Mientras avanza la reforma laboral en la Cámara, el empleo no muestra mejoría. Hablan quienes creen que ese proyecto agravaría el problema

En agosto de 2024, la tasa de desempleo llegó a 9,7 por ciento, lo que representó un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2023. Este resultado prolonga la tendencia de deterioro del mercado laboral que se viene observando desde junio, como lo señaló Anif.

“La tasa de desempleo desestacionalizada se mantuvo en 10 por ciento, igualando la cifra de julio, lo que indica que, sin el efecto calendario, no hubo ninguna mejoría en el mercado laboral”, advirtió ese centro de pensamiento. Pero sus cálculos fueron más allá: si se tuviera una participación laboral similar a la observada antes de la pandemia, manteniendo la ocupación constante, “la tasa de desempleo se ubicaría 2,1 puntos porcentuales por encima de la registrada por el Dane”.

Sin duda, el panorama no es el mejor. Un análisis de Scotiabank Colpatria señala que durante 2024 el desempleo se ha incrementado. Esto muestra que las condiciones para conseguir trabajo y mantenerlo se están poniendo cada vez más difíciles, reflejando la desaceleración económica y el estancamiento en sectores clave como la construcción y la industria. Además, con una informalidad que llegó al 56 por ciento.

Después de conocerse estos resultados, en la plenaria de la Cámara comenzó el debate de la reforma laboral que ha venido impulsando el Gobierno, pero que ha tenido críticas de los gremios de la producción y de expertos laboralistas.

Según Saida Quintero, socia de la firma Quintero y Quintero, en los temas relevantes que se han mantenido entre la primera y la segunda versión de la reforma laboral se encuentran la tercerización laboral, el manejo de la huelga en los servicios públicos y la negociación unificada o por rama.

También, el recargo nocturno desde las 7 p. m., la laboralización de los aprendices, por lo cual se deben asumir los costos laborales de ellos o, en su defecto, pagar la cuota de monetización, que asciende a 1,8 salarios mínimos mensuales, y se incrementa la licencia de paternidad a seis semanas de manera gradual. Igualmente, se permite la duración del contrato a término fijo hasta por cuatro años, mientras que en la reforma inicial se limitaba a una duración de dos años.

En la plenaria de la Cámara ya se aprobaron artículos como el recargo nocturno, que empieza a las 7 p. m. e irá hasta las 6 a. m. A juicio del Gobierno beneficiará a más de 1,3 millones de trabajadores.

El Ministerio del Trabajo destacó el avance en lineamientos de política pública de trabajo digno y decente, la promoción de empleos verdes y azules para la transición energética, el avance en las modalidades de teletrabajo, el auxilio de conectividad, las garantías laborales y sindicales, y la promoción de diferentes modalidades de trabajo a distancia. También, aspectos relacionados con jornadas flexibles para trabajadores con responsabilidades familiares del cuidado y obligaciones para los empleadores, entre otros. Además, las indemnizaciones por despidos quedarían como están hoy.

A su vez, Alianza In Colombia, el gremio que reúne a las aplicaciones, señaló que la reforma incluye disposiciones para mejorar las condiciones de los repartidores que trabajan a través de plataformas digitales. José Daniel López, director del gremio, señaló que se trata de un paso hacia la protección con seguridad social de más de 120.000 repartidores.

Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, indicó que el propósito de la reforma es recuperar derechos. “Es una reforma para hacer justicia laboral”, advirtió.

Sin embargo, entre algunos representantes del sector privado y expertos no ha sido bien recibida. Primero, porque, como advirtió la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en carta a la Organización Internacional del Trabajo, los espacios de diálogo social tripartito no se convocan desde hace meses; además, no se llevó a cabo una consulta tripartita ni un diálogo social de la reforma laboral.

Y segundo, por su inconveniencia, pues el sector privado considera que la reforma no ataca dos problemas estructurales: la generación de nuevos puestos de trabajo y romper el círculo vicioso de la informalidad.

