El de los pañales, el tercer cartel en el que aparece Kimberly

Los carteles de precios que quedaron en evidencia tras las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) llenaron de indignación a los consumidores colombianos que vieron cómo, por conveniencia empresarial, les escamotearon varios miles pesos en los precios de artículos de primera necesidad que adquieren.

Pero quizás uno de los sectores donde más se llevó a cabo esta perversa práctica es el papelero. Prácticamente, se han definido las responsabilidades en los denominados carteles de los cuadernos y del papel higiénico, dos sensibles productos para las familias colombianas. Este lunes, se conocieron los presuntos responsables en el caso de otro más: el de los pañales.

Según el informe motivado del superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez, en este caso se recomienda “declarar administrativamente responsable y sancionar a Colombiana Kimberly Colpapel S. A., Productos Familia S. A. y a Tecnoquímicas S. A.”, así como a 16 personas naturales. El documento señala que fueron participantes principales y permanentes del acuerdo, desde el 2001 y al menos hasta diciembre del 2011.

Las multas para las empresas implicadas pueden ascender hasta 68.945 millones de pesos (es decir, 100.000 salarios mínimos). Las personas naturales presuntamente responsables podrían tener que pagar hasta 1.378 millones de pesos (equivalentes a 2.000 salarios mínimos). Todo queda en las manos del superintendente Pablo Felipe Robledo.

Tanto en esta como las otras dos tramas hay un común denominador: la multinacional Kimberly, que en Colombia cuenta con cuatro plantas de producción y comercializa marcas reconocidas como Huggies, Scott, Kotex, Plenitud, Poise y Kleenex, entre otras, según su sitio web.

Se trata de una empresa de consumo masivo que produce y comercializa productos para el cuidado y la higiene personal y familiar. "Ofrecemos productos que han mejorado de manera significativa la calidad de vida de las personas como son: pañales para niños y adultos, papel higiénico, toallas femeninas, toallitas húmedas, pañuelos faciales, servilletas, entre otros”, dice su sitio web.

La filial colombiana forma parte de Kimberly-Clark Corporation, empresa multinacional con 140 años de vida, presente en más de 175 países. En el país, Colombiana Kimberly Colpapel registró ventas en el 2014 por 857.995 millones de pesos y una pérdida neta por 543.780 millones de pesos, mientras que Kimberly-Clark Antioquia obtuvo ventas por 99.569 millones de pesos y una utilidad neta por 10.381 millones de pesos.

Eximidos y responsables

Al parecer, Kimberly es la empresa que saldrá indemne de estos tres lamentables episodios de la historia de la industria nacional, puesto que fue la que delató en primera instancia a las firmas cómplices dentro de los tres carteles que buscaban en la práctica fijar precios mínimos y evitar la competencia, en desmedro de los consumidores.

“En el marco del Programa de Beneficios por Colaboración, la Delegatura determinó que Kimberly aportó información y pruebas útiles para establecer la existencia del acuerdo de precios y sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la identidad de los participantes y su grado de responsabilidad”, señala el documento conocido por Semana.com, lo que significaría que la empresa sería eximida de la sanción en el caso de los pañales.

Otra sería la suerte de Familia (Pequeñín), que “si bien aportó documentos que corroboraron los aspectos acreditados con las pruebas aportadas por Kimberly”, su colaboración “no fue plena” puesto que sus afirmaciones habrían resultado “desmentidas con el material probatorio recaudado durante la investigación”, dijo el superintendente delegado.

Ello implicaría que si bien la empresa podía obtener un descuento del 50 % en su multa, podría perder el beneficio por haber negado varios hechos que luego fueron probados por el organismo de control.

Lo cierto es que pese a la cantidad de implicados en los diferentes carteles, solamente en el caso de Familia se ha sabido que haya apartado de sus cargos a los directivos responsables y que haya reconocido y pedido perdón públicamente sus actos.

La gran perjudicada sería Tecnoquímicas (Winny), firma sobre la que recaería la totalidad de la sanción y que no habría reconocido su pertenencia a dicho entramado. Según la Delegatura de la SIC, la empresa afirmó en su defensa que no había tenido participación en el acuerdo de precios en la medida en que se había limitado a actuar como operador logístico en beneficio de Tecnosur S. A. S., una de sus filiales.

