades, el cronograma, los responsables y los recursos que se invertirán para mejorar la capacidad de generación de energía de la Región Caribe.
“Informe del estado actual de los proyectos eólicos en La Guajira, detallando nombre del proyecto, estado actual del mismo (en construcción, operación, suspendido, entre otros), empresa responsable del desarrollo, porcentaje de ejecución de recursos y fecha probable en que inician las entregas de energía”, señala la carta.
Además, en relación con las estrategias para incentivar la contratación directa en el mercado de energía, remitir el plan de acción con objetivos, riesgos, tareas y recursos, al igual que las medidas que se están realizando junto con la ANH para la actividad exploratoria en petróleo y gas.