En una comunicación al Congreso, el Consejo Gremial Nacional insistió en este tema. “La reforma laboral debe estar dirigida hacia la creación de empleo y la reducción de la informalidad. Colombia tiene un grave problema estructural en su mercado laboral. De acuerdo con el Dane, el 56 por ciento de los trabajadores son informales; por lo tanto, la reforma laboral no se puede centrar en el 44 por ciento que tiene trabajo formal. Las modificaciones en materia laboral deben abordar las necesidades de los diferentes tipos de trabajadores y de sectores productivos, buscando solucionar los problemas estructurales del mercado laboral”, manifestó el gremio de gremios.

Se anticipa que la discusión en el Senado será mayor. “¿Cómo así que una reforma laboral no genera empleo ni ataca la informalidad, sino todo lo contrario, como han advertido el Banco de la República y Fedesarrollo? No estoy con una reforma que atente contra el empleo de los colombianos, no quiero medio millón más de desempleados”, dijo Efraín Cepeda, presidente del Senado.

Por su parte, para Rodolfo Correa, presidente de Acopi, es una reforma inconveniente y que compromete la productividad y competitividad del país, solo cobija al 25 por ciento de la población en edad de trabajar, vulnera el principio de autonomía de la voluntad de las partes y afecta el principio de libertad de empresa con el establecimiento del contrato a término indefinido como regla general para la contratación, o cuando obliga al pequeño empresario a mantener una planta de personal incluso en circunstancias en que la compañía no la necesite o no tenga la capacidad para sostenerla. Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, reiteró que el proyecto de reforma laboral no está pensado para las personas que viven en la informalidad.

Para Charles Chapman, socio de Chapman Wilches, la prioridad de la reforma debe ser la creación de empleo formal y la reducción de la informalidad. Consideró que el enfoque del Gobierno es desacertado y que acentuará lo que calificó como un “grave panorama”. Para él, el aumento en los costos laborales propuestos no apoya la generación del empleo, sino que los destruye. “De hecho, la propia ministra del Trabajo lo ratifica al reconocer que esta reforma no crea puestos, sino que protege los actuales”.

Chapman anticipó que, de aprobarse la reforma laboral, “se estaría contribuyendo a la mayor mortalidad empresarial que ha tenido el país, incluso superior a la de la pandemia”. Explicó que en 2023 se cancelaron un 20 por ciento más de empresas (233.404) que en 2020 (195.042), año de la crisis sanitaria.

“Al 8 de agosto de 2024, se han creado un 72 por ciento menos de empresas que para el mismo periodo en 2023, de las cuales el 96,06 por ciento son mipymes”. Aseguró que la tasa de desempleo pudo haber sido mayor, pues se ha visto afectada debido al alto número de colombianos que han decidido migrar del país por la situación política y económica que se está viviendo. “Desde 2021, 1,2 millones de colombianos han dejado el país para no volver”, sentenció.

A su vez, Mauricio Montealegre, de la firma Gómez Pinzón, consideró que, desde el Congreso, el partido de gobierno (incluyendo miembros del Partido Conservador) “se ha empeñado en fomentar la narrativa de ‘recuperación de derechos’ reafirmando disputas ideológicas del pasado, distanciándose de la discusión sobre la necesidad de crear más y nuevos empleos formales. Con la reforma se complejiza el camino a la legalidad de las empresas, debido a que se robustecen las normas, incrementando los costos laborales, lo que supone que un micro y pequeño empresario deba evaluar su esquema de negocio”.

Montealegre agregó que la reforma, desde una perspectiva empresarial económica, no es conveniente, pues supone un elemento más para considerar en el mapa de “hacer negocios” en Colombia, “al que se deben sumar las reformas tributarias, las crisis internacionales económicas y de guerra, y la corrupción que cuestiona internamente al Gobierno. Políticamente podría ser conveniente, porque genera discusiones de país que alejan los cuestionamientos que enfrenta el presidente en su día a día”.

Y concluyó: “La contratación formal será utópica para aquellos que pretenden crear empresas en un ambiente de hostilidad económica y normativa”.Por ahora, el debate sigue, pero no está claro cuál será el futuro de la reforma.