La crítica situación energética del país ha encendido las alarmas. ¿Revive el fantasma del apagón?

Hace un poco más de tres décadas, el país vivió una época oscura: el racionamiento de energía. Y, hoy por hoy, hay preocupación de que esta situación se pueda repetir.

El reciente fenómeno de El Niño estresó el sistema y, gracias a la disponibilidad de las plantas térmicas que reaccionaron y estuvieron disponibles, se sorteó con éxito ese momento. Sin embargo, las alarmas siguen activas.

Por una parte, Colombia terminó el año pasado con unas reservas de gas a la baja y un déficit de oferta en firme que obligó a la importación para mercados esenciales, como el residencial, el vehicular y la industria. Ya desde mediados de la década pasada se importa gas para las plantas térmicas de la costa Caribe a fin de que puedan atender sus compromisos de confiabilidad. Hay cambios regulatorios que permitirían incorporar gas de campos nuevos, pero la inquietud en el mercado es por la disponibilidad de gas en firme, que no sea interrumpible y que no afecte el suministro.

Por otra parte, las alarmas en el sector de energía eléctrica no cesan. Como advirtió Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de Anif, el tema energético es muy importante para el crecimiento. “La generación proviene principalmente de fuentes hidráulicas. Si no mejoran las condiciones climáticas, nos vamos a ver enfrentados a un racionamiento con altos costos de energía, pero también con altos costos para el sector productivo”.

Para Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, gremio de las generadoras térmicas, desde el punto de vista técnico, se cuenta con la capacidad de generación para cumplir en 2025. “Tenemos problemas en distribución por los problemas financieros, y en transmisión en algunas regiones, porque estamos quedados en el desarrollo de los proyectos”.

En materia de distribución, la amenaza es un riesgo sistémico por la situación financiera de las distribuidoras y comercializadoras, y, en especial, el futuro de Air-e, hoy intervenida, una de las empresas que se quedó con la atención de tres departamentos en la costa Caribe tras la liquidación de Electricaribe.

Según cálculos de Asocodis, gremio que representa a las distribuidoras y comercializadoras, hay saldos por cobrar cercanos a 7 billones de pesos: 3,4 billones corresponden a la opción tarifaria; 2,4 billones, que provienen de subsidios asignados, pero aún pendientes de pago del Gobierno; 200.000 millones, que se deben al mayor precio de bolsa, y un billón, que corresponde a deudas acumuladas por usuarios oficiales.

Además, varias distribuidoras, ante la imposibilidad de tener contratos de largo plazo, están expuestas a los precios de la Bolsa de Energía, que, ante la menor oferta de producción de energía hidráulica, han venido subiendo. El caso de Air-e, que ha aumentado su exposición en bolsa al 50 por ciento, explica la situación: la energía que compra en bolsa aumentó sus costos de 145.000 millones de pesos en 2022 a 876.000 millones en 2023.

Por el lado de la transmisión, las alertas las ha manifestado el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ante las dificultades en materia ambiental en el desarrollo de dos líneas de transmisión para traer energía. Proyectos industriales, residenciales, comerciales y de data centers tienen la energía condicionada.

Hacia el mediano y largo plazo, el nerviosismo se centra en que la oferta y la demanda se acercan y no hay nuevos proyectos que entreguen energía en firme que estabilice el sistema, pues la subasta anterior adjudicó más de 4.000 megavatios, pero en energía no convencional, que no tiene firmeza. Es decir, no solo habría estrechez en el mercado, sino que podría darse un déficit de energía. Por ello, es clave que para 2025 el Gobierno avance en una nueva subasta y dé las señales de inversión para los próximos años a fin de evitar escenarios de desabastecimiento.