Siguen las advertencias por la incorporación de Colombia a la Ruta de la Seda: no solo habría un menor crecimiento, también pérdida de soberanía

Pocos días después de que el presidente Gustavo Petro anunciara la incorporación de Colombia a la Ruta de la Seda y estrechara, de esta manera, los vínculos comerciales y económicos con la China, los ecos de las implicaciones que trae esta decisión se siguen escuchando.

De hecho, este lunes se conoció que el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde presentó una acción popular ante la Corte Constitucional contra esa iniciativa. Para Lizarralde, el convenio con China “no puede surtir efectos en el ordenamiento interno colombiano hasta tanto cumpla con el trámite constitucional previsto para la ratificación e incorporación de los tratados internacionales”, dice la demanda.

Dentro de las advertencias recientes sobre esta determinación del Gobierno, están las de dos centros de pensamiento: Anif y el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP).

La iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda (BRI, por su sigla en inglés) es un ambicioso plan para conectar Asia con África, Europa y América Latina y el Caribe mediante infraestructura, comercio e integración financiera.

Según Anif, ha sido adoptada por más de 140 países a nivel global. China mantiene relaciones diplomáticas con 26 de los 33 países soberanos de América Latina y el Caribe y ha firmado memorandos de entendimiento o documentos de intención con 22 de ellos en el marco de la BRI, sin incluir a Colombia. Sin embargo, Brasil, México y Panamá se han resistido a adherirse formalmente. En el caso de Panamá, aunque inicialmente se sumó a la iniciativa en 2017, decidió retirarse en febrero de este año.

La iniciativa se compone de dos grandes ejes: la Franja Económica de la Ruta de la Seda, que abarca corredores terrestres de infraestructura como ferrocarriles, carreteras y oleoductos, y la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI, centrada en mejorar puertos y rutas marítimas de alto valor. A través de esta iniciativa, China ha financiado y ejecutado diversos proyectos de infraestructura, buscando facilitar el comercio internacional, promover la cooperación regional y ampliar su influencia geopolítica.

Además de los beneficios en infraestructura, permite a China exportar su exceso de producción, promover el uso de su moneda y establecer vínculos diplomáticos más estrechos con economías emergentes. “Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas por la falta de transparencia en los contratos y, en algunos casos, escándalos de corrupción en la ejecución de proyectos, además de un eventual riesgo de sobreendeudamiento en los países receptores y las implicaciones geopolíticas que conlleva el creciente liderazgo del gigante asiático. A pesar de ello, la iniciativa se ha convertido en una de las apuestas de desarrollo global más ambiciosas de las últimas décadas”, explica Anif en un documento.

Entre los posibles beneficios que destaca este centro de pensamiento, se encuentra el direccionamiento de inversión extranjera directa para proyectos de infraestructura, lo que se traduciría en mejoras en la conectividad del país en términos de carreteras, puertos, ferrocarriles y sistemas energéticos.

Además, resalta el acceso a nuevas fuentes de financiamiento ofrecidas por el gigante asiático que podría representar una oportunidad para impulsar proyectos de largo plazo que presentan limitaciones en la obtención de los recursos necesarios para su financiamiento. No obstante, la participación en la iniciativa también plantea desafíos que deben ser evaluados con cautela.

En 2024, Colombia exportó a China 2.377 millones de dólares, frente a los 15.936 millones de dólares que se importaron de ese país, generando una balanza comercial deficitaria de más de 13.500 millones de dólares. “Aunque el Gobierno Petro espera que la brecha se reduzca, esta podría profundizarse si se empieza a sustituir producción nacional dada la facilidad que ahora tendrían los bienes chinos para ingresar y sus bajos precios. Esto podría derivar en que las ventas colombianas hacia el exterior se concentren aún más en materias primas y bienes de bajo valor agregado. Asimismo, hay preocupaciones por una posible dependencia en materia económica, dado que varios países miembros de la BRI han enfrentado altos niveles de endeudamiento”, dice Anif.

