Persiste el riesgo de apagón, por ausencia de nuevos proyectos y no pago de deudas, advierte la Contraloría General

La Contraloría General de la Nación reiteró hoy su preocupación por el riesgo de racionamientos de energía que se mantienen latentes en el país. En su advertencia hizo especial énfasis en las dificultades financieras que producen las deudas de la Nación con el sector, en especial con las distribuidoras de energía.

Según datos del Comité Intergremial de Energía y Gas, citados por la Contraloría, las deudas acumuladas por subsidios, que el Gobierno Nacional debía girar a través del Presupuesto General de la Nación (PGN), suman 2,7 billones de pesos para energía eléctrica, 3,3 billones de pesos por opción tarifaria y un billón de pesos por deuda de usuarios oficiales y en lo que compete a gas 628.000 millones para gas natural al cierre de 2024, “es decir más de $7 billones, lo que preocupa aún más si se incluyen los costos de las intervenciones a empresas realizadas recientemente”, señala el órgano de control.

Este monto, explica la Contraloría, representa anualmente el 60% de los recursos necesarios y sigue aumentando cada trimestre, situación que reduce la liquidez de las empresas, amenaza con el desmonte de subsidios y podría traducirse en un alza de tarifas que afectaría a los hogares más vulnerables. Por ejemplo, una familia que paga $30.000 por servicio de gas, sin el subsidio tendría que cancelar por el mismo servicio un valor cercano a los $58.000.

Afirmó que el retraso en el cumplimiento de las obligaciones en lo que corresponde al giro de los recursos a las empresas prestadoras de servicios públicos de energía y gas por parte de entidades públicas que no han pagado por el servicio prestado, puede generar no solo riesgos para el patrimonio del Estado, sino que además afectaría a muchas de las empresas de servicios públicos que son propiedad o tienen participación estatal.

El organismo de control advirtió sobre el riesgo de que los usuarios con menos recursos en estratos 1, 2 y 3, puedan ver incrementados los costos de las facturas sino se giran los recursos y pagos por parte del gobierno correspondientes a subsidios y opción tarifaria. Adicionalmente, sigue creciendo la deuda que tienen muchas entidades del Estado que no han pagado a los prestadores de servicio de energía y gas.

“Se ha indicado insistentemente que es necesario tomar medidas para garantizar la prestación de los servicios públicos, el acceso a los mismos por parte de la población, en especial la que tiene derecho a los subsidios. Por lo tanto, es importante no solo garantizar la generación y abastecimiento de energía y gas, sino la prestación de los servicios y la prevención de un apagón, que generaría mayores perjuicios en todos los sectores y afectaría el desarrollo económico, sobre todo en la población más vulnerable que tendría un aumento en las tarifas”, manifestó la Contraloría en un comunicado.

Por eso, la Contraloría considera que le corresponde al gobierno nacional, tomar acciones inmediatas frente al pago de subsidios, opción tarifaria y deuda con servicios públicos; y a mediano plazo, sobre problemas de abastecimiento energético, que también requieren medidas perentorias y concretas, pues la inseguridad energética impacta además a los inversionistas públicos y privados en diferentes sectores, que requieren seguridad y confianza para invertir.

En distintos estudios sectoriales y actuaciones de fiscalización realizados por la delegada de Minas y Energía, la Contraloría General de la República ha destacado graves deficiencias en los esquemas de subsidios destinados a tarifas de electricidad, gas combustible por redes y gas en cilindros (Gas Licuado de Petróleo -GLP).

Por otro lado, la Contraloría General recuerda que el artículo 14 del proyecto de Ley de Financiamiento de 2024 proponía reconocer como deuda pública las obligaciones pendientes de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 con las empresas comercializadoras, relacionadas con la opción tarifaria de la Resolución CREG 12 de 2020. Sin embargo, tras el archivo del proyecto de la Ley de Financiamiento, hoy no hay mecanismos claros para cubrir esta deuda que asciende a 3 billones de pesos.

El Contralor General convocará al ministro de Minas y Energía y al ministro de Hacienda y solicitará la presencia de la Procuraduría General de la Nación y Gremios del sector minero energético, para realizar mesas de trabajo, con el fin de contribuir a que las partes puedan solucionar los problemas indicados en beneficio de la ciudadanía y los recursos públicos.