Plenaria de la Cámara vuelve a discutir etiquetas de alimentos

Para este tercer intento del proyecto de ley, la Cámara de Representantes tuvo que nombrar una subcomisión con cerca de 14 legisladores de todos los partidos para definir tres de los puntos más álgidos del proyecto. Sin embargo, los puntos comunes fueron pocos, por lo que la decisión está en manos de cada votante.

La subcomisión trabajó sobre la prohibición que impone el proyecto a la publicidad de comida chatarra en franjas infantiles o familiares en la televisión, así como el uso de muñecos, figuras plásticas y similares para atraer a los menores de edad.

Otro punto en el que no se logró ningún acuerdo fue una propuesta que, según el representante a la Cámara Mauricio Toro, promovían representantes que cuentan con el apoyo de la Andi y es la posibilidad de añadir una etiqueta “positiva” en los mismos empaques que tienen advertencias.

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Por ejemplo, explicó, en un paquete de frituras pretenden añadir, junto a las advertencias de “alto en sodio”, “alto en grasas saturadas” y demás, una marca que diga “alto en calcio” o en alguna vitamina, lo que consideró peligroso.

Toro agregó que una medida de ese tipo es como “poner en una caja de cigarrillos que son nocivos para la salud, pero reducen el estrés y la ansiedad”.

El tercer punto, en el que tampoco alcanzó un acuerdo la subcomisión, fue la exclusión de un artículo del proyecto que define qué se considera un alimento ultraprocesado, ya que solo estos estarán obligados a usar las etiquetas frontales con advertencias.

Para el representante, eliminar este artículo dejaría sin poder de aplicación la ley, pues los empresarios podrían argumentar que sus alimentos no cumplen con las especificaciones, pese a que tengan altos contenidos en grasas saturadas, azúcares o sodio.

La Andi, el gremio de grandes industriales, envió una carta al Presidente de la Cámara en la que argumenta su oposición al proyecto y, entre sus argumentos, está que deben protegerse los empleos del sector y el abastecimiento de alimentos en el país.

Al respecto, el representante Toro respondió que “la Andi no quiere que absolutamente nada se reglamente para mantener sus intereses económicos, indistintamente de la afectación que esto pueda tener para la población”.

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Añadió que el gremio utiliza “muchas falacias y mentiras, y (que) su estrategia es meter miedo, amenazar con que la industria se va a acabar, que (el proyecto) es restrictivo y no es así”.

El proyecto que debate este miércoles la Plenaria de la Cámara de Representantes señala que solo los alimentos clasificados como ultraprocesados estarían obligados a utilizar las nuevas etiquetas, asunto que en todo caso tendrá que definir el Ministerio de Salud con base en el resultado de investigaciones previas con suficiente validez científica.

El objetivo es reducir la proporción de colombianos que sufren de enfermedades cardiovasculares, obesidad o diabetes, entre otras, a causa de su mala alimentación y que son comorbilidades de otras condiciones, como ocurre en este momento con la pandemia.Además, reducir estas enfermedades no transmisibles representaría ahorros para el sistema de salud, dados los costos que representa la atención de estos pacientes.

El ejemplo de México

En México, desde octubre de 2020 entró en aplicación la nueva ley de etiquetado, que se aprobó en agosto y fue destacada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Utiliza el mecanismo de hexágonos en el frente del empaque, con advertencias de “alto en sodio”, “alto en grasas saturadas” o “alto en azúcares”.

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En un mes de operación del mecanismo, una encuesta del diario local Reforma reveló que la mitad de los mexicanos tiene una mejor comprensión de los alimentos que consumen y el 19 % entiende mejor la información nutricional de los empacados.

Además, el 50 % de los encuestados por el medio de comunicación local aseguró que el nuevo etiquetado le ayuda a tomar mejores decisiones sobre su propia alimentación.

México, que está entre los países con mayor obesidad infantil en el mundo, vivió un fuerte debate por este proyecto de ley, al que también se oponían los grandes industriales y que, en algunos estados, recibió la adición de una norma para prohibir la venta de alimentos ultraprocesados y gaseosas a los menores de 13 años.