Salario mínimo: las cuentas que tendrán que hacer las empresas con un incremento desbordado y el ajuste de la jornada laboral. Habría consecuencias

Entra en la recta final la definición del incremento del salario mínimo para 2026. Sin embargo, como dice la ranchera, la distancia entre empresarios y sindicatos “es cada día más grande”.

Mientras el sector privado ha puesto sobre la mesa un incremento de 7,1 %, reconociendo la inflación, la productividad y unos puntos básicos adicionales, los trabajadores llevaron una propuesta de 16 %.

Aunque el Gobierno es el mediador en este proceso y, si no hay acuerdo, anunciaría el incremento por decreto, desde distintas carteras, como Interior, Trabajo y Hacienda han reiterado, al igual que el mismo presidente Gustavo Petro, que el incremento estará muy por encima de la suma de los datos básicos que son la inflación y la productividad. De hecho, en el consenso de analistas, se estima que ese incremento será de 12 %.

Sin embargo, desde distintos frentes se ha advertido el riesgo de un incremento desbordado del salario mínimo, que tendría un fuerte impacto en la inflación del año entrante por la indexación en los precios que haría que en 2026 Colombia no llegue al rango meta del Banco de la República, de entre 2 % y 4 %, siendo así el sexto año en que incumpliría esa meta.

Pero, además, la discusión del incremento salarial del mínimo llega en un año en el que se suman los ajustes que trajo la reforma laboral y la disminución de la jornada. Como explicó hace unas semanas César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, son medidas que parten de buenas intenciones, pero que en conjunto pueden generar efectos adversos. “Mejorar salarios y condiciones laborales suena positivo, pero estas decisiones elevan el costo de contratar formalmente y cierran aún más la puerta a unos 12 millones de trabajadores informales. Al encarecer la formalidad, se los empuja a la incertidumbre diaria y a sistemas de salud y pensiones más precarios. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones”.

Anif ha venido haciendo seguimiento en particular a la reducción de la jornada laboral, que se implementa con la Ley 2101 de 2021, que disminuye gradualmente la jornada semanal de 48 a 42 horas entre 2023 y 2026. En un reciente documento, este centro de pensamiento advierte que, al disminuir las horas trabajadas semanalmente, el valor por hora aumenta incluso si el salario mínimo permanece inalterado.

“Lo anterior se traduce en un incremento de los costos laborales: la hora se encarece sin que necesariamente medie un aumento de productividad, lo que obliga a las empresas a reorganizar turnos, aumentar horas extra o contratar más personal. Así, aun con ajustes moderados del mínimo, el costo laboral por hora para las empresas seguirá subiendo, afectando especialmente a los sectores intensivos en mano de obra y con menor margen para absorber incrementos. Por tal razón, la concertación del incremento para el próximo año gana relevancia”, asegura Anif.

Para este centro de pensamiento, el mercado laboral colombiano ya presenta altos niveles de informalidad y baja productividad. Por eso, en este contexto, afirma que incrementos del mínimo por encima de los fundamentos económicos, “elevan el umbral de entrada a la formalidad. Eso dificulta que micro y pequeñas empresas, o trabajadores de baja calificación, puedan cumplir con los requisitos asociados a un empleo formal. Los mayores costos por hora trabajada amplifican este riesgo”.

Anif explica que grandes aumentos reales del salario mínimo pueden generar presiones inflacionarias adicionales, especialmente en bienes y servicios indexados, donde la mano de obra representa una parte sustancial de los costos. “Nuestros cálculos muestran que rubros como educación, salud, transporte, cuidado personal y servicios domésticos tienden a acelerar sus precios cuando los incrementos salariales superan la inflación”.

Esta institución comparó la variación del salario mínimo con la variación anual en los precios de 21 rubros indexados de la canasta de consumo en categorías como transporte, salud y cuidado personal, educación, vivienda, apoyo en actividades domésticas y servicios o trámites al público, donde los precios son particularmente regulados y tienen mayor grado de indexación.

“Como resultado, existe una tendencia positiva entre la variación porcentual del salario mínimo y la inflación anual de estos rubros, indicando que incrementos salariales superiores a la inflación aceleran los precios. Los precios en la categoría de educación, salud y cuidado personal, servicios domésticos y trámites al público son los más sensibles a aumentos del salario mínimo, dado que muchos servicios en estos sectores tienen estructuras de costos donde la mano de obra representa un componente significativo. Por ejemplo, pensiones de colegios privados, guarderías, citas médicas particulares, cuotas moderadoras de EPS, servicios de peluquería y personal de apoyo doméstico están directa o indirectamente vinculados al salario mínimo”.

Asimismo, los precios del transporte son sensibles, especialmente los tiquetes de pasajeros urbanos, y aquellos relacionados con la copropiedad como el valor de la administración en conjuntos residenciales. Incluso los precios topes de la vivienda VIS y VIP están atados a salarios mínimos legales, lo cual genera barreras adicionales para el acceso a vivienda nueva por parte de los hogares.

Por ello, concluye Anif, la política salarial debe equilibrarse con la realidad productiva y económica del país. “Los incrementos excesivos del salario mínimo, si bien persiguen un objeto loable, pueden terminar afectando justamente aquello que se busca mejorar: la formalización y la capacidad de generar empleo estable. Eso, sin mencionar los posibles efectos en el nivel de precios, en un momento donde la meta de inflación sigue desanclada y el mercado prevé un endurecimiento de la política monetaria por parte del emisor para el próximo año”, puntualiza.