La intervención fallida en Air-e: hay posibilidad de un riesgo sistémico y limitaciones de suministro de energía que lleven a racionamientos

Una carta de principios de mayo dirigida por Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, al superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez Aldana, pone de manifiesto la dramática situación en la que se encuentra Air-e, la distribuidora y comercializadora de energía que atiende tres departamentos de la costa caribe y que entró a operar después del descalabro de Electricaribe.

Air-e ingresó a este negocio, que atiende un mercado cercano a 4 millones de personas en Atlántico, Magdalena y La Guajira, de la mano del grupo empresarial que encabeza Alberto Ríos, que opera la Empresa de Energía de Pereira y lo hizo también con Enertolima, vendida a Celsia.

Por las serias dificultades financieras que afronta, Air-e se encuentra intervenida por la Superservicios en la “modalidad de toma de posesión con fines liquidatorios, incluyendo una etapa de administración temporal que permitirá promover su recuperación”.

En la carta, el ministro Palma alertó sobre el complejo panorama de la empresa. Calificó de “delicada” la situación de Air-e posterior a la intervención e indicó que, sin el respaldo de la superintendencia mediante recursos del Fondo Empresarial, la prestación del servicio a cargo de la compañía intervenida se vuelve inviable. Además, dijo que no se han cubierto las obligaciones con las generadoras de energía y la deuda asciende a 1,3 billones de pesos.

Agregó que se evidenció una exposición en bolsa –cuyos precios fluctúan y se afectan en especial por los diferentes escenarios climáticos, como un fenómeno de El Niño– para 2026 superior al 70 por ciento por parte de la empresa, así como un déficit proyectado en el flujo de caja por valor de 2,8 billones para el año en curso. “La situación se agrava por el riesgo de materialización del incumplimiento de la senda de pérdidas, lo que implicaría una reducción total de ingresos estimada en 567.976 millones de pesos durante el periodo de devolución, proyectado para iniciar en junio de 2026”.

Urgió el ministro no solo la inyección de capital que permita cumplir con los compromisos con los actores del sistema, sino que la superintendencia defina una solución de fondo para que no ocurra “un riesgo sistémico”.

Por último, Palma, al hacer el llamado a la Superservicios, busca “evitar la materialización de una advertencia de limitación de suministro, que podría desencadenar un racionamiento con graves implicaciones para la seguridad económica y los derechos fundamentales de millones de personas”.

Este panorama se complica aún más, pues el ministro habló de las obligaciones posteriores a la intervención. Pero parecen haber quedado en el limbo las que traía Air-e, ya que la Superservicios ordenó la suspensión de pagos de las causadas hasta el momento de la toma de posesión, que ascendían a unos 800.000 millones de pesos.

Sin embargo, la descripción que hizo el ministro en su carta no es nueva. Ya dos años antes el entonces gerente de Air-e, John Toro, le había advertido a la ministra de Minas y Energía de esa época, Irene Vélez, y a la viceministra Belizza Ruiz sobre las implicaciones que traería un cambio en las reglas del juego.

La carta explica que dos resoluciones de 2022 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas cambiaron el escenario jurídico, financiero y operativo para los operadores del servicio de electricidad en la región Caribe, “al punto de entenderse que fue reemplazado por un escenario completamente nuevo, en la medida en que estas reglas, entre otros efectos estructurales, le impedirán a Air-e recuperar los costos que ha asumido y la inversión que ha hecho y que tendría que continuar haciendo para la recuperación, mejora en la calidad y estabilización del suministro de electricidad, lo que necesariamente pondrá en riesgo la continuidad, eficiencia y sostenibilidad del suministro de electricidad en el mercado Caribe”.

En ese momento, Air-e destacó una serie de decisiones que afectaron su operación, como el límite máximo al incremento de la opción tarifaria que les impide a los comercializadores de energía eléctrica el aumento de la tarifa aplicable, más allá de la variación del índice de precios al consumidor (IPC). Por su parte, los demás componentes y costos asociados a la prestación del servicio, incluyendo los precios de los contratos bilaterales de suministro de energía, podrán seguir presentando incrementos, “lo que obliga a los comercializadores de energía a continuar asumiendo con su propio patrimonio el incremento en los costos, sin que en ningún caso puedan trasladarse dentro de la estructura de la prestación del servicio público”.

