No es por la plata. La suspensión definitiva a Colombia del crédito flexible del FMI tendría otro efecto, y sería grave

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le sacó tarjeta amarilla a Colombia, en relación con la línea de crédito flexible que le aprobó desde 2009 y que fue un salvavidas en la pandemia, cuando se utilizó una parte del cupo disponible para enfrentar la crisis sanitaria y económica de entonces.

El organismo internacional le puso pausa al acceso a esa herramienta que se renovó en 2024, por dos años, pero el acuerdo contempla que se pueda hacer una evaluación intermedia, para corroborar que la situación del país sigue siendo adecuada para continuar con el instrumento que va mucho más allá de la sola financiación.

Luego de la revisión, que se hace por medio del llamado Artículo IV, el organismo anunciará si se levanta la suspensión para usar esos recursos –si así lo llegara a necesitar esta nación– o, definitivamente, le sacará la tarjeta roja; lo que, a todas luces, tendría implicaciones graves, pese a que el Gobierno parece minimizarlos.

Mucho más que financiamiento

Pocos países usan efectivamente esa línea de crédito, según confirman fuentes conocedoras, pero batallan por mantener la aprobación del cupo, porque, tal como lo explicó el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, más que un financiamiento, lo que se trata es de conservar esa especie de sello del FMI, que significa que sus políticas son sólidas. “Tener aprobado el crédito flexible del FMI es algo que nos ayuda a que el país pueda colocar recursos en los mercados financieros internacionales (bonos y TES)”, dijo el gerente del Emisor.

Pero para conservar la aprobación crediticia que, sin duda, tiene ventajas, pero también sus contras, se requiere pasar el examen del organismo internacional, que consulta sobre asuntos como el crecimiento económico, la política monetaria y fiscal, la salud del sector financiero, las reformas estructurales y, por supuesto, la estabilidad externa, y ahí fue donde surgió el pero.

Ya el FMI venían alertando

Si bien desde la primera revisión el FMI alertó sobre el aumento del déficit fiscal del Gobierno central y la deuda pública, más allá de lo previsto, lo que se reflejó en menores ingresos y en gastos superiores a los estimados, la demora en la culminación de la evaluación estaría ligada a una novedad: la incertidumbre con el entorno internacional, que es cambiante, en medio de las tensiones del comercio global, derivadas de los aranceles que se anuncian desde Estados Unidos. Eso, inevitablemente, exigirá que el Gobierno tenga un plan para ajustar y perfeccionar su rumbo, y así enfrentar los nuevos desafíos. Dicho plan fue el que, al parecer, no vio claro el FMI, que se encontró con el Gobierno colombiano en las recientes reuniones de primavera y allí fue que indagó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al gerente del Emisor.

Ingresos cimentados en una tributaria aún sin destaparse

Al respecto, Ávila expresa que hay un paquete de herramientas con las cuales se actuará, y que por ahora están en estudio para ser incluidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que será presentado en junio ante el Confis (Consejo Superior de Política Fiscal). Los ajustes por el lado del gasto irán hacia aquellos sectores que tienen una ejecución poco eficiente.

En materia de ingresos, insistió en la reforma tributaria que, según reveló, “se presentará pronto”, pese a que muchos creen que no hay ambiente en el Legislativo para aprobar un proyecto sobre impuestos. Con la reforma, se tratará de equilibrar la carga tributaria para que paguen quienes hasta ahora no han contribuido o no lo han hecho en la medida de su real capacidad.

¿Por qué no se debe perder la línea de crédito flexible?

Y con el endeudamiento, aunque, probablemente, el Gobierno no usará de nuevo el cupo del crédito flexible del FMI, como lo ha dejado ver el presidente Gustavo Petro cuando critica que Iván Duque fue el único jefe de Estado en el mundo que lo utilizó en pandemia, lo cierto es que el consenso de expertos apunta a que la suspensión –inicialmente temporal– es una mala noticia.

Pero, eso sí, sería peor, si el resultado, después de finalizar la revisión del Artículo IV, lleva a perder dicho acceso a la línea.

Puntualmente, según explica Víctor Ramírez, líder del sector financiero de BDO en Colombia, podría haber aumento del riesgo país, reflejado en mayores tasas de interés para emisiones de deuda soberana.

El coletazo también causaría una presión cambiaria, con una potencial depreciación adicional del peso colombiano frente al dólar, dijo el experto.

Además, se podría incrementar el costo de financiamiento externo, lo que salpicaría al Gobierno y al sector privado, que son los que demandan recursos de entidades prestamistas en el exterior.

Se buscará el pago rápido

Por el momento, el ministro Ávila afirma que el Gobierno va a apurarse en pagar la plata que se debe: 1.800 millones de dólares de 5.400 millones que se utilizaron y que se deben devolver en un plazo corto (hubo dos años de gracia y dos de amortizaciones, periodo que concluye al terminar este año). “Ese tipo de crédito afecta mucho la situación fiscal del país. Es más, es una de las causas de la estrechez fiscal que tenemos”, dijo el funcionario.

Una fuente consultada explica que el crédito se puede prepagar sin penalización y que la tasa de interés está sujeta a los Derechos Especiales de Giro (DEG), un activo de reserva internacional creado por el FMI hace medio siglo, cuyo valor se establece diariamente con base en las monedas que conforman la canasta DEG: dólar estadounidense, euro, yen japonés, libra esterlina y, desde 2016, el renminbi chino.

Todo depende del plan

El reto para el Gobierno, aun si paga de manera anticipada la deuda con el fondo y no utiliza más el cupo del crédito flexible, será presentar un plan fiscal coherente y medianamente creíble, lo que además no es solo por responder ante el FMI, sino por la misma meta de enderezar las finanzas públicas y las perspectivas económicas para el futuro.

Es por eso que el exviceministro de Hacienda Gonzalo Hernández sustenta que, con la suspensión de la línea de crédito flexible, el FMI estaría presionando al Gobierno para que responda con una hoja de ruta frente a “un preocupante déficit fiscal en 2024 (6,8 por ciento del PIB), un aumento de los niveles de endeudamiento (más del 60 por ciento del PIB) y la pérdida de credibilidad en la planeación de las finanzas públicas, resultado de la conocida sobreestimación de ingresos fiscales que ocurrió desde finales de 2023 para justificar un mayor gasto en 2024 y 2025”.

El presidente Petro pidió al ministro de Hacienda revisar el flujo de caja para hacer un único pago y saldar el crédito flexible del FMI. “Paguemos antes el crédito si podemos”, ordenó.

Pero lo crucial será lograr estabilizar los ingresos tributarios y reducir el gasto público, lo que podría demorarse, teniendo en cuenta que el Gobierno debe cumplir las promesas con las cuales fue elegido, de cara a los próximos comicios. Más aún, porque no bastará con recortes menores, pues, a mediano plazo, se necesitará moderar los gastos directos del Estado, como las transferencias a los hogares y volver la mirada hacia los derechos costeables en salud, por ejemplo. La disyuntiva está en que disminuir el gasto por esa vía requeriría asumir costos políticos, por lo que este y el próximo Gobierno tendrán que elegir entre la sensatez y el populismo.

Por el momento, el FMI seguirá monitoreando a Colombia con el fin de concluir el informe del Artículo IV, que es un requisito obligado para volver a renovar la línea de crédito flexible que tiene conflictuado al país y que inicialmente llevó al presidente Petro a tildar, incluso, de “vampiro” al organismo internacional.