Se profundiza el hueco fiscal: con corte a mayo, el déficit es mayor al que estima el Gobierno

Una de las mayores preocupaciones económicas en el país se centra en la situación fiscal. Varias semanas atrás, el Ministerio de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que trajo varias sorpresas: la primera, la activación de la cláusula de escape durante los próximos tres años, que le permita al Gobierno un mayor margen de endeudamiento y no cumplir la regla fiscal. La segunda, elevar la deuda como porcentaje del PIB a 63%, el año entrante, el más alto en la historia reciente, y la tercera, aumentar el déficit fiscal proyectado para este año de 5,1% a 7,1%.

Además, el Gobierno tramitará una reforma tributaria que busca recaudar 19 billones de pesos y que será presentada al Congreso en la legislatura que acaba de empezar, mientras que, con el anticipo de la retención en la fuente, el Gobierno aspira a recaudar cerca de 7 billones de pesos.

Tras conocerse esta medida, Standard & Poor’s y Moody’s rebajaron la calificación crediticia del país, y se está a la expectativa de la decisión del FMI, ante la posibilidad de que Colombia pierda el crédito flexible que le había sido asignado.

Aunque el Gobierno ha estado monitoreando el tema fiscal y se esperan algunos ajustes, así como los alcances de la reforma tributaria —que podría llegar como una ley de financiamiento acompañando el proyecto de Presupuesto General de la Nación—, las cuentas siguen muy descuadradas, e incluso se ha profundizado el hueco.

Según el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, el déficit fiscal acumulado 12 meses a mayo se ubicó en 7,5% del PIB, por encima de la meta trazada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 7,1% del PIB. “Para cumplirla, la Nación tendría que hacer esfuerzos en contener el gasto o en aumentar los ingresos, algo de difícil factibilidad”, advirtió el área.

Este dato se da casi en simultánea con el recaudo tributario del primer semestre del año, que fue de 149,1 billones de pesos. Esto iría en línea con los cálculos del Gobierno que ajustaron el recaudo, que inicialmente estaba en 299 billones para este año, a 280 billones.

Tras conocerse la decisión del Gobierno de activar la cláusula de escape a la regla fiscal, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) explicó que el Ministerio de Hacienda justificó esa propuesta argumentando la limitada capacidad de generar ingresos suficientes en el corto plazo y de la inflexibilidad del gasto, se requiere más tiempo para hacer los ajustes necesarios para cumplir con las metas paramétricas de la regla fiscal.

En ese contexto, según el Ministerio, la alternativa operativamente más viable para asegurar financieramente el funcionamiento básico del Estado en el corto plazo era la activación de la cláusula de escape y que de no hacerse podría producirse una parálisis del Estado. Agregó que con la cláusula de escape se abre el espacio para concertar con el Congreso de la República las medidas de consolidación fiscal que permiten encauzar las finanzas públicas hacia una senda de sostenibilidad, como lo exige la Constitución.

Sin embargo, el Carf en su momento aclaró que, en sentido estricto, la cláusula de escape no está contemplada para este tipo de situaciones. De acuerdo con el marco normativo, la cláusula de escape puede invocarse en presencia de eventos extraordinarios o que comprometan la estabilidad macroeconómica, pero no se encontró en la solicitud del Ministerio de Hacienda una explicación suficiente, tanto, que el mismo ministerio reconoció que no existe un evento sobreviniente en la actualidad.

Astrid Martínez, presidenta del Carf, explicó en su momento que para volver a la senda fiscal es necesario adelantar un ajuste por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos durante un periodo mayor a un año. “La activación de la cláusula de escape establece un periodo en el cual se retorna: máximo tres vigencias. Y dice también que el Carf vigilará y hará advertencias para que se cumpla esa senda”.

Y agregó: "En la medida en que se empiece más temprano, el tamaño del ajuste en el mediano plazo será menor. Si uno lo va dejando para más adelante, cada vez va siendo más el peso de la deuda y los intereses, y se aumentará la percepción de riesgo. Se tiene que empezar ya".

En este segundo semestre, el Gobierno tendrá que ajustar sus cuentas para presentar un Presupuesto General de la Nación, y alistar la nueva reforma tributaria.

Pero la propuesta de presupuesto no arrancó bien. El presidente Gustavo Petro no quedó contento con la iniciativa, luego de ser presentada ante el gabinete, y pidió rehacerla. Señaló que no está dispuesto a firmar el proyecto de ley si contempla recortes en el gasto social. La propuesta inicial plantea una cifra superior a los 551 billones, pero el mandatario afirmó que hay recursos que irían para infraestructura, beneficiando al “gran capital” y otros con subsidios que favorecen a las empresas de energía.

Mientras tanto, el camino de la reforma tributaria en el Congreso no será fácil. Jairo Castellanos, presidente de la Comisión Tercera de Senado, advirtió, al posicionarse, que el país no aguanta más cargas impositivas.

Y en ese sentido afirmó: “Se le dará el debate a la reforma tributaria, la estudiaremos y le daremos cristiana sepultura”.