Reforma Pensional: la redistribución de los subsidios de las pensiones para suplir a los de menores ingresos

La reforma pensional en Colombia se encuentra en el centro de atención, y la discusión sobre su futuro se intensifica a medida que se acerca el segundo debate en el Congreso. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha fijado un plazo importante para presentar la ponencia de esta reforma durante esta semana. Mientras tanto, diversas voces se alzan para proponer cambios significativos en el sistema de pensiones con el objetivo de hacerlo más sostenible y equitativo.

Uno de los principales puntos de debate en la reforma pensional es la redistribución de los subsidios. El Gobierno ha enfocado sus esfuerzos en mantener los pilares contributivos y la gestión de recursos, pero desde el centro de pensamiento de Anif se ha planteado un cambio fundamental: eliminar los subsidios a las pensiones altas y destinar parte de esos recursos a las poblaciones de menores ingresos. Esta propuesta surge debido a las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones en caso de que la reforma avance como está planeado por el Gobierno.

El informe de Anif sugiere una reestructuración de la tasa de reemplazo, que actualmente es plana en un 64%. Con esta propuesta, dicha tasa disminuiría a medida que aumentan los ingresos, dejando de subsidiar a los segmentos de mayores ingresos de la población. Además, se plantea un cambio en el cálculo del Ingreso Base de Liquidación, pasando de considerar los últimos 10 años a tomar en cuenta toda la vida laboral. Este cambio podría resultar en un aumento significativo de la cotización efectiva mensual a pensiones y, “en el caso del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), significaría un aumento del 8.7% en la mesada pensional”, dice el informe.

Anif también aboga por reducir el umbral del pilar contributivo de 3 a 1 salario mínimo legal vigente (SMLV). Este cambio reduciría el impacto en el pasivo pensional en un 67% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, no generaría un desincentivo significativo al ahorro y protegería el mercado de capitales y la deuda pública.

En cuanto al número de semanas cotizadas, Anif considera importante mantener el número de semanas para las mujeres, según lo establecido en el proyecto de ley original. Esto evitaría un alto costo fiscal y beneficiaría principalmente a las mujeres de mayores ingresos. Además, se destaca la importancia de no reducir el número de semanas en el régimen de transición, ya que esto ampliaría el grupo de personas elegibles para este régimen, nuevamente beneficiando en su mayoría a personas de ingresos altos.

Un aspecto crítico señalado por los expertos es la financiación del sistema de pensiones. Se estima que el próximo año se destinarán alrededor de $100 billones para el pago de pensiones, beneficiando solo a una fracción limitada de la población, aproximadamente 2.4 millones de personas. Esto plantea un desafío significativo en términos de sostenibilidad fiscal. Los expertos comparan esta asignación de recursos con el gasto en atención médica de los colombianos en 1994, que representaba alrededor del 1% del PIB, en contraste con las previsiones para el 2024, que ascienden al 4.3% del PIB. La asignación actual se considera excesiva y se argumenta que podría destinarse a la atención de salud de la población en su lugar.

El impacto del pilar contributivo en la sostenibilidad fiscal se agrava cuando se contempla el umbral de 3 SMLV. Este umbral se considera alto y llevaría a un traslado masivo de personas hacia el Régimen de Prima Media (Colpensiones), lo que generaría una carga insostenible en términos fiscales. Esto afectaría a las generaciones futuras, que tendrían que asumir esta carga a través de impuestos.

El traslado de las cotizaciones del RAIS a Colpensiones tendría un impacto significativo en el ahorro nacional. Se estima que el 90.1% del flujo de ahorro de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se trasladaría, reduciendo el ahorro bruto nacional entre un 0.6% y un 1.0% del PIB, como lo sostiene Anif. Este cambio también afectaría la tenencia de deuda soberana, lo que podría poner en riesgo la economía y la sostenibilidad de las finanzas públicas.