Las prácticas anticompetitivas cada vez son más perseguidas y controladas en Colombia

Como dinámica, activa e intensa ha sido calificada la labor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en cuanto a la protección de la libre competencia en Colombia, y todas sus funciones. Y no se queda atrás la Corte Suprema de Justicia con los pronunciamientos por competencia desleal, modernizando así la jurisprudencia en esta materia.

La mirada es de cuatro abogados especializados en competencia: Felipe García Pineda, socio de Robledo Abogados; Felipe Serrano Pinilla, socio de Serrano Martínez; Jorge de los Ríos, socio de Posse Herrera Ruiz, y Lorenzo Villegas Carrasquilla, socio de CMS Rodríguez-Azuero, quienes comparten lo bueno, lo malo y lo que falta por hacer en materia de competencia desleal, y derechos del consumidor.

Villegas destaca los avances en el último año de la SIC, y específicamente de la Delegatura de la Protección de la Competencia, que ha iniciado más actuaciones administrativas por prácticas restrictivas a la libre competencia de las que se han decidido con la imposición de una sanción, o el archivo de la respectiva investigación. “Particularmente, el enfoque de la autoridad parece estar dirigido a combatir la cartelización, como, la investigación asociada al Programa de Alimentación Escolar PAE”.

Reconoce García que la SIC ha intensificado su actividad investigativa en prácticas anticompetitivas. “Sin embargo, es importante señalar que ha experimentado varios cambios en su estructura, tanto en el cargo de superintendente como de los delegados, por lo que se corre el riesgo de afectar la continuidad de los procesos investigativos”.

Para Serrano, la SIC ha sido activa en el último año. “Inició investigaciones de competencia relacionadas con franquicias de tarjetas de crédito, movilidad colaborativa y distribución de combustibles, entre otros. Se percibe mayor apertura para la discusión académica o reformas que promuevan la libre competencia”.

Sobre el dinamismo de la Superintendencia, la mirada que hace De los Ríos es que se han abierto varias investigaciones relevantes como la de las plataformas de movilidad (Uber, Didi, Cabify). “De otro lado, la SIC ha desarrollado tesis novedosas en materia de libre competencia como la denominada litigio predatorio con base en la cual abrió investigación contra varios distribuidores mayoristas y minoristas de combustible en Nariño y contra el líder del mercado de telecomunicaciones, Claro”.

Los casos más sonados

Dentro de la diversidad de procesos abiertos, los especialistas consultados destacan las investigaciones en contratación pública. Para García hay expectativa por el caso de presunta cartelización a tres empresas del Grupo Ecopetrol y otras compañías para la prestación de servicios de transporte mediante helicópteros.

De los Ríos pone la lupa en dos investigaciones que se adelantan contra Claro: una por uso ilegal del subsidio para estratos 1 y 2 para fomentar el internet fijo en la población más vulnerable. “La SIC atinó al negar las garantías ofrecidas por dicha empresa para terminar anticipadamente esa investigación”. Y la segunda, por obstruir la portabilidad del número de usuarios de telefonía móvil. “Esta investigación es importante pues representa una reincidencia por parte de Claro, que fue sancionada en el año 2013 por esta misma superintendencia”.

A ojos de Serrano anualmente se interponen cientos de denuncias por violaciones a las normas de competencia ante la SIC, muchas de ellas referidas a procesos de contratación pública. “Todo proceso de licitación amañado es, potencialmente, una infracción a las normas de libre competencia. Por esto, cada escándalo de contratación pública en el país seguramente tendrá un capítulo en la SIC”.

Dejen de fregar

Los consumidores colombianos cada vez se benefician más de las medidas de protección del sistema legal. Un claro ejemplo es la ley Dejen de fregar, que empezó a regir en abril de este año y que permitirá limitar el envío de contenidos con fines comerciales y publicitarios a través de diferentes canales de contacto por parte de los productores y proveedores de bienes y servicios.

Para Serrano, esta ley constituye un avance en la protección de los derechos de los consumidores financieros y no financieros. “Sin embargo, la mala redacción de la ley deja dudas sobre la forma en que será aplicada. Las autoridades han tratado de llenar estos vacíos a través de guías interpretativas. Hoy una empresa debe revisar constantemente el Registro de Números Excluidos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) antes de enviar mensajes de carácter publicitario a un consumidor, lo que genera altos costos para los empresarios”.

Y de la mano de esta ley, viene el desafío para la protección de datos y de sana competencia en medio de la nueva economía digital. García señala al respecto que la adaptación del marco legal a los desafíos digitales aún está en proceso. “Aunque se han hecho avances en áreas como la protección de datos y el comercio electrónico, la SIC ha abordado de manera limitada los mercados digitales desde la perspectiva de la competencia”. Un ejemplo es la polémica apertura de investigaciones relacionadas con plataformas de movilidad, “lo cual ha sido visto por algunos como una medida que no fomenta la competencia ni respeta el derecho de elección de los consumidores, sino que busca proteger al sector tradicional de taxistas. Esto subraya la necesidad de un enfoque más equilibrado y actualizado en la regulación de los mercados digitales, para fomentar la innovación y proteger los derechos de los consumidores”.

Villegas señala que, el último año, los avances identificables en la protección de los consumidores están centrados en la industria del transporte aéreo de pasajeros, y la industria inmobiliaria. “Prueba de lo anterior es, respectivamente, el Plan de Descongestión que adelantó la SIC –en sus funciones judiciales– para atender la significativa cantidad de acciones de protección al consumidor que se generaron por la quiebra de dos aerolíneas en 2023, así como la adopción de medidas cautelares de embargo sobre las cuentas de dos constructoras por desconocer las normas de sismorresistencia en el desarrollo de un proyecto inmobiliario”.

Son grandes pasos en el sistema legal, pero también aún tiene varios retos. Para De los Ríos, en los últimos 20 años la SIC ha mostrado grandes avances. No obstante, en los años recientes “ha dejado de tomar decisiones ejemplarizantes ante situaciones que afectaron significativamente la libre competencia. Un ejemplo claro de ello fue haber cerrado la investigación contra Avianca y Viva tras la adquisición de control ilegal que se habría dado por parte de Avianca sobre Viva. La salida de Viva afectó a más de 300.000 usuarios y, tras su salida del mercado, los precios de los tiquetes han mostrado incrementos en perjuicio del bienestar de los consumidores”.

Para García, persisten retos importantes, como mantener altos niveles de aplicación de las normas, garantizar los derechos de los investigados durante los procesos y asegurar la seguridad jurídica para los empresarios.