También señaló la falta de concordancia entre financiamiento a comercializadores y a usuarios finales a través de la opción tarifaria. Mientras que los agentes comercializadores no pueden aumentar la tarifa a los usuarios finales más allá del incremento del IPC de manera permanente en el tiempo, el financiamiento que se les otorga a los comercializadores respecto de la compra de energía en bolsa, y los cargos por uso de los sistemas de transmisión, transporte y distribución, solo es aplicable respecto de un 20 por ciento del total del monto de las obligaciones y por un periodo de cuatro meses, descalce que, a juicio de la empresa, hace que los esfuerzos destinados a la reducción de tarifas recaigan sobre los agentes comercializadores.

Además, según Air-e, pesó la no inclusión de los generadores dentro del Pacto por la Justicia Tarifaria, cuando los agentes comercializadores de energía ya en ese momento, dice la carta, “han financiado la prestación del servicio público a favor de los usuarios finales en un monto que supera los 4 billones de pesos, mientras que, contrario a lo señalado en diferentes escenarios por el ministerio, ninguna de las medidas expedidas por la Creg vincula de manera cierta a los agentes generadores”. De hecho, el Pacto por la Justicia Tarifaria, en septiembre de 2022, impuso un techo a la tarifa sin controlar los costos de generación, que, según la empresa, provocó una acumulación de deuda por más de un billón de pesos en opción tarifaria.

En esa carta anticipó lo que vendría: las medidas, explicaba la misiva, imposibilitan la viabilidad financiera de Air-e y el esquema de prestación del servicio de energía eléctrica, “lo que naturalmente redundará en un riesgo inminente para el suministro de electricidad continuo y de calidad para los usuarios finales”.

Lo lamentable es que la operación venía dando resultados. Air-e ejecutó inversiones por 1,2 billones de pesos; de acuerdo con cálculos de la empresa, 18 veces más que Electricaribe durante su intervención. Al asumir la operación, Air-e enfrentaba un nivel de pérdidas del 31 por ciento. Al cierre de 2023, se redujeron a 25,15 por ciento, pero tras la intervención se incrementaron a 28 por ciento al cierre de 2024. Pese a haber recibido la compañía con pérdidas cercanas a un millón de dólares diarios en el periodo 2022-2023, Air-e destaca que alcanzó punto de equilibrio y ebitda positivo, mientras que en 54 indicadores con los que la evaluaba mensualmente la Superservicios tenía un cumplimiento del 91 por ciento, incluso con mejoras superiores a las de Afinia –que atiende el otro mercado de la región Caribe y pertenece a EPM–, en calidad y reducción de pérdidas.

Sin embargo, Air-e enfrentó un complejo panorama: el precio de la energía en bolsa subió de 115 a 2.499 pesos por kWh en tres meses en 2024 y los contratos bilaterales con las generadoras –indexados al índice de precios al productor (IPP)– se incrementaron 40 por ciento. Según las cifras de Air-e, el costo de generación mensual pasó de 200.000 a 500.000 millones de pesos en menos de cuatro años.

Además, al momento de la intervención, Air-e tenía por cobrar 5,3 billones de pesos, de los cuales aproximadamente 1,6 billones correspondían a deuda oficial: por subsidios, 453.000 millones de pesos; cartera de entidades oficiales, 90.000 millones, y de municipios, 751.000 millones. Por opción tarifaria, la suma ascendía a 465.000 millones.

Con la intervención, el panorama se agravó: Air-e dejó de pagar 1,5 billones de pesos a generadores, al tiempo que la Procuraduría, la Contraloría y hasta la misma Superservicios han denunciado falta de información y control. Tampoco se ha pagado ninguna deuda de antes de la intervención, y recursos que recibió la compañía, como un pago de subsidios por más de 250.000 millones de pesos, no se sabe en qué se utilizaron.

El de Air-e no es un caso aislado. Afinia también ha solicitado salidas. Por ejemplo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le pidió al Gobierno que comprara esa operación. Asocodis, gremio que agrupa a las distribuidoras y comercializadoras, ha subrayado los riesgos y la posibilidad de un “apagón financiero” por las deudas con las empresas por parte del Gobierno en materia de subsidios, opción tarifaria y cartera vencida.

Como remarca un documento de Air-e, los resultados previos a la intervención demostraron que era posible transformar el servicio en la costa. La crisis fue producto de un cambio regulatorio descoordinado, deudas impagadas y ausencia de decisiones oportunas del Estado en lo que llamó “el abuso del poder de mercado por parte de los generadores de energía”.

SEMANA intentó obtener respuestas de la Superservicios, pero al cierre de esta edición aún no se había pronunciado.