Sin embargo, la Delegatura pudo comprobar que Tecnoquímicas “fue un participante activo, permanente y protagónico del cartel empresarial investigado” y que, de hecho, se encargaba del desarrollo de las labores de seguimiento del acuerdo y de la formulación de reclamaciones para controlar su cumplimiento por parte de las demás cartelistas.

La actuación administrativa sería archivada o se declararía la absolución en favor de en beneficio de Drypers Andina S. A. y de Tecnosur, pese a que la primera firma sí participó del cartel entre el 2005 y el 2006, pero no había sido adquirida por el grupo chileno CMPC.

Nombran a la ANDI

Otra confesión de gran calado vendría por parte de Familia. Quien fue su gerente general de 1980 hasta el 2007, Luis Carlos Uribe Jaramillo, expresó que en el marco de la Asociación de Industriales de Colombia (ANDI) se reunían para presuntamente concretar las negociaciones entre las empresas.

“La ANDI era, digamos, el ambiente donde nos juntábamos los industriales en los diferentes temas. En este caso existían, o existen todavía, las Cámaras de industria. En el caso nuestro era la Cámara de pulpa, papel y cartón. (...) Entonces ahí teníamos un punto de contacto para hablar temáticas, digamos, específicas del negocio”, declaró Uribe.

Fuentes de la SIC consultadas por Semana.com, señalaron que tendría poca presentación que, precisamente, la instancia del gremio de los industriales presuntamente hubiera sido usada para que sus afiliados llegaran a esos supuestos acuerdos anticompetencia. Este portal buscó una declaración por parte de la ANDI, pero señalaron que más adelante se pronunciarían.

No sólo precios

Entre las declaraciones que entregó el exgerente de Familia Luis Carlos Uribe se indicó que en las reuniones que se dieron en el marco de las reuniones que sostuvieron en la ANDI, “ocasionalmente, se tocaban temas no tanto de precios, sino de descuentos exagerados, pero a la hora de la verdad es casi lo mismo”.

Añadió que “si me dicen que si alguna vez, si conoce si hablamos de precios o descuentos (…) que si hablamos de eso, la respuesta es sí, sí hablamos”. No se trataba de controlar los precios directamente. El asunto consistía en fijar las políticas de descuentos, sobre todo a las grandes superficies, con lo que, indirectamente, se manipulaba el valor que pagaba el consumidor final.

María Ximena Galvis, gerente de Mercadeo de Baby and Child Care de Kimberly entre el 2006 y el 2009, declaró al organismo que el mecanismo era “disminuir los descuentos (…) la intención era bajar el nivel de descuentos que nos pedían las cadenas de supermercados que nos tenían ahogados. (…) Era más en bajar el nivel de descuentos más que tocar el precio”.

Uno de los correos enviados por Galvis a Felipe José Alvira, entonces gerente general de Kimberly, da cuenta de los esfuerzos por tratar de encubrir la operación. Allí ella señala a su jefe: “Mira los mails que envía TS… (Tecnoquímicas) yo no escribo nada por mail corporativo, ni hablo por teléfono de CKC (Kimberly), todo lo hago por celular personal, y les digo a ellos que no me escriban, que yo no puedo leer mails de determinadas direcciones, que no me copien,,, dicen que OK… y mira. Cómo estos mensos pueden vender más que nosotros??? (sic)”.

Incluso, la SIC consideró probado que el acuerdo de precios hizo parte de la cultura organizacional de las compañías que participaron en esa práctica, al punto de que las empresas tenían “instrumentos institucionalizados” para el acuerdo de precios, como visitas a campo conjuntas, formatos de control de cumplimiento e incluso mecanismos para reportar a los demás cartelistas si se cumplían o no los compromisos.

Una vez más la SIC ha dejado al descubierto la manera como, en perjuicio del consumidor, algunos han decidido torcerles el cuello a las condiciones de libre competencia. Queda pendiente, entonces, conocer cuáles serán las sanciones para los responsables, que no sólo deberían pedir perdón a la sociedad, sino también hacer el firme compromiso de no repetir estas condenables prácticas que desdibujan el arduo trabajo de otros miles de empresarios en el país.