¿Qué pasa si se cae la ley de financiamiento?

La decisión que tomará la Corte Constitucional ante la primera de las 21 demandas a la Ley de Financiamiento ha desatado una gran controversia en círculos económicos y políticos. Tanto, que cuando a mediados de octubre anuncie las primeras decisiones, la discusión no habrá terminado.

Información actualizada:

A comienzos de septiembre, SEMANA reveló que la primera ponencia sobre una de las demandas aceptadas por el alto tribunal podría hundir todo o parte de esta ley. Entonces el país económico quedó en ascuas y el Gobierno al borde de un ataque de nervios.

Ciertamente, la Corte Constitucional fallará en derecho y determinará si el Congreso cumplió los requisitos de fondo y de forma que originaron las demandas. Pero este episodio ha provocado una fuerte discusión sobre la conveniencia de mantener vigente la norma. Incluso, esto habría quedado en evidencia en los estudios que pidieron los magistrados a varias universidades, centros de pensamiento económico y la Contraloría.

Desde lo político, la caída de la Ley de Financiamiento daría un duro golpe al Gobierno, que en campaña se había comprometido a reducir los impuestos a las empresas para mejorar su competitividad. Pero desde lo económico, la caída podría tener un impacto neutro o incluso favorable a las finanzas públicas. En efecto, los escenarios de economistas y centros de pensamiento económico indican que la ley obtendría un mayor recaudo solo este año, pero que en los próximos, los beneficios otorgados a las empresas generarían una caída importante en el mismo.

Para el Gobierno, la mejor opción es que se mantenga la norma. Por eso, hace dos semanas el presidente Iván Duque lanzó una cruzada para defenderla, argumentando que beneficia al país. “Es la primera vez que una ley hace una reforma fiscal donde le baja la carga a la micro, pequeña y mediana empresa, pero además recauda más cobrándoles a las personas que de verdad tienen un ingreso muy por encima de todos los colombianos”, aseguró el mandatario.

Su eventual caída afectaría negativamente la confianza en la capacidad del Gobierno para hacer aprobar sus iniciativas legislativas. Y dejaría mal parado al Congreso, cuyo proceso para aprobar la ley hoy está demandado y en entredicho.

Han presentado ante la Corte 32 demandas por fallas de forma en el procedimiento aplicado por el Congreso, y de fondo por algunos de sus temas. Sin embargo, de ellas la Corte Constitucional admitió 21 y la primera ya tiene ponencia del magistrado Alejandro Linares.

Por todo eso, congresistas, Gobierno y algunos gremios defienden la norma a capa y espada. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha insistido en que le cuesta creer que para cumplir el requisito de publicidad, en pleno siglo XXI, haya que publicarla en la Gaceta del Congreso.

El representante a la Cámara Óscar Darío Pérez augura consecuencias nefastas para el país, que obligarían una eventual declaratoria de emergencia económica. Según le dijo a W Radio, habría “una gran inseguridad jurídica para quienes invirtieron con base en las normas aprobadas y para los pequeños empresarios beneficiados”.

Pero no todo parece tan malo de caer la Ley de Financiamiento. Hay quienes advierten que habría una mejoría en las finanzas del país porque aliviaría las caídas de recaudo de los próximos años.

Además, los primeros análisis económicos, con base en las cifras puras y duras de centros de pensamiento y entidades de reconocida trayectoria, confirman que en materia de recaudo el Gobierno solo puede esperar buenas noticias en 2019. Pero a partir de 2020 el recaudo caerá de manera gradual y creciente.

En enero pasado, en uno de sus informes semanales, Sergio Clavijo, el director del Centro de Estudios Económicos, le dio ‘palo’ a la Ley de Financiamiento. Advirtió que tiene visos de inconstitucionalidad en algunos artículos, como el que crea una sobretasa de renta para el sector financiero, según él una discriminación expresa. Y que la ley “de desfinanciamiento”, como la llamó, provoca un efecto grave en la relación del recaudo frente al PIB.

Según sus cálculos, la presión tributaria allí contenida haría bajar del 14,5 por ciento en la relación de recaudo tributario sobre el PIB en 2015, a un 13,6 por ciento para 2020 y 13,2 para 2022. “Así, la brecha en materia de recaudo tributario respecto de la media de América Latina, a nivel de Gobierno central, en vez de cerrarse en al menos un 1,5 por ciento del PIN, se ha agravado hacia una brecha cercana al 3 por ciento del PIB”, decía en ese momento.

No solo esas cifras alarman. Cálculos realizados por Fedesarrollo a solicitud del magistrado Alejandro Linares, que estudia una de las demandas, indican que la Ley de Financiamiento generaría un recaudo equivalente a 5 billones de pesos en 2019, el primer año de vigencia, pero a partir de 2020 el recaudo caería por los beneficios otorgados a las empresas. Bajaría 5 billones de pesos en 2020, de 6 billones en 2021 y de 9 billones en 2022.

Lo cierto es que el beneficio que otorga la ley a las empresas para que descuenten del impuesto de renta el 100 por ciento del IVA que pagan al comprar bienes de capital, quizá genera las mayores caídas del recaudo: 6 billones de pesos a partir del año próximo. Y algunos advierten que ese beneficio podría afectar el empleo a mediano plazo.

El director de calificaciones soberanas de Fitch Ratings, Richard Francis, cree que si se cae esta ley, tendrá un efecto bastante neutro. Argumenta que “es claro que significará un incremento de ingresos este año, pero una pérdida el año que viene; entonces, en el mediano y largo plazo para nosotros, si la ley cae realmente regresamos a la situación antes de la aprobación”.

Y señala que ya se están causando dos de los impuestos que mayores ingresos le generarán al fisco este año: el de normalización, que venció el 25 de septiembre, y la segunda cuota del impuesto al patrimonio, cuyo cobro comenzó el 26 y va hasta mediados de octubre. Justo para la fecha en que la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse.

El Gobierno estima que algunos cálculos sobre el impacto no son correctos. Dice que solo observan la ley desde el lado del recaudo, pero no desde los ingresos que generará la mayor dinámica económica de las empresas que en los próximos años pagarán menos impuestos.

Calculan que por este efecto el país podría crecer 4 por ciento para 2020. Una cifra muy optimista que contrasta con los pronósticos de Anif o Fitch Ratings, que ven en 3,2 por ciento el crecimiento del próximo año.

Hacer cálculos a partir de que la ley pueda compensar la caída del recaudo con los beneficios a las empresas resulta un poco arriesgado. O “una ficción”, como advierten algunos economistas.

Varios gremios de la producción han cerrado filas a favor de mantener esta ley. Los presidentes de la Andi, Bruce Mac Master, y de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, han advertido que además de afectar la seguridad jurídica del país, una eventual caída de la Ley de Financiamiento tendría implicaciones en las finanzas públicas.

La Corte fallará en derecho y sin duda su decisión tendrá repercusiones importantes. Pero al abrir el debate, ha permitido revisar con lupa los cálculos sobre esta ley, que quizá no resultaron como se esperaba.