¿Raciones irracionales en el ICBF?

Un mal sabor dejó la semana pasada el informe que publicó la Contraloría General de la República (CGR) sobre la forma como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) vendría entregando algunas de las ayudas alimenticias a millones de niños de Colombia.

En un polémico comunicado de prensa divulgado el pasado 29 de noviembre, la CGR advirtió sobre el hallazgo de varias prácticas irregulares e inconsistencias en la distribución de estas raciones en varias regiones.

El organismo de control explicó que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) identificó 69 alertas en las entregas de raciones de alimentos en ejecución del Programa de Canastas Nutricionales.

Fueron realizadas por contratistas del ICBF a supuestos beneficiarios durante la pandemia de la covid-19. Los hallazgos reportados en el ICBF recordaron varios de los escándalos que sacudieron al país en los últimos años, asociados a los contratos suscritos por varios mandatarios locales para atender la alimentación de los estudiantes en colegios públicos.

En este último caso, los hallazgos de los órganos de control dieron cuenta de alimentos en mal estado, cambio en la calidad de los ingredientes para bajar costos y sobrecostos abrumadores.

Este nuevo hecho en el ICBF parece distinto, aunque no deja de generar inquietud. Por ejemplo, la CGR advierte que 28.000 raciones se habrían entregado a más de 15.000 beneficiarios con documentos de identidad que, al ser cruzados con datos de la Registraduría Nacional, se reportan como fallecidos.

Llama especial atención un caso en Chimichagua, Cesar, donde la CGR descubrió a una mujer que aseguró ser la madre de 172 niños en ese municipio.

También detectó 48 entregas de raciones en el país a 21 menores de edad que, según la Registraduría, fallecieron en fechas anteriores a ese suministro. Asimismo, el equipo de analistas identificó a un adulto como tío político de 134 menores de edad en Buenaventura, Valle del Cauca, según lo aseguró en las planillas de raciones de alimentos.

La Diari generó, además, 25 alertas de contratos con bajo índice de cumplimiento, que equivalen a 12.087 millones de pesos. En mayo, junio y julio del presente año se habrían realizado pocas entregas y, en algunos casos, ninguna. Por ejemplo, un contrato en Medellín en el que durante junio y julio el ICBF no reportó una sola ración de las 2.691 que se debían dar.

En resumen, las alertas están divididas en entregas con documentos de personas registradas como fallecidas, acudientes con múltiples beneficiarios y contratos con bajo índice de cumplimiento.

En diálogo con Dinero, la directora del Instituto, Lina María Arbeláez, explicó cada uno de los casos y se mostró algo molesta por la forma como se divulgaron los hallazgos. “Es posible que haya una mala lectura de las bases de datos. En el caso de Chimichagua, pudimos ver que hubo una mala digitación de la planilla. Se identificó el error, se corrigió, pero no es que se hayan pagado las 172 canastas de alimentos”, aseguró la funcionaria. Ella dijo que fue la propia entidad la que el pasado 19 de marzo ofició a los órganos de control del país para que le hicieran un seguimiento especial a este tipo de contratos.

En solo una semana de marzo pasado, la entidad se vio en la necesidad de transformar todo el proceso de entrega de estos beneficios, dijo Arbeláez.

Indicó que el Programa de Canastas Nutricionales requirió de un rápido proceso de aprendizaje con los contratistas. La directora, que ocupa este cargo desde marzo de 2020, explicó que no se paga un peso antes de verificar la información en la plataforma.

En lo que sí parece haber consenso entre el ICBF y la Contraloría es en el hallazgo de algunos beneficiarios que habrían muerto, según las bases de datos, y seguían recibiendo las raciones. “Tenemos 36 casos que hemos trasladado a la Fiscalía para que inicie las investigaciones correspondientes”, afirmó.

Mucho por mejorar

Bien sea por errores de digitación o mala leche de alguno de los contratistas o beneficiarios, lo cierto es que hay varios elementos para mejorar en los esquemas de contratación de este tipo de servicios de asistencia social.

Hasta hace poco, los contratos para el suministro de alimentos eran otorgados por los directores territoriales del Instituto, los cuales solo tienen en cuenta un manual de contratación que mide aspectos como la capacidad financiera y operativa de las firmas que se postulan, según la directora del ICBF.

“Ese tipo de contrataciones pueden resultar muy subjetivas, por lo que este año iniciamos procesos de adjudicación que se basan en un algoritmo, en análisis de datos y en inteligencia artificial”, precisó la funcionaria.

En el desarrollo e implementación de estas herramientas tecnológicas, el ICBF contó con la colaboración y asesoría técnica de la Unicef, el Banco Mundial y el BID. Hace unos años en Chile se llevó a cabo una prueba similar con total éxito al usar un modelo matemático para adjudicar los contratos de las raciones. No se trata de un tema menor.

Cada canasta nutricional que manda el Instituto a los hogares de niños en situación de vulnerabilidad tiene un costo de 85.000 pesos. En ese kit incluyen los alimentos necesarios para un mes. Se cancelan 120.000 pesos si la entrega es en un sitio alejado de los cascos urbanos.

El pago de estas ayudas supera el billón de pesos. En total, el ICBF destina cerca de 4,2 billones de pesos cada año para la atención de la población infantil. Allí se incluye el estipendio para las 48.000 madres comunitarias, los agentes pedagógicos y otras asistencias.

Es clara la necesidad de incorporar tecnologías de punta en los procesos de contratación de este tipo de ayudas teniendo en cuenta las dificultades para realizar un seguimiento detallado a todas las entregas.

La directora del ICBF recordó que en los últimos meses visitó 19 departamentos para verificar la correcta distribución de los alimentos y asistencias en algunos de los parajes más lejanos de la geografía nacional.

La calidad de la comida y su valor nutricional es otro asunto al que hay que prestarle mucha atención. Según Arbeláez, este tipo de controles se están realizando en el ICBF, pues obligan al proveedor a suministrar registros y pruebas de cada canasta nutricional entregada.

Pero para cumplir con esto es necesario incrementar los controles y mejorar la tecnología en los sistemas de contratación.

El apetito de algunos contratistas inescrupulosos no parece tener límite, al mismo tiempo que el hambre crece producto del desempleo y la recesión. Bien lo dijo la directora del ICBF a Dinero: “Con los recursos de la niñez no se pueden meter”.

No más hambre

El Programa de Canastas Nutricionales alivia el hambre de millones de niños en situación de vulnerabilidad.

• $85.000 es el valor de cada canasta nutricional entregada por el Icbf.
• 1,7 millones de niños en situación vulnerable reciben este tipo de ayudas.
• $4,2 billones destina el ICBF para alimentos, profesores, pago de servicios y remuneración de 48.000 madres comunitarias.