Pesimismo en el sector minero: casi la mitad de los empresarios cree que reducirán las operaciones en el próximo lustro

El sector minero en el país no está pasando su mejor momento. Los cambios legales, los ajustes tributarios, las reformas y la percepción del Gobierno frente al sector han generado profunda incertidumbre.

Aunque hay expectativa hacia el futuro por un incremento en los precios globales de los commodities, producto en gran parte de las tensiones geopolíticas, la desaceleración global y las cargas tributarias llevarán a que los resultados de las compañías mineras al cierre del año pasado sean muy apretados.

Además, las iniciativas del Gobierno en el sector han despertado preocupación entre los mineros del país. Son tres las decisiones que el Gobierno tiene en marcha. La primera, un decreto del Ministerio de Ambiente (el 044), que establece criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental, con una temporalidad de 10 años, para que, durante ese tiempo se hagan los estudios y determinar si en esa zona sí debe haber un área de protección ambiental.

La preocupación radica en que cuando se tiene un título minero o una licencia ambiental, a juicio de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), se tiene un derecho adquirido y eso podría estar en revisión. También inquieta que haya una regulación por decreto, sin pasar por el Congreso y sin la participación efectiva de los grupos de interés. De hecho, el gremio analiza si interpondrá algún recurso de revisión ante el Consejo de Estado.

Las otras dos iniciativas son proyectos de ley: una, la creación de Ecominerales, una empresa industrial y comercial del Estado que tendrá a su cargo la administración, manejo y disposición de bienes de reversión por títulos mineros, el acompañamiento a los programas de legalización y formalización minera, la comercialización, exploración y extracción de minerales estratégicos.

Y la segunda, la nueva Ley Minera que reforma el Código de Minas y que dentro de sus más relevantes consignas está la prohibición de contratar la exploración y explotación de carbón térmico. En principio, los dos proyectos fueron uno solo con una reforma estructural de 238 artículos que, posteriormente, el Gobierno decidió dividir en dos proyectos de ley independientes. Uno de 219 artículos que corresponde a la nueva Ley Minera, que tendrá su trámite por las comisiones quintas del Congreso, y otro de 19 artículos para la creación de una empresa estatal de minería (Ecominerales) que se tramita ya en las comisiones primeras constitucionales.

En su momento, Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, aseguró que con la reforma al código de minas se advierte “un completo desdén por la iniciativa privada, por la minería legal y organizada, y un total desconocimiento de la autonomía empresarial que ha marcado la legislación minera colombiana históricamente”. Según él, se observa no solo un cambio en las reglas de juego, sino del modelo económico mismo a partir de la minería, al pasar a un estado que no solo produce, transforma, comercializa y exporta minerales, sino que también planifica, controla, limita y compite con la iniciativa privada. “Es volver al modelo Idema de los años 80 pero para la minería”, dijo Cante.

En ese mismo sentido, al conocerse las iniciativas, el presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño, explicó que la unión de estas tres iniciativas preocupa en relación con el modelo de desarrollo minero. “Es centralista, estatizador, restringe y le pone límites a la iniciativa y a la inversión privada, es decir, restringe la libertad económica”, dijo entonces.

En medio de este panorama, se conoció la décima edición de la Brújula Minera, estudio realizado por Jaime Arteaga y Asociados junto con el Centro Nacional de Consultoría, muestra que la política minera en Colombia enfrenta grandes retos, pero que también está marcada por el pesimismo. Por el lado empresarial, solo el 14% piensan que expandirán sus operaciones en los próximos 5 años, manteniendo la tendencia decreciente: el año pasado era el 16% y en 2022 fue de 51%; mientras que el 49% considera que reducirán las operaciones, un aumento de tres puntos porcentuales frente a 2023, cuando en 2022 era apenas el 12%. Para el 37% se mantendrán en el mismo nivel.