Y agrega: “No puede ignorarse el componente geopolítico, pues un mayor acercamiento a China podría tensar la relación con Estados Unidos, principal socio comercial y aliado político de Colombia. Esto ya lo demostró el pronunciamiento de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, que manifestó su oposición a que instituciones financieras internacionales realicen desembolsos para empresas con participación del gobierno chino en proyectos desarrollados en Colombia. Esto, por ejemplo, podría poner en riesgo la financiación de iniciativas tan importantes como la segunda línea del metro de Bogotá”.

En su análisis señala que a pesar de que varios países de América Latina participan de la iniciativa, no es la principal región de destino de proyectos. Del total de inversiones acumuladas desde el inicio de la iniciativa en 2013 (más de 450.000 millones de dólares), sólo el 2,5 % ha tenido como destino a los países de América Latina y el Caribe. En el caso de los contratos de construcción del BRI la participación de la región es incluso menor y sólo alcanza el 1,67 %.

En un ejercicio econométrico que hizo Anif, los países de América Latina crecen 0,86 puntos porcentuales menos después de su adhesión a la Ruta de la Seda. “Este resultado puede resultar contraintuitivo, ya que dicho programa busca hacer inversiones en infraestructura. No obstante, puede ser quizás explicado por un aumento en el endeudamiento de los países que hacen parte de dicho programa, así como por la falta de transparencia de los programas de inversión”, señala.

Hora de suspender la decisión

Por su parte, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga considera “urgente suspender” cualquier decisión sobre este acuerdo hasta que sea sometido a veeduría ciudadana y participación institucional, y se definan mecanismos claros de seguimiento sobre inversiones, préstamos y proyectos de infraestructura estratégica, como han hecho países como Australia o Reino Unido.

“Es imprescindible publicar el acuerdo completo, activar los mecanismos de deliberación legislativa y garantizar que toda cooperación internacional responda a los principios democráticos, con transparencia y supervisión. La Ruta de la Seda puede parecer una vía de cooperación, pero sin reglas claras, es un camino hacia la pérdida de soberanía e independencia”, anticipa el ICP.

Para el instituto, esta iniciativa es un instrumento geopolítico del Partido Comunista Chino (PCCh) para expandir su influencia estratégica, económica y política, en detrimento de la soberanía nacional, la autonomía y la estabilidad institucional del país.

“Lo que está en juego —dice— no es solo el comercio o la diplomacia, sino la capacidad del Estado colombiano de decidir con independencia y en función del interés nacional sobre sectores estratégicos como infraestructura, tecnología, ciberseguridad y política exterior”.

Una de las preocupaciones del ICP es que se naturalice el avance en proyectos estratégicos con un actor autoritario, sin control institucional ni deliberación pública. “Incluso compromisos declarativos pueden abrir la puerta a alineamientos estratégicos, acceso a sectores sensibles y proyección de influencia extranjera”, añade.

Dijo que la “supuesta” flexibilidad del instrumento no es una garantía. De acuerdo con el instituto, es una zona gris que, sin vigilancia democrática y sin acceso público a su contenido, impide que la sociedad civil y los poderes públicos ejerzan control, evalúen implicaciones o formulen objeciones frente a disposiciones que pueden ser perjudiciales para el país.

Y resaltó los casos de varios países y los impactos que ha tenido la incorporación en esta iniciativa. Por ejemplo, el ICP dijo que Ecuador cayó en trampa de deuda al acumular el mayor endeudamiento de su historia con un solo acreedor, bajo contratos poco transparentes y fórmulas de pago perjudiciales. Perú entregó el control de un puerto por tres décadas, por cláusulas abusivas y presión diplomática que obligó al Congreso a modificar su legislación. Italia, tras ser el único país del G7 en adherirse, optó por retirarse por el alto costo institucional. “Estos no son hechos aislados, son parte de una práctica sistemática que constituye una advertencia”, concluyó el ICP.