Para la Procuraduría es inconstitucional uno de los programas bandera del Gobierno Petro, en materia agrícola. ¿Por qué?

Uno de los procesos más polémicos del Gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido la declaración de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), que, como explicó en su momento el Ministerio de Agricultura, “busca proteger y salvaguardar los mejores suelos para la actividad agropecuaria y protección del derecho humano a la alimentación de manera armónica con las determinantes ambientales y permitiendo al sector de la agricultura identificar aquellas zonas donde debe desplegar su misionalidad de manera estratégica. En un mundo en crisis climática, la autosuficiencia en la producción de alimentos es vital sin perjuicio de otras actividades económicas que pueden ser armonizadas en los territorios”.

Esta estrategia se enmarca dentro de las prioridades de la actual administración en la lucha contra el hambre y buscar los mecanismos para garantizar la seguridad alimentaria.

Sin embargo, la implementación de esta medida ha generado controversia en distintos frentes, en especial en la autonomía territorial y el desarrollo de otros sectores económicos, circunstancia que se ha materializado en regiones como Antioquia o el centro del país, así como algunas zonas de la Costa Caribe.

En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación emitió un concepto, con respecto a las Appa. La Procuraduría expone una serie de argumentos por los que considera inconstitucional esta resolución.

En su pronunciamiento, el Ministerio Público establece que las Appa violan la Constitución al imponer unas restricciones en los territorios sin una ley previa. Afirma que en la implementación de esta normativa se violan derechos fundamentales como el derecho a la propiedad privada, el trabajo y la libertad económica.

En su explicación asegura que al no contar con una ley previa que habilite la implementación de estas áreas, se está violando el artículo 150 de la Constitución. Además, afirma que el Ministerio de Agricultura no tiene la potestad de crear figuras restrictivas por decreto: “Para crear una resolución como las Appa, la medida debe ser avalada por el Congreso de la República”. Hasta el momento, esto no ha sucedido, por lo que la Procuraduría considera inconstitucional que la rama Ejecutiva legisle de facto en materia ambiental sin previa discusión en el Congreso.

La Procuraduría asegura en su pronunciamiento que no se ha establecido un procedimiento legal que reglamente cómo se definirán las APPA. Además, en su concepto, no se establece una hoja de ruta específica, participativa y clara sobre cómo se van a declarar las Appa, y advierte que este panorama crea inseguridad jurídica y va en contra de unos principios constitucionales como la participación ciudadana y el debido proceso.

Además, el Ministerio Público considera que las limitaciones que entrarían en vigor con las Appa, ponen un bloqueo indirecto a las actividades económicas de las zonas y desconoce el ordenamiento territorial. Estas resoluciones han servido, por ahora, para suspender proyectos productivos y títulos mineros; pero no se ha brindado ninguna compensación ni se han respetado los derechos adquiridos a los proyectos ya establecidos, lo cual se considera una extralimitación del poder administrativo.

Por si fuera poco, considera que, contrario a la narrativa del Gobierno Nacional, las Appa debilitan el equilibro entre conservación ambiental y desarrollo sostenible. “La Procuraduría General de la Nación apoya la protección ambiental, pero exige unas garantías democráticas y jurídicas”, asegura.

En la estructuración de las Appa señala que se afecta la seguridad jurídica del país y pone un obstáculo en la transición energética y el desarrollo territorial con un enfoque sostenible.

Insiste la Procuraduría en respaldar la posición académica y de las entidades territoriales de que las Appa condicionan el uso del suelo mediante un acto administrativo.