Las razones para reducir las operaciones son variadas: para el 34% es por falta de apoyo del Gobierno. Las acciones del Ejecutivo contra la industria extractiva han sido varias. Por ejemplo, una mayor carga tributaria, en la que la Corte Constitucional terminó dándole la razón al sector empresarial, en su fallo frente a la deducibilidad de las regalías. Además, cabe recordar que el presidente Gustavo Petro ha comparado al petróleo y al carbón, con negocios ilícitos como la cocaína y hasta ha hecho comentarios fuera de tono contra la operación misma de extracción de minerales e hidrocarburos, señalando que para eso “no se necesita cerebro”, pronunciamiento que le valió al jefe de Estado, el reclamo de geólogos e ingenieros de petróleos. El mensaje del Gobierno ha sido el del marchitamiento de la industria y no ha sido claro en el papel de la minería en el proceso de transición y soberanía energética. Eso se evidencia, por ejemplo, en la reforma al Código Minero en la que contempla la prohibición de contratar exploración y explotación de carbón térmico, cuando aún el mercado está activo.

La segunda razón para la perspectiva de disminución de las operaciones es la falta de estabilidad jurídica, con 21%. Las reformas y los nuevos proyectos han puesto en alerta al sector. También en el estudio de la Brújula Minera se evidencian otros factores: dificultades para obtener licencias ambientales (19%), problemas de seguridad (11%), rechazo de las comunidades a la minería en Colombia (7%), bajos precios de los minerales (4%) y mejores oportunidades en otros países (3%).

Además, de estas proyecciones en materia de operación por parte de los empresarios, por el lado de los funcionarios públicos, los encuestados son muy críticos con los avances de las políticas centrales del Gobierno en materia minera. Solo el 48% considera que en el último año se ha avanzado en la transición energética (en 2021 era el 66% y en 2022, el 54%). Es aún menor el porcentaje de funcionarios que creen que se ha avanzado en la formalización de la pequeña minería (38%) y en el combate a la minería ilegal (34%).

Al consultar a los ciudadanos, el ambiente alrededor de la minería y de su percepción sobre su impacto, aunque es mayoritariamente favorable, se ha reducido. Por ejemplo, el 62% considera que es positiva para el país, sin embargo, es menor que la que se reportó en 2023, cuando la cifra fue de 73%.

Finalmente, aunque seis de cada diez colombianos creen que la minería es positiva para el país, por segundo año consecutivo ha caído el porcentaje de ciudadanos en los municipios productores que piensan que la minería es beneficiosa para sus localidades. A pesar de que en los municipios productores de carbón térmico aumentó el porcentaje de ciudadanos que creen en los beneficios de la minería para su municipio (pasó del 79% en 2023 al 84% en 2024), se observó un descenso significativo en los municipios productores de carbón metalúrgico (del 76% en 2023 al 55% en 2022) y en los municipios productores de metales y piedras preciosas (del 77% en 2023 al 69% en 2024).

Además, cuando se consulta cuál es el sector que más contribuye al crecimiento de su región, en los municipios mineros, en total, apenas el 16% mencionó la minería en el estudio de este año. El año anterior el porcentaje fue de 26%. Cuando se va a zonas específicas, hay caídas dramáticas: en Antioquia pasó de 78% de las personas que creen que es el sector que más contribuye al crecimiento, para 2023, a 29% este año. En Cesar y La Guajira de 54% se redujo a 39% esa opinión.

Según Jaime Arteaga, director de Jaime Arteaga y Asociados, “los resultados demuestran que, aunque la opinión pública sigue confiando en las oportunidades de la minería, el pesimismo de los empresarios y los escasos avances en las políticas gubernamentales se han transmitido, especialmente a los municipios productores de carbón metalúrgico en Cundinamarca y Boyacá, y a los de metales y piedras preciosas en Antioquia y Chocó”.

De acuerdo con el estudio, explica Arteaga, a pesar del pesimismo de los directivos de las empresas mineras sobre el futuro de la industria, el 68% de los directivos afirma que las inversiones sociales de sus empresas han aumentado en el último año.