La reforma laboral complejiza el camino a la legalidad de las empresas. ¿Por qué? Esto explican desde la firma Gómez-Pinzón

SEMANA: ¿Aporta o no la reforma laboral en medio de la difícil situación de crecimiento económico de algunos sectores y la posibilidad de deterioro del empleo?

MAURICIO MONTEALEGRE: Definitivamente no aporta. El mensaje que envía el Gobierno ha sido claro en el sentido que la reforma laboral no va a crear empleo, siendo evidente que no existe intención en fomentar nuevos empleos formales.

Adicionalmente, desde el Congreso, el partido de gobierno (incluyendo miembros del partido conservador) se ha empeñado en fomentar la narrativa de “recuperación de derechos” reafirmando disputas ideológicas del pasado, distanciándose de la discusión sobre la necesidad de crear más y nuevos empleos formales.

Con la reforma, se complejiza el camino a la legalidad de las empresas, debido a que se robustecen las normas, incrementando los costos laborales, lo que supone que un micro y pequeño empresario deba evaluar su esquema de negocio.

SEMANA: ¿Qué tan conveniente es ahora?

M.M.: La conveniencia es algo que se evalúa de manera subjetiva, tal vez ideológica, entendiendo las necesidades que se pretenden cubrir. Desde una perspectiva empresarial económica no es conveniente, debido a que supone un elemento más para considerar en el mapa de “hacer negocios” en Colombia, o como se conoce internacionalmente el doing business, al que se deben sumar las reformas tributarias, las crisis internacionales económicas y de guerra, la corrupción que se cuestiona internamente al gobierno.

Políticamente podría ser conveniente, porque genera discusiones de país, que aleja los cuestionamientos que enfrenta el presidente en su día a día.

SEMANA: ¿Cuáles son los principales cambios de la reforma laboral que se presentó recientemente en el Congreso, frente a la reforma laboral anterior?

M.M.: El bloque de artículos que pretendía modificar el relacionamiento colectivo ha sido tal vez el cambio principal, asumida como una especie de concesión para obtener apoyo de algunos congresistas. También, vale la pena destacar que se han presentado ajustes en la regulación de los contratistas independientes, la prescripción de derechos, el contrato a término fijo, los fueros e indemnizaciones legales, entendiendo que se modularon ciertos puntos para buscar reducir el extremo proteccionista del primer texto presentado.

SEMANA: ¿Qué pilares estructurales se mantienen?

M.M.: Se mantiene la idea de incrementar las indemnizaciones legales, complejizar los procesos disciplinarios para que sean asimilables a un proceso judicial formal, la estabilidad laboral en regulación normativa, ajustar la jornada de trabajo, modificando el horario de trabajo nocturno, el número de horas diarias, incrementando los recargos por trabajo dominical, limitar los contratistas independientes, y reducir el uso del contrato a término fijo.

SEMANA: ¿Impulsa o no la formalización?

M.M.: Es una discusión interesante, debido a que el texto de la reforma sí menciona medidas para la formalización, con lo cual podría argumentarse que el gobierno busca impulsar nuevos empleos.

No obstante, la formalización efectiva no se va a medir por la existencia de normas que así lo mencionen, sino por la realidad económica en la que se pretende integrar un cuerpo normativo que robustece los costos. Ejemplo de ello se encuentra en la sección que busca que los contratos de aprendizaje se vuelvan contratos laborales, sin comprender el impacto real que se obtiene con dicho ajuste para las empresas y para los estudiantes aprendices. De igual manera, se encuentran las secciones de empleabilidad familiar y agro, en las que se desconoce el contexto de servicio para efectos de crear una formalización real, que impulse la naturalización de los contratos en el mundo del derecho del trabajo.

SEMANA: ¿Qué impacto puede tener en los costos para las empresas la implementación de la reforma y en qué aspectos se manifiestan?

M.M.: El impacto en costos se mide a nivel operativo y económico, debido a las restricciones que se crean para el uso de contratos laborales, vinculación de contratistas independientes, procesos disciplinarios y estabilidad laboral. La restricción empresarial supone que el gran empleador deba evaluar sus costos, sus cadenas de producción, distribución y servicio, con la finalidad de replantear la forma de desarrollar sus actividades en Colombia. Para las micro y pequeñas empresas el reto es mayor, entendiendo que la contratación formal será utópica para aquellos que pretenden crear empresas en un ambiente de hostilidad económica y normativa.